El proyecto de ordenanza que busca regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Córdoba no será votado en la sesión ordinaria de la semana próxima, como estaba previsto. El oficialismo resolvió devolver el despacho a la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, tras una serie de reuniones con representantes de Uber y de choferes. La medida implica postergar su tratamiento en el recinto.
El cambio de rumbo fue confirmado este lunes por fuentes del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, que anticiparon la decisión de abrir una nueva etapa de debate. El foco de las críticas sigue siendo el artículo 9 del proyecto, que establece un cupo máximo de 3.998 licencias para operar con plataformas como Uber, DiDi o Cabify, basado en una relación de un vehículo cada 375 habitantes.
“Sí, efectivamente vuelve al seno de la Comisión. Quizá nos vamos a dar un plazo de 21 días para luego enviarlo a sesión”, explicaron desde el oficialismo. Y agregaron: “Lo que no hicieron durante los 150 días posteriores al fallo del Tribunal Superior de Justicia y desde que comenzó a sesionar la Comisión, ahora lo estamos empezando a hacer”. Con esto hicieron referencia a que Uber recién se presentó la semana pasada, luego de que el proyecto ya había sido despachado para votarse.
El primer encuentro se produjo días atrás entre representantes de Uber, funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales oficialistas.Este lunes, choferes autoconvocados llevaron un petitorio al Concejo y reclamaron ser escuchados de manera formal. Según fuentes del oficialismo, el próximo martes será la primera reunión en comisión donde podrán plantear sus posiciones.
Desde la oposición celebraron la decisión. El concejal Javier Fabre (UCR) la consideró una muestra de apertura institucional.
“Valoramos la decisión del oficialismo de devolver el proyecto sobre las aplicaciones de transporte a comisiones. Es un gesto político responsable, que abre nuevamente el debate y permite escuchar a todas las partes involucradas, incluidas las plataformas”, señaló.
Fabre había advertido que el proyecto, tal como había sido despachado, presentaba “obstáculos que impedían su acompañamiento”, en especial por el cupo de vehículos y por “ciertas sobrerregulaciones que deben ser analizadas con otra óptica”.
“Esta instancia nos va a permitir justamente eso: repensar aspectos sensibles y avanzar hacia una regulación más equilibrada”, afirmó.
La concejala Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) también saludó el regreso del texto a comisión, aunque lo presentó como una consecuencia directa de su intervención política.
Según explicó, logró mediar entre los choferes y los concejales oficialistas Martín Simonian y Marcos Vázquez, luego de una movilización realizada este lunes en el Concejo.
“Esta es una clara demostración de que la ciudadanía, cuando se organiza y alza su voz, tiene el poder de influir en las decisiones políticas”, dijo Rovetto Yapur.
A su criterio, se evitó que se aprobara un “proyecto profundamente restrictivo, anticuado y que ignoraba la realidad de un servicio esencial para miles de cordobeses”.
Más allá del tono celebratorio, la edil advirtió que el tema sigue abierto. “Seguiremos vigilantes para garantizar que las nuevas discusiones en comisión busquen una verdadera integración de las plataformas, sin cupos arbitrarios, tarifas mínimas inaplicables o requisitos que asfixien la actividad. No podemos bajar la guardia”, expresó.
La cantidad de licencias
El punto más conflictivo sigue siendo el límite de licencias. Según Uber, si el proyecto se aprueba con ese tope, el 77% de quienes hoy manejan con la aplicación quedarían excluidos.
Días atrás, la empresa informó que en el primer trimestre de 2025 hubo 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba, la mayoría con jornadas menores a 20 horas semanales.
Uber aseguró que nunca había sido convocada a participar del debate legislativo ni a aportar datos, y pidió abrir una instancia formal de diálogo técnico. Algo que finalmente sucedió la semana pasada.
La empresa inició una campaña pública para explicar su funcionamiento y el impacto de las restricciones propuestas.
“No estamos en contra de una regulación. Lo que pedimos es una buena regulación, con datos y sin prejuicios. Una norma que no elimine fuentes de ingreso ni afecte el acceso a soluciones de movilidad”, afirmó en su momento Juan Labaqui, vocero regional de Uber.
La empresa informó que, entre 2023 y 2025, pagó más de 1.300 millones de pesos en Ingresos Brutos en Córdoba por servicios digitales. Sostiene que una regulación con cupo provocaría aumentos de precios, mayores tiempos de espera, menor disponibilidad en zonas periféricas y caída de ingresos para los conductores que hoy manejan de forma ocasional.
Desde el Ejecutivo municipal reconocen que el tema genera tensiones. “Ese es el tema más complejo. Nosotros buscamos un equilibrio sano, ellos quieren la ley de la selva”, afirmaron altas fuentes del Palacio 6 de Julio.
Insisten en que la ordenanza no apunta a eliminar el servicio, sino a ordenarlo dentro de un marco regulatorio que contemple a todos los actores del sistema de transporte.
El nuevo cronograma prevé al menos tres semanas más de trabajo en la Comisión de Servicios Públicos. El oficialismo buscaría presentar un nuevo despacho a fines de agosto, aunque todo dependerá de los acuerdos que se logren en ese período.
