La Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Córdoba tomó la decisión de suspender la subasta electrónica que tenía como objetivo la implementación de una plataforma de movilidad para autos con chofer. La operación, que estaba programada para el 10 de diciembre, tenía un presupuesto oficial de $582.640.000.
Esta decisión se produce en un contexto de incertidumbre legal sobre la operación de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi en la ciudad.
Altas fuentes de la Municipalidad informaron a La Voz que la suspensión se debe a que se espera en el corto plazo una definición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre este tema. En el Palacio 6 de Julio creen que el fallo del TSJ ratificará lo que ya planteó la Cámara 2ª Contencioso-Administrativa, que emplazó al municipio a dictar una ordenanza para regular el servicio.
El conflicto legal entre la Municipalidad y Uber
El debate sobre la legalidad de Uber en Córdoba lleva ya varios años. En 2023, la Cámara 2ª Contencioso-administrativa falló a favor de Uber y le dio a la Municipalidad 30 días hábiles para regular los servicios de transporte de autos con chofer. La Municipalidad apeló esta decisión y la causa llegó al TSJ.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un dictamen en noviembre pasado en el que sostiene que Uber no puede operar en la ciudad porque el servicio público de autos de alquiler con chofer ya cuenta con su propia regulación, y Uber no se ajusta a esa normativa.
Sin embargo, este dictamen no es vinculante y el TSJ aún no emitió su fallo definitivo. Las autoridades municipales creen que esto sucederá antes de fin de año.
El proceso judicial se había iniciado con una acción de amparo promovida por la Municipalidad de Córdoba en contra de Uber. El objeto de esa acción fue que se ordene a los asociados de la app abstenerse de hacer operativa dicha aplicación y a su utilización para la contratación de viajes en vehículos con chofer en la ciudad de Córdoba, bloqueando su uso en el polígono geográfico de la ciudad de Córdoba. También se solicitó que esa medida se haga extensiva a cualquier otra aplicación con similares propósitos.
En ese contexto es que se dicta una medida cautelar primero y luego un auto que ordena a la Municipalidad a adoptar medidas para reglamentar la situación del servicio de Uber.
La Municipalidad de Córdoba apeló y la Cámara interviniente entendió que existe una omisión constitucional relativa de carácter legislativo o reglamentario para la implementación operativa y práctica de la ordenanza 12.859 en toda la dimensión actual de los servicios de transporte de autos con chofer. El municipio volvió a apelar, y espera la definición del TSJ.
La estrategia de la Municipalidad de Córdoba
Las últimas administraciones municipales vienen siendo refractarias a la regulación de las aplicaciones de viajes. La intendencia de Ramón Mestre (Unión Cívica Radical) sancionó el actual marco regulatorio del transporte en autos con chofer que las prohíbe.
Con Martín Llaryora como intendente, la estrategia no varió sino que se profundizó, ya que se sancionó una ordenanza que multiplicó por tres los montos de las sanciones contra los conductores que usan estas plataformas para conseguir viajes.
Y desde que asumió Daniel Passerini, se intensificaron los controles sobre Uber, Cabify y Didi. Entre enero y principios de octubre de 2024, la Secretaría de Movilidad sancionó a 3.683 vehículos por prestar un servicio ilegal.
“Uber municipal”
Además de los controles, la Municipalidad planeaba lanzar su propia aplicación de transporte, que estaría disponible únicamente para taxistas y remiseros.
La aplicación, que se anunció en abril de 2023, se encontraba en fase de desarrollo y ya contaba con un prototipo en funcionamiento. La subasta electrónica suspendida tenía como objetivo contratar a una empresa para la implementación, desarrollo evolutivo y operación de la plataforma.
Entre las principales funcionalidades de la plataforma se destacaba un sistema de monitoreo en tiempo real, que permitiría a las autoridades y al personal de control observar la ubicación y el estado de los vehículos habilitados. La plataforma también debía tener un botón antipánico para los conductores y una alerta de zona peligrosa.
Otro componente de la plataforma era el sistema de tarifado automático, que calcularía el costo del viaje en función de la distancia y la duración del recorrido, respetando los valores establecidos, como la bajada de bandera y la ficha. Este módulo también permitiría recalcular el costo del viaje en caso de cambios en el destino o de finalización anticipada, con prioridad en la ruta más corta.
La plataforma debía disponer las opciones de pago en efectivo y mediante plataformas digitales.
La primera subasta tenía fecha para el 7 de noviembre pasado. Luego, se agregó una nueva fecha en diciembre, hasta que finalmente se decidió dejarla sin efecto. Tenía asignado un presupuesto de casi $ 600 millones.
Se espera que el fallo del TSJ defina el futuro de la aplicación municipal y marque el camino a seguir para la regulación del transporte en la ciudad.
El avance de la regulación de “apps” en otras ciudades
Mientras tanto, otras ciudades de la provincia ya han avanzado en la regulación de las plataformas de transporte. Villa Allende se convirtió en la primera ciudad en aprobar una ordenanza que regula aplicaciones como Uber, Cabify y Didi. La normativa, que entró en vigencia en noviembre pasado, establece requisitos para los conductores y las plataformas, y obliga a las empresas a pagar tributos municipales.
Río Cuarto también está trabajando en un proyecto de ordenanza para regular los servicios de taxis, remises y aplicaciones de transporte como Uber. La iniciativa busca modernizar el sistema de transporte y garantizar la seguridad de los pasajeros, estableciendo una tarifa unificada para taxis y remises, un registro de conductores y empresas, y la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para las plataformas.
