Después de un largo período en el que evitó el protagonismo público, el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) volvió a mostrar los dientes. La recolección de basura estuvo resentida durante varios días en la ciudad de Córdoba por una medida de fuerza gremial que expuso un conflicto más profundo que excede la discusión salarial.
La protesta fue desatada por una exigencia no oficial de aumento del nueve por ciento, distribuido en dos tramos: cinco por ciento retroactivo a julio, por cobrar en agosto, y cuatro por ciento sobre agosto, por cobrar en septiembre.
El conflicto entró en una pausa hasta los primeros días de agosto, cuando oficialmente comienza la paritaria. Pero dejó acumulación de residuos en numerosos sectores de la Capital y una fuerte preocupación en el palacio 6 de Julio.
“Esto es más que una paritaria: es una estrategia de poder. El Surrbac necesita recuperar fuerza, marcar presencia, reordenar internas y condicionar el escenario que se viene, que es la licitación del sistema de recolección”, dijo a este medio una fuente del gabinete municipal, que pidió estricta reserva de su identidad.
El trasfondo es complejo. Según reconstruyó este medio, la tensión comenzó cuando Juan Saillén, referente del gremio, planteó informalmente a la Secretaría de Ambiente la necesidad de avanzar con una mejora salarial. La pretensión histórica del sindicato es cobrar “Camioneros más el uno”, es decir, un punto por encima de la paritaria del sindicato de Moyano.
Sin embargo, el actual diseño administrativo y financiero de la gestión municipal no permite decisiones autónomas en cada organismo descentralizado. Hoy, todas las definiciones económicas y contractuales del área Ambiente —que incluye a los entes BioCórdoba, Coys y a Cormecor— dependen directamente del secretario Gabriel Martín, hombre de máxima confianza del intendente Daniel Passerini.
Desde el municipio le hicieron saber al Surrbac que no se puede comprometer un aumento mientras no se resolviera la paritaria del Suoem. La respuesta gremial fue de rechazo y el conflicto comenzó a escalar con demoras en las rutas de recolección.
La situación se agravó cuando los intendentes del Ente Metropolitano rechazaron en bloque el pedido salarial, por considerarlo excesivo y peligroso para sus propios equilibrios presupuestarios. La tensión alcanzó también al predio de disposición final de Cormecor, donde hubo demoras que afectaron a otros municipios. Desde el interior acusan al Surrbac de trasladar sus conflictos con Córdoba capital al conjunto del sistema metropolitano.
Otro frente abierto
Otro factor clave es la fragilidad jurídica de los convenios colectivos de trabajo del Surrbac. A diferencia de Camioneros, que tiene un convenio de actividad general, los recolectores de residuos de Córdoba están regidos por convenios de empresa, que fueron homologados en 2014 y ya se encuentran vencidos. Siguen en vigencia solo por el principio de ultraactividad, cuya continuidad es incierta.
En el entorno del sindicato temen que la futura licitación del servicio —prevista para 2025— abra la puerta a nuevos actores que no reconozcan esos convenios. “Si entra una empresa como Roggio y aplica el convenio de Camioneros, los entierra”, dijo una fuente ligada al oficialismo.
La licitación en la mira, y en la mira de la Justicia
El gremio también sabe que en cada licitación se juega su Santo Grial: la indemnización. Al finalizar cada concesión, los recolectores son indemnizados por la empresa saliente y luego recontratados por la adjudicataria, en general manteniendo la antigüedad. Es un mecanismo habitual que implica para los trabajadores una compensación económica importante en cada transición.
Además, la causa judicial que investiga a su conducción refleja la delicada situación en la que se encuentra el sindicato ante la Justicia Federal. En marzo pasado, se confirmó la elevación a juicio de Julio Mauricio Saillén y de Pascual Catrambone, los jefes históricos del Surrbac. Deberán responder por la presunta autoría de delitos de lavado de dinero, en el marco de una causa que investiga maniobras de corrupción ligadas a los negocios de la basura entre 2009 y 2018.
Ese avance judicial no generó internas en el gremio, pero sí un fuerte desgaste ante la opinión pública. También consolidó la estrategia de que los funcionarios municipales eviten cualquier vínculo visible con sus dirigentes.
Demostración de poder
Aun así, el Surrbac busca demostrar que mantiene capacidad de presión. Los Saillén saben que tienen en sus manos una herramienta poderosa: la posibilidad de paralizar la ciudad con basura.
Lo hicieron en otras gestiones. El 27 de octubre de 2007, decenas de camiones recolectores rodearon el Palacio 6 de Julio y descargaron allí los residuos. Gobernaba Daniel Giacomino. Permanecieron dos días, con la basura acumulándose en La Cañada y el Paseo Sobremonte, en una postal que la ciudad no olvidó.
Desde el municipio aseguran que no desconocen los derechos de los trabajadores, pero remarcan que no hay margen para acuerdos que excedan los parámetros razonables. “Si se habilita esa suba, mañana te lo piden todos. Y, además, no hay caja que aguante”, señalaron desde el entorno de Passerini.
La negociación continúa abierta. Por ahora, rige la conciliación obligatoria. Pero el conflicto dejó al desnudo un entramado sindical, económico y político que excede largamente el planteo de un aumento. En juego está la gobernabilidad de un servicio esencial y el equilibrio de poder en uno de los sectores más sensibles del municipio.
Los antecedentes
La historia de la recolección de residuos en Córdoba es larga y compleja. Ya en 1785, el marqués Rafael de Sobremonte prohibía tirar basura en la calle, según recuerda el historiador Efraín Bischoff. Durante décadas, el servicio fue prestado por la propia Municipalidad, con carros tirados por caballos y operarios conocidos como “tiratachos”.
En los años 70 comenzó el proceso de privatización. La cooperativa de camiones fue reemplazada por Venturino y, luego, por Aseo, un consorcio entre Waste Management y Sideco, del grupo Macri. Aseo fue reconocida por la calidad del servicio, pero también por su altísimo costo: absorbía hasta el 50 por ciento del presupuesto municipal. El entonces intendente Ramón Mestre padre la llamó “una mucama cara” y le rescindió el contrato en 1984.
Después llegaron Guambaré, Chietti y Clima, del Grupo Roggio. En 1998, Roggio volvió a ganar la licitación con Cliba, que permaneció hasta 2009. Tras una licitación fallida, el municipio creó Crese, que luego tercerizó el servicio a Lusa y Cotreco desde 2012.
En 2013, Ramón Mestre hijo impulsó una nueva licitación, pero la descartó en 2016 por su alto costo. Desde entonces, el barrido de calles quedó a cargo del Esop (hoy Coys), y la disposición final, en manos de Cormecor. Recién en junio de 2018 se logró adjudicar el actual contrato de recolección de residuos, que tiene una duración de ocho años y vence en junio de 2026.
Ese proceso licitatorio coincidió con el apogeo del poder del Surrbac, que había sido fortalecido por la creación de Crese y que logró imponer condiciones en el armado del servicio. Desde entonces, el gremio mantuvo una presencia decisiva en el esquema urbano. Hoy, a las puertas de una nueva licitación, vuelve a escena, con su conducción judicializada y el servicio en disputa.
