Estaba en litigio y discusión pero el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) resolvió esta semana que un proyecto para la construcción de un complejo de 22 departamentos en altura en barrio Valle del Cerro, de la ciudad de Córdoba, deberá ser sometido a un proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA).
El fallo del máximo órgano judicial provincial hace lugar de ese modo al amparo presentado por el Centro Vecinal de barrio Cerro de las Rosas contra la Municipalidad, por ese proyecto de construcción, de un complejo de seis plantas.
La discusión que llegó a la Justicia era si podía ser autorizado sin haber pasado el trámite de audiencia pública y de estudio de impacto ambiental. El fallo sienta precedentes para casos similares futuros.
El TSJ lo resolvió así al considerar que la obra se proyecta sobre “una parcela atípica (por su topografía), próxima al río Suquía, en un enclave considerado como sitio de valor urbano-ambiental”. Se trata del área denominada Barranca del Cerro.
Y, además, porque el emprendimiento podría tener impacto en lo que “hoy da identidad al barrio”, lo que debe ser informado y discutido –marcó el tribunal– por los vecinos que lo habitan.
En la resolución, se consideró que le asistía parcialmente razón a la empresa que promueve el emprendimiento, en tanto la obra no debe afrontar un estudio de impacto en los términos de la ley provincial 10208. No obstante, concluyó que sí procedía hacerlo por la ordenanza municipal 9847, que prevé ese tipo de estudio para cuando el conjunto habitacional se encontrara emplazado “en una parcela definida como atípica por la normativa vigente”.
El TSJ observó que el municipio, por una parte, había autorizado que el futuro complejo “pudiera ser erigido con una altura mayor (planta baja más cinco elevadas)” a la permitida para la zona (planta baja y dos elevadas), precisamente, por estar proyectado sobre una parcela atípica. Pero, sin embargo, había omitido ponderar tal cosa y ordenar un estudio de impacto.
Esto –definió el fallo– “por los posibles impactos que la obra podría tener sobre una parcela atípica, por su topografía, por su situación en la trama urbana o por la presencia en ella de elementos del patrimonio ambiental, de valor único y distintivo”.
Por la participación ciudadana
El TSJ marcó además que ese estudio de impacto “será el espacio adecuado para discutir las prevenciones y cuidados ambientales que merecen las parcelas atípicas”, en relación con la “identidad del barrio”.
En función del “valor socioambiental” para la ciudad de Córdoba que tiene la denominada Barranca del Cerro, dispuso que, en el proceso de la EIA, la Municipalidad deberá asegurar alguna forma de participación ciudadana. Podrá ser una audiencia pública o, bien, la apertura de un espacio de modalidad digital, “oficial, reglado y que sea suficientemente difundido con antelación, como para permitir que intervengan todos los vecinos interesados en expresarse”.
El Tribunal Superior también insistió en que el caso representa una oportunidad para afrontar un cambio cultural, porque “la conflictividad no puede extenderse” indefinidamente y la solución debe contar “con la mayor legitimidad social posible”, en el marco de un concepto de “urbanismo participativo”.
Según el TSJ, no puede haber imposiciones “que acontecen cuando se pretende avanzar con una propuesta sin considerar a quienes pudieran objetarla”. Pero –advierte a la vez–, “tampoco cerrazones u obstinaciones, que acontecen cuando a una iniciativa se la rechaza de antemano, sin comprenderla siquiera, casi por prejuicios”.
