El juez de Control Juan Manuel Fernández López dio un “doble conforme” a la prisión preventiva que dictó el fiscal Raúl Garzón contra Brenda Agüero en la investigación por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal: avaló las imputaciones y también la decisión de retenerla detenida, en respuesta a los incidentes que planteó la defensa de la enfermera contra la acusación y la solicitud de que recupere su libertad.
Fernández López consideró, en su esperado dictamen, que existen elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y que está fundamentada la decisión de mantener en prisión a Agüero, mientras continúa la instrucción.
En un párrafo de su resolución, el juez de Control se hace eco del efecto en la sociedad de los crímenes atribuidos a Agüero. “Las consecuencias disvaliosas de las conductas de Agüero, la grave circunstancia de que la imputada prestaba servicio en un hospital público provincial, han provocado un estrépito social generalizado que afecta injustamente la credibilidad del sistema público de salud de la Provincia de Córdoba al cual debe recurrir gran parte de los ciudadanos que no cuentan con otra posibilidad. Cuesta imaginar cuanto tiempo llevará desterrar el mentado desprestigio”, reflexiona el juez, en un extracto al que accedió La Voz luego de que se notificara a todas las partes.
Como ya había razonado Garzón en el momento de dictar la preventiva, Fernández López ve una enorme gravedad en el tipo de víctimas de la enfermera, recién nacidos, en el mayor grado de vulnerabilidad que puede tener un ser humano. “Corresponde señalar que la catadura de las conductas aquí tenidaspor acreditadas hace que, incluso, la pena máxima de nuestro sistema punitivo luzca tenue frente a un grado de insensibilidad y crueldad que el suscripto jamás ha enfrentado en su vasta trayectoria”, considera el magistrado.
La justificación de mayor peso del juez para mantener detenida a Agüero es la previsión de una condena a muchos años de reclusión y el antecedente, que consta en la instrucción, de que hizo averiguaciones para radicarse en otra provincia, cuando percibió que era objeto de sospechas.
“Un grado exacerbado de desapego normativo sustancial (como fue el caso de envenenar neonatos indefensos en el mismísimo seno de un establecimiento sanitario, en proximidad de los propios progenitores de los niños y de un sinnúmero de profesionales), indefectiblemente llevará a inferir que resultará plenamente válido prever que tal desacato pueda trasladarse al plano procesal, máxime cuando se cierne la espada de Damocles consistente en la pena más gravosa del catálogo sancionatorio. De tal modo, un temperamento que ha experimentado la macabra potestad de quitar la vida apenas iniciada a su antojo difícilmente reconozca obligatoriedad a pautas de conducta fijadas por un órgano judicial”, señala, con enorme dureza, el juez.
La prisión preventiva que llegó a la oficina de Fernández López fue dictada por Garzón para los dos primeros casos de los que fue imputada Agüero, las muertes de las dos bebas ocurridas en la guardia del 6 de junio en el hospital provincial. Luego, el fiscal amplió la acusación para hacer responsable a la enfermera por las otras tres muertes ocurridas entre marzo y mayo y otros ocho casos descriptos como tentativas de homicidio: bebés que se descompensaron sin causa médica aparente y fueron salvados por maniobras de emergencia.
Quien representaba a Brenda Agüero, el abogado Luis Obregón, había recurrido la resolución de la prisión preventiva señalando algunos defectos procesales de la acusación y, como carta más efectiva, había incluido en sus fundamentos una desgrabación de una conversación entre el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, con la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, en la que parecen ponerse de acuerdo para dar una versión coherente de lo que sucedió en el hospital.
Pedido de recusación debilitado
La resolución de Fernández López se conoce pocas horas después de que los nuevos abogados de Brenda Agüero, Juan García y Adriana Paz, anticiparan que tras la nueva declaración indagatoria de la enfermera, detenida y acusada de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, pedirán la recusación del fiscal Raúl Garzón. El planteo, a la corta o a la larga, llegará a las mismas manos de Fernández López, quien ratificó todo lo actuado por Garzón.
En la ampliación de indagatoria Brenda Agüero, esta vez, negó los hechos y se abstuvo de declarar.
Brenda, en ese trámite, hizo una declaración, en la cara, contra el propio fiscal. Según el relato de su abogado, García, la enfermera denunció que Garzón la maltrató en un episodio no conocido hasta ahora que habría ocurrido el 29 de noviembre, cuando el fiscal la visitó en su lugar de detención en la cárcel de mujeres de Bouwer para responder al pedido de los defensores de la mujer de pasar a otro lugar de alojamiento diferente al cuarto que ocupaba en enfermería, aislada de las demás presas y sin posibilidad, siquiera, de ir al baño sin avisar a una celadora.
“En aquella oportunidad, y en presencia de sus abogados, el fiscal la trató de manera despectiva y poco profesional. Cuando Brenda le manifestó que en el lugar no tenía condiciones óptimas, le respondió: ‘qué querés, vos no estás en Disney’. Y luego le dijo: ‘vos estás acá porque sos la que mataste a los bebés’ y señalándola con el dedo índice en forma acusadora, la amenazó: ‘preparate que ahora se te vienen los otros bebés que mataste’”, relató García.
Esta versión fue desestimada desde el entorno del fiscal, quien ahora tiene que darle trámite y expedirse sobre el pedido de recusación. “Estaban presentes, además del fiscal, la detenida y sus abogados, las autoridades del propio Servicio Penitenciario y ese diálogo aludido, no tuvo lugar”, dijeron quienes escucharon la palabra de Garzón sobre el tema.
El planteo que hace Agüero es que el fiscal “no es objetivo” en su instrucción.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a cuatro familias que perdieron bebés en el Neonatal, opinó sobre este punto, porque tiene trabajos teóricos publicados sobre el tema. “Un fiscal no tiene que respetar la imparcialidad, porque debe provocar la investigacion, debe ser racional y objetivo en el análisis de las pruebas y extraer conclusiones fundadas y racionales, pero de ningún modo no debe tomar postura, ese es su rol: acusar”, aclaró Nayi.
