El presidente de la bancada oficialista Hacemos Unidos por Córdoba en el Concejo Deliberante, Martín Simonian, defendió el despacho aprobado esta semana que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Córdoba y respondió a las críticas formuladas por la empresa Uber.
Afirmó que el proyecto busca garantizar la seguridad de los usuarios y dar previsibilidad laboral a quienes hoy prestan el servicio.
“Hemos aprobado en la Comisión de Servicios Públicos un proyecto de ordenanza que regula el servicio de transporte mediante el uso de aplicaciones. A ese texto fuimos incorporando no solo las sugerencias del Ejecutivo municipal, sino también aportes de los distintos bloques de la oposición, de especialistas, de taxistas, remiseros, agencias y choferes de aplicaciones”, señaló Simonian.
“El objetivo fue llegar a una ordenanza con consensos y diálogo, que brinde tranquilidad a los trabajadores y seguridad a los usuarios”, agregó.
El proyecto será debatido en el recinto en la primera sesión de agosto. Plantea un sistema de habilitación para plataformas como Uber, DiDi o Cabify, con requisitos específicos para empresas, propietarios de vehículos y conductores.
El punto más debatido es la inclusión de un cupo máximo de autos habilitados: uno por cada 375 habitantes permanentes, lo que representa cerca de 4.000 vehículos.
Uber cuestionó esa limitación y la calificó de “absurda”. Según la empresa, actualmente más de 15.000 personas manejan al menos una vez por mes en Córdoba con la aplicación, por lo que con esa nueva norma unas 11.000 quedarían excluidas. “Eso no es razonable”, dijo Juan Labaqui, vocero regional de la compañía.
Simonian respondió que el criterio de cupo no es una decisión arbitraria. “Incorporamos un límite que va a estar determinado en un coche por cada 375 habitantes. Esa ecuación se actualizará con los censos o las proyecciones oficiales sobre población. Hoy da un aproximado de 4.000 a 4.100 coches habilitados”, explicó.
“El cupo no es para excluir, es para ordenar el sistema. Y va en línea con lo que fijó, por ejemplo, la ley provincial de tránsito de Mendoza, que también establece un cupo en función de la densidad poblacional. No estamos inventando nada fuera de lo común”, afirmó.
Sobre este punto, hay que aclarar que la ley mendocina establece que la autoridad de aplicación “podrá limitar la cantidad máxima de vehículos y/o las zonas a afectar la prestación del servicio” por plataformas, pero no fija explícitamente un cupo.
El concejal remarcó que el proyecto también habilita la incorporación de taxis y remises al sistema de plataformas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos. “Esa incorporación no va en desmedro del cupo. Por lo tanto, la cantidad de vehículos bajo esta modalidad va a aumentar significativamente”, aseguró.
En cuanto a las condiciones técnicas, el proyecto exige para los vehículos una antigüedad máxima de 10 años, aire acondicionado frío-calor, póliza de seguro y verificación técnica vigente. Los conductores deberán contar con carné profesional, no tener antecedentes penales y estar inscriptos en un registro digital municipal.
Sobre las tarifas, Simonian aclaró que se fija un valor mínimo obligatorio equivalente al boleto del transporte urbano masivo, pero luego se permite que la tarifa final sea acordada entre el usuario y la empresa mediante un sistema dinámico. “Es una forma de proteger la sustentabilidad del sistema sin impedir la competencia”, señaló.
Finalmente, destacó que el intendente Daniel Passerini impulsó el diálogo político como condición para avanzar. “Esta ordenanza refleja esa voluntad. Es un proyecto pensado para equilibrar los intereses de todos los actores y para que Córdoba tenga un sistema moderno, seguro y regulado de movilidad digital”, concluyó.
