Luego de cinco meses de audiencias, para este miércoles está previsto que se dicte el veredicto en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Desde aquella primera jornada del 6 de enero de este año, pasaron 56 audiencias. En ellas declararon 99 testigos y se escuchó a los 11 acusados y a sus abogados, al representante de la Provincia, además de a los dos fiscales acusadores, tres equipos de querella y dos abogadas del niño.
La última audiencia se iniciará con un rito: la última palabra de la última de las personas acusadas. En este caso, por orden alfabético, se trata de la exjefa de Tocoginecología del Neonatal Claudia Ringelgheim, acusada de omisión de deberes de funcionaria pública. Se espera que, al igual que sus compañeros de causa por las responsabilidades funcionales, haga una alocución breve, sin repetir argumentos de los alegatos defensivos ni cuestionar prueba.
Apenas termine de hablar Ringelgheim, los ocho integrantes titulares del jurado popular pasarán a deliberar en la sala de acuerdos de la Cámara Séptima del Crimen, con la asistencia de la secretaria de Cámara, Mariel Borgarello. En esta instancia, ya no participarán los 10 suplentes que siguieron todas las audiencias desde enero. A la par, también se encerrarán a discutir los jueces técnicos: Laura Huberman, José Daniel Cesano y la presidenta del proceso, Patricia Soria. Huberman y Cesano votan, junto a los jurados populares, pero Soria no tiene voto y se integra a sus pares técnicos para la resolución de la figura penal y el monto de la pena y la respuesta a las acciones civiles.
La ley de jurados populares no establece un tiempo máximo de deliberación. Hasta ahora, nunca pasó del día, pero ya la oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo la previsión de reservar alojamiento en hoteles para las cuatro mujeres y para los cuatro varones que integran el jurado popular, comentó Gonzalo Romero, director de esa oficina.
Si no se logra llegar a una respuesta hasta una hora prudencial, que podría ser las 21, se procederá a lo que la ley denomina el “secuestro del jurado”: sin sus teléfonos celulares ni otro medio de comunicación, serán llevados a cenar y a descansar al hotel asignado, junto a dos oficiales de justicia, una mujer y un varón. Al otro día, a las 8, tienen que continuar con la deliberación hasta arribar a las conclusiones.
La deliberación sigue un orden, para evitar que sea eterna o que se vaya por las ramas. La camarista Soria elaboró una guía con instrucciones muy precisas para orientar el debate. En otros sistemas de jurados populares, esta guía se litiga: es decir, las partes pueden intervenir en su formulación y proponer o cuestionar alguna indicación. La ley cordobesa confía esta responsabilidad sin controversia a quien preside el juicio.
El instructivo está formulado con una serie de preguntas en las que se repite la fórmula “si encuentran certezas…”. El jurado tiene que contestar, caso por caso, si existió un hecho criminal y si ese hecho puede atribuirse en lo material a Brenda Agüero. Y en cada uno de los casos, determinar también si hubo responsabilidades de cada uno de los exfuncionarios ministeriales, exdirectivos del hospital y personal de salud.
Una vez consolidadas las respuestas en esta megagrilla, con un eje en los 13 casos y otro en los 11 acusados, se suman a la deliberación Cesano y Huberman, los jueces técnicos que votan, para la “construcción del veredicto”.
En esa puesta en común se definen los votos, y si bien muchos pueden tener una posición anticipada, recién en esa instancia se establece si hay mayorías para condenar o para absolver.
Se repasa la grilla, hecho por hecho, acusación por acusación, para cada acusado.
No hay una estimación de cuánto puede durar esta puesta en común.
Con el “resultado”, los jurados populares descansan y quedan trabajando sólo los jurados técnicos, que tienen que definir la figura penal y el monto de la pena para cada caso. Y acto seguido, contestar las acciones civiles, también para cada caso. Todo está vinculado: no se puede establecer un monto de resarcimiento a una familia sin antes saber si el jurado encontró que hubo un hecho criminal, por caso.
El veredicto se redacta y, una vez consolidado, se firma. Allí es cuando se levanta el cuarto intermedio y se llama a la sala a todos los actores: los acusadores y los imputados, con sus equipos legales. De nuevo: no hay un horario predeterminado ni siquiera estimado para que ocurra esto.
En la audiencia, la secretaria de Cámara lee la sentencia, en la que se debe consignar caso por caso e imputado por imputado si es inocente o culpable, y en esa situación, por qué figura criminal y con qué pena debe pagarlo.
En este mismo texto se responden las nulidades y otros planteos y se da respuesta a la acción civil, detallando si corresponde o no y por qué montos.
Usualmente se establece que los fundamentos de la sentencia deben publicarse 15 días después. Pero se trata de días hábiles, y como este período tiene en medio el receso invernal en Tribunales, los argumentos que tiene que redactar la Cámara para sostener el resultado del juicio se conocerán recién el 23 de julio.
Ese será el último día de compromiso para los ocho jurados populares que asistieron a todas las audiencias y votaron el veredicto. No hubo bajas entre los titulares; sólo dos jurados populares suplentes desistieron a lo largo del proceso. Tienen que asistir a firmar la sentencia, que queda protocolizada. Pueden pedir, en ese acto, ser eliminados del padrón, para que nunca más puedan ser convocados a ser jurados.
