Elkin Velásquez es director regional de ONU-Hábitat para América latina y el Caribe. Urbanista de origen colombiano, lidera desde hace más de una década los programas de Naciones Unidas vinculados con vivienda, planificación territorial y desarrollo urbano sostenible en la región.
En esta entrevista, Velásquez reflexiona sobre los aprendizajes que dejó la pandemia en materia de hábitat, la necesidad de que los Estados recuperen su rol en la producción de vivienda social, y el vínculo entre urbanismo, clima y derechos. También destaca experiencias relevantes en ciudades como Bogotá, Santiago y Ciudad de México.
–¿Qué balance deja la etapa postpandemia desde la mirada del hábitat social, según ONU-Hábitat?
–La pandemia nos permitió aprender y reflexionar sobre muchas cosas. En distintas discusiones con expertos de la región, identificamos cuatro elementos fundamentales para la recuperación: casa, conectividad, comunidad y cuidado. Pero en realidad, si lo pensamos bien, eso no era nuevo. Lo que sí hubo fue una mayor sensibilidad hacia la importancia de la vivienda. Recordá que en ese momento se decía “quédate en casa”, pero mucha gente no tenía una. Eso puso en el centro la discusión sobre el acceso a una vivienda adecuada. Hoy constatamos una crisis mundial de vivienda: no hay acceso suficiente, ni calidad, ni asequibilidad. Porque la vivienda no son solo cuatro paredes y un techo; debe tener servicios básicos y, sobre todo, ser accesible económicamente.
–En Argentina, y seguramente también en otros países, hubo décadas en las que el Estado promovía activamente la vivienda social. Ese rol se ha ido perdiendo. ¿Cómo analiza esa retirada del Estado?
–Eso responde a una cuestión clave: el factor que más incide en el costo de la vivienda es el suelo. Si el suelo es caro, la producción de vivienda para sectores vulnerables se vuelve inviable. Entonces necesitás una regulación adecuada para que el suelo tenga un precio acorde, que permita escalar la producción de vivienda social. Y eso solo lo puede hacer el Estado, a través de instrumentos de planificación urbana y de gestión del uso del suelo. Hay un principio esencial, consagrado por la Nueva Agenda Urbana y presente en muchas constituciones de la región: la función ecológica y social del suelo. El suelo no puede estar únicamente al servicio de la especulación; debe acompañar el desarrollo social y económico, sin generar impactos negativos sobre los recursos naturales o el clima.
–En muchos países de la región, incluida Argentina, la intervención estatal volvió a ser objeto de críticas. Incluso se promueve un Estado más retirado.
–A lo largo de la historia hay ciclos. Las sociedades, en perspectiva histórica, van adaptando su caja de herramientas para responder a las necesidades de desarrollo. Lo que suele ocurrir en los Estados más maduros es que se combinan visiones conservadoras, más ligadas al orden o a la seguridad jurídica, con otras más innovadoras, que buscan adaptarse al cambio. Como decía Marcelo Bielsa: uno planifica el partido, pero después el árbitro pita y los jugadores se mueven. Entonces hay que adaptarse. Las ciudades también cambian, y hay que innovar constantemente en políticas públicas. Lo clave es no perder de vista el objetivo de fondo, que en Naciones Unidas resumimos así: no dejar a nadie atrás. Las políticas de vivienda también deben tener ese propósito.
–¿La vivienda impacta en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible además del acceso al hábitat?
–Totalmente. Cuando se desarrolla una política de vivienda adecuada, tenés impactos positivos en varios objetivos de desarrollo sostenible: reducción de la pobreza, empleo digno, acceso a servicios. La vivienda bien planificada contribuye incluso a la gestión climática, que es uno de los temas centrales de esta conferencia. ¿Qué significa una buena gestión climática? Construir barrios y ciudades menos vulnerables a los eventos hidrometeorológicos que se intensifican con el cambio climático. Es un concepto muy ligado al de resiliencia.
–Ese concepto viene de la psicología, pero se usa mucho en urbanismo.
–Así es. Resiliencia es la capacidad de recuperarse. Una anécdota: los que venden tapetes también usan el término, porque las cerdas del tapete que se levantan después de ser pisadas se consideran resilientes. Es una manera de explicar el concepto de forma sencilla. También lo usan quienes diseñan políticas urbanas. Por ejemplo, con el Banco Mundial y la Cepal analizamos que, dentro de los 12 factores que determinan la pobreza multidimensional, la inversión en vivienda tiene el mayor impacto positivo sobre los demás. Es decir, cuando invertís en vivienda, reducís pobreza, mejorás la gestión climática, potenciás la inclusión social. Es rentable social y económicamente.
–¿Cómo deberían financiarse esas políticas de vivienda social?
–Hay fórmulas conocidas, como el ABC: Ahorro, Bono y Crédito. Se incentiva a que la familia ahorre una parte, el Estado aporta un bono o subsidio, y el resto se complementa con un crédito, según la capacidad de pago. Eso permite armar políticas a largo plazo. Pero además hay que intervenir a tiempo. Si no planificás con anticipación, la informalidad te gana. Aparecen los urbanizadores piratas, que no planifican ni respetan normas. Y eso no ocurre solo en villas o favelas: también en zonas caras, donde se construyen viviendas sin planificación, fuera del marco legal.
–¿Hay experiencias destacadas hoy en América Latina que marquen un camino en políticas de vivienda social?
–No hay una ciudad ideal ni una bala de plata. Lo que hay son buenas prácticas, experiencias exitosas que en determinado contexto funcionaron muy bien. Si las conectás todas, quizás te acerques a una ciudad ideal. Mencionaste Medellín, que hizo cosas muy relevantes. Pero también hay ejemplos actuales. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha desarrollado políticas enfocadas en la emergencia habitacional, especialmente en barrios vulnerables del Gran Santiago y otras ciudades. En Bogotá, se implementaron las “manzanas del cuidado”, que integran vivienda con servicios para las cuidadoras. Son centros donde una madre puede, por ejemplo, lavar la ropa de sus hijos en instalaciones comunitarias mientras se capacita en un oficio, y sus hijos están cuidados en otra sala por personal especializado. Todo en proximidad con su hogar. Eso ahorra tiempo, mejora capacidades y calidad de vida. Es un enfoque integral.
–¿Y en Ciudad de México?
–También hay avances notables. Allí se crearon las “Utopías”, unidades técnicas y operativas para la inclusión y la atención social. Se iniciaron en Iztapalapa y ahora se están expandiendo como política de toda la ciudad. Son espacios con equipamiento para deporte, atención en salud, recreación, capacitación. La idea es que la ciudad no solo ofrezca vivienda, sino que garantice el acceso a derechos. En América Latina lo llamamos derecho a la ciudad. Eso implica no solo habitar un espacio, sino vivir plenamente la ciudad: acceso a empleo, servicios, salud, educación, espacio público y alimentación.
–¿Cuál sería entonces el desafío principal?
–Pensar la vivienda no como un objeto aislado, sino como parte de un ecosistema urbano. Construir barrios, no solo casas. Y hacerlo con visión de equidad, sostenibilidad y proximidad. Con cuidado, en todos los sentidos de la palabra.
