Patricio Cruz Viale, el sacerdote que era la máxima autoridad del movimiento Schoenstatt en Córdoba, estuvo varios meses de este año recluido en un centro de retiro de religiosos en Guadalajara, México, que es conocido como un “refugio de curas acusados” por distintas faltas o delitos, la mayor parte de ellos sexuales.
Cruz Viale fue detenido el sábado pasado por “abuso sexual ultrajante” contra una mujer de 46 años, un hecho que habría ocurrido en la tercera semana de enero de este año y que la víctima recién llevó a la Justicia el 25 de septiembre pasado.
Antes, la mujer habló con referentes del movimiento, quienes iniciaron una investigación preparatoria para determinar si procedía o no iniciar un proceso canónico contra Cruz Viale. Esa investigación luego fue delegada al Arzobispado de Córdoba, que está a cargo del juicio eclesiástico.
A pedido del fiscal Juan Ávila Echenique, el contenido de esta investigación interna ya fue compartido a la Justicia provincial por la vicaría judicial del Arzobispado.
Osvaldo Morero, vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, confirmó que se enviaron antecedentes a la Justicia provincial. “Siempre tenemos la intención de colaborar con lo que nos van requiriendo. Las dos líneas buscamos la verdad; tenemos metodologías diferentes, pero compartimos el mismo objetivo”, remarcó.
Entre los elementos que surgieron de la información de la Iglesia, se encontró que Cruz Viale no estuvo varios meses de este año en el país, cumpliendo una indicación del superior del movimiento de Schoenstatt en Argentina, Pablo Javier Pol, para que participara de un retiro en el centro Misioneros del Espíritu Santo, de la Fundación Rougier, en Guadalajara, México.
La estadía de Cruz Viale en ese centro en México fue confirmada por su abogado, Ignacio Carranza. “Estuvo en Guadalajara dos o tres meses”, confirmó, sin precisiones, quien defiende al sacerdote.
En el expediente que compartió la Iglesia, se adjuntan las recomendaciones que hicieron los psicólogos de la Fundación Rougier. La primera es que no puede estar más en contacto con personas emocionalmente vulnerables. Como la presunta víctima, en este caso.
Hay que decirlo: que haya sido enviado a este centro no determina una presunción de culpabilidad. Lo que sí deja en evidencia es que las autoridades de Schoenstatt sobreactuaron una sorpresa que no era real cuando dijeron en su comunicado a la feligresía que se enteraron por la noticia publicada en La Voz y en otros medios de la denuncia que llevó a la detención de Cruz Viale.
¿Refugio para curas abusadores?
Los Misioneros del Espíritu Santo son una congregación fundada en 1914 por el padre francés Félix de Jesús Rougier en México. Su misión declarada es “trabajar el pueblo sacerdotal, acompañar procesos de santidad y hacer un compromiso de solidaridad”.
Según una investigación del sitio Sin Embargo, de México, la casa de la Fundación Rougier es una de las que se ofrecen para el albergue y acompañamiento de curas acusados de delitos sexuales. “Casa Alberione, Casa Damasco y Fundación Rougier son refugios que la Iglesia Católica ha establecido en el país para ayudar a los sacerdotes que sufren adicciones y problemas psicológicos. Estos hogares también dan cobijo a los curas involucrados en casos de pederastia”, plantea el informe.
La casa de Fundación Rougier fue fundada en 1994. Según su propia difusión, “es una institución de los Misioneros del Espíritu Santo que tiene un programa de rehabilitación dedicado a la atención de sacerdotes y religiosos”.
El sitio recibe a sacerdotes llevados por su superior “para enfrentar situaciones de depresión, angustia, adicciones, problemas afectivos, emocionales o sexuales, incertidumbre vocacional, dificultades en las relaciones humanas, insatisfacción existencial y falta de control de impulsos”, expone en su folleto informativo.
Una investigación del diario El Universal, publicada en 2010, también cita a la casa de la Fundación Rougier entre los centros dispuestos por la Iglesia Católica meJicana para refugio de curas acusados por delitos sexuales.
