Lara Godoy es la primera y única mujer trans que trabaja en la Justicia Federal de Córdoba. Su primer empleo formal llegó a través de la gestión del fiscal Enrique Senestrari quien aprovechó que tuvo una vacante en su oficina y consideró oportuno incluir a una persona trans a su equipo de trabajo.
Lara tiene 41 años y a través del cupo laboral trans pudo acceder a un puesto en el sector público. Su militancia por los derechos de esos grupos le facilitó construir redes.
En la Fiscalía se desempeña en el área de instrucción de causas de trata de personas.
Actualmente los juzgados federales 1, 2 y 3 de la ciudad de Córdoba, así como los de Río Cuarto, Bell Ville, San Francisco y Villa María no tienen ninguna persona trans empleada. Lo mismo sucede en la Defensoría Pública y en la Cámara Federal cordobesa.
“Muchos funcionarios que tienen vacantes deberían seguir la iniciativa de Senestrari y emplear a personas trans en sus áreas de trabajo”, expresó Godoy.
Para el fiscal Senestrari, la incorporación de Lara fue un gran aporte a su equipo. “Más allá de su calidad de persona, es una gran trabajadora y nos abre los ojos sobre temas que no teníamos conocimiento”, advirtió.
“Después de más de 20 años como trabajadora sexual, puedo aportar otra visión a la forma de investigación del delito de trata”, indicó Godoy
Para Lara es su primer empleo formal, pero aún es un contrato de locación de servicios.
Sobre eso, Senestrari sostuvo que la intención es que pronto pueda revertirse. “Buscamos que Lara pueda tener plenos derechos laborales lo antes posible”, dijo.
La Justicia provincial da sus primeros pasos
En el Poder Judicial de la Provincia, a través del Acuerdo Reglamentario 1786 se elaboró un registro único de aspirantes travestis, transexuales y transgénero que entró en vigencia en octubre pasado.
Hasta febrero se habían inscripto siete personas para cubrir puestos laborales, cinco de ellas de la ciudad de Córdoba, una de Río Tercero y otra de Bell Ville.
La Justicia provincial de Córdoba les exige, como a otros empleados, que sean mayores de edad y haberse graduado de la carrera de Abogacía de nivel universitario con título oficial o ser estudiante regular o libre de dicha carrera con al menos seis exámenes finales aprobados.
