La Municipalidad de Córdoba no podrá permitir que funcionen actividades comerciales o de servicios sectoriales (bares, restaurantes o galerías comerciales), en inmuebles ubicados frente al río Suquía, en el área en que este limita con la Reserva Natural Urbana (RNU) General San Martín, Tampoco, estudios de factibilidad o permisos de edificaciones según las previsiones de la Ordenanza 13460.
Es lo que dispuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al haber admitido la acción de inconstitucionalidad (ADI) planteada por la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín contra la disposición que modificó la Ordenanza 8256, cambiando las características urbanísticas de la denominada zona “F”, de la ciudad de Córdoba.
En la resolución, los magistrados ordenaron una medida cautelar de no innovar. Esto mientras el TSJ estudia la cuestión de fondo y se expida sobre su constitucionalidad.
La medida de no innovar busca evitar que se consume el daño: “la contaminación sonora y lumínica, en detrimento de la flora y fauna de la reserva (especialmente de las aves), por la ‘propalación al aire de hidrocarburos’ y de ‘líquidos cloacales’”.
Precisamente, esto es lo que, según la asociación, devendría como consecuencia del “establecimiento de bares, restaurantes o centros comerciales en el área anteriormente definida”.
La suspensión cautelar también apunta contra las disposiciones de la ordenanza referidas a las condiciones para edificar en la zona “F” (denominada “frentista” del río Suquía). Esto, teniendo en cuenta que, según la demanda, ahora “será posible que haya ‘un murallón de edificios a escasos metros de la reserva, desde la Av. de Circunvalación hasta Villa Warcalde’, lo que afectará al “río [Suquía] como corredor de vientos”, según la resolución del TSJ.
Para admitir la ADI, el TSJ tuvo especialmente en cuenta que “la posible afectación que se denuncia no se presenta como meramente hipotética o, peor, como la expresión de discrepancias puramente teóricas” con lo sancionado por el Concejo Deliberante en “una área que goza de una especial protección y que, además, se encuentra funcionalmente asociada al río Suquía”.
Los magistrados insistieron en lo mismo: “Dicha RNU no constituye un simple adorno, un decorado o un mero artificio urbano del que el diseño de las grandes ciudades no puede prescindir. Por el contrario, su creación ha respondido al encomiable fin de contribuir a la lucha contra la pérdida de diversidad biológica mediante el reconocimiento jurídico de una red ecológica y de un corredor de conservación”.
Como consecuencia, según el TSJ, “en todo lo que competa a la reserva, lo que debe primar es el enfoque ecosistémico […], sin que las autoridades municipales puedan ver en ello un recorte de atribuciones o una invasión de funciones propias”.
Los jueces recalcaron que, en la presente causa -en principio-, aparecen en colisión disposiciones de dos ordenanzas del mismo nivel normativo. Pero una de ellas (la Ordenanza n.° 11702), además, “es de neto y completo contenido ambiental: creó y estableció las condiciones para el funcionamiento de la RNU”. La otra (una cláusula más bien) se vincula “con la atribución del municipio de establecer planes urbanísticos que, por cierto, no pueden proyectarse en el vacío, en términos ambientales, sino adecuarse a todo el entramado normativo valorativo que impera en la materia”.
Al haber sido admitida la ADI, ahora la Municipalidad deberá contestar la demanda, tras lo cual el TSJ deberá abocarse al estudio de la cuestión de fondo.