“Son casas de acompañamiento de curas cansados o en situación difícil que necesiten un tipo de apoyo psicológico”, planteó en esa nota una autoridad, en esos años, de la Iglesia mejicana. Esta también dijo a El Universal: “Pero si se les acusa de pederastia, por ética y mientras se comprueba su culpabilidad o no, no se les abandona, por más desalmado que sea, y se lo recibe en estos espacios”.
La nota atribuye la referencia a una cita notable de un escritor británico, Gilbert Keith Chesterton: “La Iglesia no es una sociedad de virtuosos, sino un hospital de pecadores en proceso de rehabilitación”.
La línea de tiempo del caso
La mujer que denunció al cura Cruz Viale –de quien no se da su identidad para evitar su revictimización– fue operada tres veces en 2023 por un cáncer de mama. En una de estas operaciones, se le practicó una mastectomía completa. El tratamiento prosperó y en diciembre se hizo una reconstrucción mamaria.
Durante este proceso, Cruz Viale, como sacerdote y amigo de la familia, acompañó la evolución de la salud de la mujer. “Era su sostén espiritual”, dijo el abogado del cura.
Los hechos que denuncia la víctima habrían ocurrido en el despacho del sacerdote, en la sede de Schoenstatt en barrio Alto Palermo, de la ciudad de Córdoba, durante la tercera semana de enero de este año.
La mujer se lo comentó a su marido en ese momento y el 24 de marzo, a un entorno cercano, más amplio. Poco después acudió a referentes del movimiento en Córdoba, quienes iniciaron la investigación previa. Schoenstatt, como congregación, tiene un cierto grado de autonomía y comenzó el análisis preliminar del caso. Aunque podía tomar medidas cautelares, como suspender a Cruz Viale, adoptó una “medida prudencial”, según explicaron desde la Iglesia. Se le sugirió no tomar contacto con la posible víctima y luego se lo trasladó al centro de la Fundación Rougier, en México.
Sin precisar tiempos, Schoenstatt delegó la jurisdicción al Arzobispado de Córdoba, para que se haga el juicio canónico. Esto fue confirmado por el padre Morero, quien explicó que este proceso corre en forma paralela a la investigación de la Justicia ordinaria, pero con reglas parecidas: se toman declaraciones a todas las partes y a los testigos, se colectan evidencias y se garantizan los derechos tanto de la víctima como del acusado.
“Tratamos de colaborar con la Justicia, pero existe este doble fuero, en el que tenemos dos procesos diferentes, con metodologías diferentes y un mismo objetivo, que es llegar a la verdad. Sin interferir y en un trato equitativo, cauteloso y prudente, que respete los derechos de todos”, remarcó el vicario judicial designado por el arzobispo Rossi.
Los hechos descriptos en esa primera declaración, que la vicaría judicial del Arzobispado ya copió a la fiscalía, dicen que Cruz Viale “pasó del abrazo a otra cosa” y que “no incluyó penetración”. Luego se avanza en detalles y la mujer cuenta que le apretó los pechos y se restregó contra ella, con el pantalón puesto.
La Iglesia no informó de la investigación de este delito a la Justicia ordinaria. Y, en rigor, no tiene obligación de hacerlo. “No hay voluntad de ocultar nada y sí de colaborar. Somos invitados e invitamos a colaborar. Pero algunas investigaciones demandan tiempo, y por el tema que tratan exigen un trato muy prudente”, volvió a enfatizar el vicario Morero.
El 25 de septiembre de este año, la mujer llevó el caso a la Justicia provincial. Algunas fuentes afirman que lo hizo al enterarse de que Cruz Viale estaba de vuelta, luego de pasar el tiempo de retiro que se le impuso en Guadalajara.
El fiscal Ávila Echenique notificó de la imputación a Cruz Viale en octubre. Le atribuyó el mismo cargo por el que el sábado pasado lo detuvo: “abuso sexual ultrajante agravado por ministerio de culto”.
Hasta el momento, no hay constancias de otras denuncias contra el cura, pero el fiscal ya envió al Arzobispado y a la comunidad de Schoenstatt el pedido de que le informen si hubo en el pasado o existen en el presente otras acusaciones por presuntas agresiones sexuales del sacerdote Cruz Viale.
