Las presuntas responsabilidades institucionales de los 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial y exdirectivos del hospital Materno Neonatal se pusieron bajo la lupa este miércoles en la Cámara Séptima del Crimen de la ciudad de Córdoba.
El oficial Néstor Andrés Biscotti brindó detalles de un informe que coordinó bajo el pedido del fiscal de instrucción, Raúl Garzón.
El informe analizó los más de 40 cuerpos de la causa, el material probatorio anexo (historias clínicas, investigación administrativa y los legajos de los imputados) en orden cronológico.
Ese detalle –que cruza datos tanto de las declaraciones de indagatoria como las testimoniales– se centra en los actos institucionales, responsabilidades, comunicaciones y reuniones entre los exfuncionarios y directivos del centro de salud.
Se enfoca en ocho fechas clave en las que se sucedieron los 13 hechos bajo investigación, comenzando por el 18 de marzo de 2022.
Conforme el tiempo pasaba, los acontecimientos habrían tomado otro curso, “si se hubieran tomado otras medidas”, detalló Biscotti.
El comisionado recordó que, según un acuerdo reglamentario firmado en 2012 entre el Tribunal Superior de Justicia y los ministerios de Salud y Seguridad de Córdoba, “ante una muerte que no puede ser esclarecida, en menores de 5 años, si existen distintos parámetros, se puede judicializar”.
Tardó más de media hora el comienzo de su alocución. Los abogados defensores de algunos funcionarios imputados consultaron en varias ocasiones sobre la idoneidad del comisionado. Biscotti respondió que se especializa en estafas y extorsiones. Detalló que participó como comisionado en la causa de narcoescándalo que involucró a Juan Viarnes y en los saqueos y el acuartelamiento de policías en diciembre de 2013, entre otros.
El abogado defensor del exsecretario de Salud Pablo Carvajal, Justiniano Martínez, pidió que se aclare a los jurados populares que estas eran “opiniones que provenían de la fiscalía, de la acusación” y que no eran “las conclusiones efectivas que se deben tomar como reales”.
La jueza Patricia Soria intervino en reiteradas ocasiones y la abogada querellante Daniela Morales Leanza denunció a los defensores por cometer “una maniobra maliciosa para dilatar la audiencia”. Después de eso, Biscotti comenzó a trazar una línea de tiempo que no pudo terminar, ya que cerca de las 14 se pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes.
Abril
Según el comisionado, en este mes las autoridades del hospital comenzaron a sospechar que algo pasaba y ya existían reportes de dos niños fallecidos sin causa médica explicable.
En abril se separaron lotes de vitamina K –con la sospecha de que esta producía efectos adversos–, se envió un pedido de informe a farmacovigilancia y se cambió la marca de la vitamina mediante una compra directa del Ministerio de Salud provincial.
“En ese momento ya había reportes de dos niños fallecidos. Ya se sospechaba que algo pasaba”, agregó Biscotti.
El investigador agregó que también en abril se realizó en el hospital el análisis de causa raíz de una de esas muertes. Y que una médica había recibido la orden de que “este problema no saliera del ámbito interno del hospital”.
Mayo
Durante este mes se abrió el abanico de posibilidades. Al detectarse pinchazos extraños en G.H. durante la guardia del 1 de mayo, se sospecha de picaduras de insectos.
El comisionado agregó que aquí hubo reuniones entre los directivos del hospital y delegados del Sindicato de Empleados Públicos. Y que en uno de esos encuentros se mencionó que existía “una investigación administrativa en curso”.
A partir de ese mes, el hospital habría aumentado las medidas de control y de seguridad “para salvaguardar la integridad física del bebé y aumentar la vigilancia”, como no separar a la mamá del recién nacido o permitir el ingreso de un familiar al parto.
Según se desprende de una declaración indagatoria, en mayo ya se habría pedido la nómina del personal interviniente en los hechos bajo sospecha. “La única enfermera que se repetía en los casos bajo sospecha era Brenda Agüero”, informó Biscotti.
El comisionado comentó que dos profesionales de alto rango solicitaron intervención urgente a las autoridades del hospital. En ese momento se hablaba de cuatro casos. Agregó que se enviaron reportes al ministerio donde constaban “datos de los bebés y una breve explicación de cómo se fueron dando los procesos que devinieron en descompensaciones”.
Agregó que en mayo “ya estaban al tanto autoridades de la Justicia”. Y citó detalles de la reunión del 16 de mayo entre el exdirector administrativo Alejandro Escudero Salama, el fiscal Guillermo González y el médico forense Moisés David Dib.
En mayo ya había profesionales del hospital que solicitaban a los directivos que se presentaran al Ministerio, porque se pensaba que alguien estaba haciendo algo. “Si hubo un error en el hospital, fue la falta de comunicación”, indicó.
Junio
Este mes arrancó con el hallazgo de lapiceras y dos frascos de insulina en el hospital, en sitios donde no debían estar. Esa medicación habría sido entregada a las autoridades del centro de salud, según informó.
Después de la guardia del 6 de junio, en la que murieron dos bebés, dos autoridades del hospital se presentaron en el Ministerio de Salud, informó Biscotti. El 8 de junio, el Ministerio encaró una investigación administrativa.
Entre uno y dos días después, se produjo en el hospital otro hallazgo de medicación ajena al hospital, en un lugar donde no debía estar. En la heladera de la sala de recuperación, se halló un frasco de potasio con una o dos ampollas, agregó.
Después de un cuarto intermedio, los jueces decidieron que Biscotti continúe explicando detalles de su investigación la semana que viene.
