El gobierno de Javier Milei propuso mediante el proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como “ley ómnibus”, una batería de cambios sobre distintas temáticas y áreas ligadas a políticas de género, entre los que se incluyen modificaciones al Código Civil y Comercial (CCC), reformas en la “Ley Micaela”, en la de “Mil Días” y en la ley de cupo en cargos políticos.
Estas medidas cambian el foco del espíritu de esas leyes y tocan conceptos que pueden tener injerencia jurídica directa sobre el accionar de la Justicia y de las personas. Todo ello, sin un mínimo debate, algo por lo que tuvieron que pasar cada una de esas leyes que llevaron años de diálogos y de discusiones.
Incluso en el CCC se introduce una nueva modalidad de divorcio, en la cual las partes no deben pasar por la mirada de ningún juez que verifique que el acuerdo sea justo para ambos.
El Código Civil fue modificado en 2014: aún no se cumplieron 10 años de ese cambio que implicó discusiones de cientos de juristas. Esta semana, organizaciones sociales y profesionales del Derecho han advertido la peligrosidad de estos cambios propuestos, a los que califican de “atropello”.
Un grupo de 180 juristas emitieron una carta el pasado 2 de enero advirtiendo que la nueva reglamentación incentiva un nuevo foco de conflicto interpretativo, con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación y el “innegable perjuicio para las personas destinatarias de las normas”.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) hizo un importante análisis de los cambios introducidos en la “ley ómnibus” y de las consecuencias que traerían. Además, analizan cómo impactarán las medidas de flexibilización laboral propuestas que, aseguran, aumentarán la brecha salarial e impactarán en forma desproporcionada en mujeres, quienes suelen tener trabajos menos remunerados.
También hay cambios conceptuales previstos en la Ley Micaela, donde se reemplaza el término “violencia de género” por “violencia familiar”, desconociendo la especificidad de este tipo de violencia por motivos de género hacia mujeres: esa violencia no es ejercida únicamente en el ámbito familiar, tal como lo plantea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida como de “Belém Do Para”, a las que suscribió Argentina. Visto así, es un retroceso de unos 30 años.
¿Urgencia?
“El proyecto propone cambios en numerosas leyes, instalando un cambio de paradigma que pretende extender su vigencia más allá del plazo establecido para tal emergencia”, indicaron desde ELA.
“Es tal la magnitud de las reformas que propone, sin ofrecer razones, ni justificación basada en evidencia y con modificación de normas sobre una variedad de temas que en nada se vinculan con la crisis económica que atraviesa el país, que es difícil evitar la imagen del vehículo de gran porte diseñado para atropellar nuestros derechos”, suma ELA al inicio de un documento que detalla los cambios introducidos en todas las leyes que se mencionó.
Las introducciones en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y en la “ley ómnibus” en torno a los derechos de las mujeres y de las diversidades pretenden instalarse sin atender a las instituciones, los consensos científicos en torno al tema y las discusiones que ya fueron saldadas con anterioridad, y que cumplieron con los tiempos y las formas requeridas para cada sanción.
Mezclar medidas económicas, sociales, ambientales y de género y hasta la vestimenta de los jueces en un mismo marco normativo, bajo el manto de una emergencia económica, desconoce las bases legales de gobernabilidad y marca un retroceso en materia de derechos y de institucionalidad en un país que hasta hace poco era reconocido por la calidad de su legislación en género.