Ya fue indagado: negó los hechos y se abstuvo de responder preguntas
Patricio Cruz Viale fue trasladado este viernes a Tribunales 2, y en un breve trámite negó los hechos que forman parte de la acusación y se abstuvo de responder preguntas, por consejo de su abogado penalista Ignacio Carranza, quien públicamente había solicitado que se complete este trámite, no con el fin de declarar sino para poder acceder al contenido del expediente.
En particular, para la defensa de Cruz Viale es clave conocer los hechos que se le imputan y los fundamentos para la privación de la libertad: si el fiscal consideró que había peligro procesal o riesgo de fuga.
En este caso, eso es relevante porque Cruz Viale fue notificado de la imputación en octubre y detenido el pasado sábado 9 de noviembre, con la misma figura penal.
Una red de sobrevivientes de abusos llama a denunciar ante la Justicia, no en la Iglesia
La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina hizo un llamado urgente a ‘no denunciar en la Iglesia’, como lo están pidiendo los obispos ‘en obediencia a Francisco’, sino a ‘denunciar a la Iglesia’ ante la Justicia penal”.
Uno de los ejemplos que dan para justificar esta orientación son las detenciones recientes de dos sacerdotes acusados, con procesos abiertos en la Iglesia sin resultados, que al llegar a la Justicia tienen una respuesta rápida. Uno de ellos es el caso de Patricio Cruz Viale.
“Se escucha mucho que la Iglesia colabora con la Justicia, y Bergoglio lo repitió hasta el extremo... pero en nuestra historia como red, después de haber participado en más de 13 juicios a curas, monjas y laicos involucrados en delitos, y donde se llamó a ‘declarar’ a los obispos, o no acudieron o se sujetaron a su derecho a declarar por escrito. Esa es la gran colaboración a la Justicia de la jerarquía de la Iglesia Católica argentina”, plantea la Red, en un comunicado que salió a la luz mientras estuvo reunida la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
“Mientras la Iglesia Católica argentina se pudre por la cantidad de curas denunciados por abusos de distinta índole, especialmente sexuales, los obispos continúan repartiéndose el poder en la Argentina”, señaló la organización, que consideró que la jerarquía eclesiástica está integrada por “conocidos obispos encubridores de curas abusadores”.
El método más usado por la Iglesia para proteger a un cura acusado de abuso es el “destierro suave”: un traslado silencioso a otro destino.
En 2019, el periodista Nicolás Casese, en el diario La Nación, de Buenos Aires, publicó un informe en el que se decía que “en los últimos 20 años se comprobó un total de 63 religiosos denunciados con casos fundados. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar. Los traslados, admitió monseñor Sergio Buenanueva (entonces coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal), eran el mecanismo de encubrimiento. Al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, la práctica habitual era que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento”.
Esto fue justamente lo que descubrió el periódico The Boston Globe en su célebre investigación realizada en junio de 2002, trasladada al cine como Spotlight, película ganadora del Oscar en 2016.
Spotlight develó que el patrón de tratamiento de los casos de sacerdotes católicos involucrados en abuso sexual de niños en Massachusetts era darles una baja médica o trasladarlos de destino.
Tal vez no haya mayor ejemplo de esta práctica en el país que el trato que recibió Nicola Corradi, uno de los religiosos condenados por abusos en el Instituto Próvolo, de Mendoza.
Corradi estuvo hasta 1969 en la sede del Próvolo de Verona, Italia. Allí se registraron las primeras denuncias de abusos. El 31 de enero de 1970 aterrizó en la Argentina. Estuvo hasta marzo de 1997 en la sede del instituto de La Plata, donde también se lo investiga por denuncias de abuso. En esa fecha fue trasladado a la sede Mendoza del Próvolo, donde fue su director.
Los abusos por los que hoy lo condenaron ocurrieron allí. La Iglesia recién investigó el caso luego de que apresaran al cura. Gustavo Stroppiana, el fiscal que lideró toda la instrucción de la causa en Mendoza, dijo que desde la Iglesia jamás le dieron el resultado de la investigación canónica.
