Ya no hay más cartas por jugar en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Con la palabra de los defensores del exministro de Salud provincial Diego Cardozo, se cerró la ronda de alegatos. Esta se concretó al final de la secuencia de 99 testigos, más las declaraciones de las madres y otros familiares de los bebés y de la mayoría de los 11 acusados, con la enfermera Brenda Agüero con el peor de los cargos.
El juicio, histórico en más de un sentido, empezó en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación el 6 de enero de este año, con casi 40 grados de temperatura, y tiene previsto terminar con un veredicto el 18 de junio, a tres días del inicio formal del invierno.
El cierre que hicieron Germán Matheu y Maximiliano García, abogados de Cardozo, retomó la defensa de los exfuncionarios, exdirectivos y exintegrantes de equipos de Salud del hospital Materno Neonatal, que a esta altura actúa en bloque contra las acusaciones de encubrimiento y otros delitos.
Los ejes repetidos en las defensas funcionales fueron que no hubo sospechas de criminalidad antes del 6 y el 7 de junio de 2022; que ese día se hicieron denuncias a la Justicia; que la serie de eventos que inician en marzo se construyó después de esa fecha; que es la propia investigación administrativa la que establece la secuencia y señala a la presunta autora de los homicidios e intentos de homicidios, y que todo eso se compartió con el fiscal Raúl Garzón.
Se planteó, además, que no se pueden pretender comportamientos diferentes sin entender qué se sabía en el momento en que ocurrían las cosas; hacerlo de otro modo es incurrir en un razonamiento “con el diario del lunes”. Y todos los abogados hicieron hincapié en la doble vara con la que se juzgaba la presunta inconducta de los “médicos” en comparación con lo que hizo la fiscalía, que tomó la primera intervención en los dos casos del 6 y del 7 de junio, a pesar de que había recibido los resultados de las autopsias pocos días después de estos sucesos.
La acusación, encabezada por los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, pidió penas de ejecución en suspenso para Cardozo y para el resto de la línea ministerial, y de cuatro años para Asís y para otras dos médicas. Los querellantes subieron la apuesta hasta seis años y prisión efectiva contra el exministro de Salud, algo que terminó acompañando Ruiz Moreno. Si son culpables, ¿los delitos que se les endilgan merecen cárcel efectiva? Este fue otro gran tema de controversia entre unas partes y otras.
Contra Brenda Agüero, la fiscalía mantuvo la acusación por los 13 casos, algo que fue rebatido por los defensores de la enfermera, Gustavo Nievas y Juan Manuel Rivero, quienes se apoyaron en uno de los momentos más importantes del juicio para tratar de destruir la serie: la presentación del informe de la pericia inter y multidisciplinaria, que estableció certezas homicidas para cinco casos y falta de información o posibilidad de explicación por otros motivos para los otros ocho eventos.
La acusación contra Agüero se sostuvo en una serie de indicios, que la fiscalía valoró consistentes, congruentes y complementarios. Para los defensores de Agüero, directamente no hay pruebas.
Los ocho integrantes del jurado popular y Laura Huberman y José Daniel Cesano, los dos vocales técnicos de la Cámara Séptima del Crimen –que preside Patricia Soria– votarán por inocencias o por culpabilidades extenuados. Llegan a este momento de tener que dirimir con narrativas casi sin puntos en común, que esgrimen verdades completamente contrapuestas, y si coinciden en un hecho, sus lecturas e interpretaciones sobre su significado van invariablemente en la dirección contraria.
Antes, mucho antes, de conocerse sus resultados, se puede decir que ha sido un juicio justo, en el sentido de que todos los actores tuvieron oportunidad de jugar sus cartas. Si no convencieron de culpabilidades o de inocencias, no es porque no les hayan dejado ponerlas sobre la mesa.
