Faltan días, alguno incluso hablan de horas, para que el juez de Control Juan Manuel Fernández López defina si eleva o no a un solo juicio la causa por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, como pretende el fiscal Raúl Garzón. Eso ubicaría en una misma fila de acusados a la enfermera Brenda Agüero, a quien se le atribuyen los asesinatos, y a 10 exfuncionarios, con el exministro provincial de Salud Diego Cardozo a la cabeza, a quienes el fiscal les endilga un encubrimiento agravado y la omisión de sus deberes de funcionario público.
Fernández López tiene que resolver los recursos y las oposiciones que plantearon las defensas técnicas de Agüero y de varios exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, quien intentó sacar a Garzón de la causa con el nombramiento de otro abogado, Justiniano Martínez, quien hasta esta jugada era amigo íntimo personal del fiscal.
Hasta ahora, Fernández López ha ratificado en cada una de las instancias las decisiones de Garzón. Eso es lo que todos los actores esperan que pase. Sería una enorme sorpresa si no ocurre.
El impacto de la causa: las muertes de cinco recién nacidos y el ataque contra otros ocho, durante tres meses, en una de las maternidades públicas más importantes de la Provincia lo convierte en el juicio más resonante por venir en la Justicia de Córdoba. La enfermera está acusada por homicidio calificado por aplicar un método insidioso, y tentativa de homicidio reiterado. Ella dice que es inocente. Y si es condenada, sólo puede recibir una pena: la perpetua. Pero si Fernández López confirma las acusaciones contra los exfuncionarios de Salud y directivos del Neonatal, también se convertirá esta en la causa más fuerte de responsabilidades mediatas o funcionales contra autoridades políticas en la provincia en mucho tiempo. Un auténtico lunar.
El encubrimiento que se les endilga a Cardozo y los otros exfuncionarios que estaban bajo su cadena de mando, desde el Ministerio a la sala de Neonatología del hospital, es político: querer controlar el daño reputacional de la gestión por lo que saldría a la luz de estas muertes inexplicables de recién nacidos en el Neonatal. Garzón entiende que por su intención de mantener las cosas en secreto, sin dar aviso a la Justicia, generó las condiciones para que Brenda Agüero siguiera matando. El hermetismo, incluso, impidió que se generaran evidencias y eso complicó llegar a la verdad. Por caso, no hay autopsias de las primeras tres muertes de la serie.
Además de Cardozo y Carvajal, esperan saber si irán a juicio la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís (detenida, acusada también de falsedad ideológica); el exsecretario administrativo del ministerio Alejandro Gauto; la exvicedirectora del hospital Claudia Ringelheim; el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Neonatología Marta Gómez Flores (acusada de falsedad, también); la exjefa de Enfermería Alicia Ariza; y las médicas Adriana Moralez y María Alejandra Luján.
La gravedad y la extensión a toda una cadena de responsables funcionales no guarda relación con otras investigaciones judiciales que destaparon prolongados y graves hechos de corrupción, como los casos que tienen imputados y detenidos a Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía de la Provincia y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, por las habilitaciones irregulares para locales comerciales; y a Juan María Bouvier, durante 15 años jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), por distintas transacciones con presos para mejorar sus calificaciones y facilitar sus libertades condicionales o anticipos de egreso de los penales.
Folli fue jefe de Bomberos entre 2010 y 2015. La investigación que comanda el fiscal Guillermo González cree que durante esos años se montó la asociación ilícita que comenzó a operar con las certificaciones truchas a empresas, comercios y otros locales. En esos años dependió, funcionalmente, de los exjefes de Policía Alejo Paredes (hasta 2011), Sergio Comugnaro (2012), Ramón Frías (2012 y 2013), César Almada (2013) y Julio César Suárez (2013 / 2015). Luego fue cuatro años subjefe de Policía y dependió del también acusado exjefe de Bomberos Sergio Sosa, del exjefe Gustavo Vélez, y en el área política, del exsecretario de Seguridad Diego Hak y del exministro Alfonso Mosquera. Pasó de la Jefatura de Policía a Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, apenas asumió como intendente Martín Llaryora y en los cuatro años de gestión dependió del exsecretario de Gobierno Miguel Siciliano. Durante esos años con sueldos de funcionario público, amasó una fortuna, compuesta por, al menos, tres viviendas de lujo en Córdoba y en Villa Carlos Paz, además de un complejo de cabañas en Mina Clavero y vehículos de alta gama y de haber realizado numerosos viajes al exterior. ¿Nada de esto llamó la atención a ninguno de sus superiores durante todos esos años?
Juan María Bouvier comandó el SPC desde marzo de 2008. Fue designado por Luis Angulo, entonces ministro de Justicia de la Provincia. Con la gestión de José Manuel de la Sota, se reportó a la ministra Graciela Chayep; en 2015 volvió Angulo y desde 2019 es Julián López el ministro que tiene bajo su órbita las cárceles, con un periodo en el medio en que fue ministra de Justicia Laura Echenique. ¿Nadie vio nada raro en el feudo con más de 10 mil presos y tres mil agentes penitenciarios que gobernó Bouvier una década y media?
