Greenpeace detectó que entre enero y junio de 2025 se deforestaron ilegalmente 31.000 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero y Chaco.
La cifra surge de un relevamiento realizado por la organización ecologista mediante la comparación de imágenes satelitales, y equivale a una superficie similar a una vez y media la ciudad de Buenos Aires.
Desde la organización ecologista advirtieron sobre la gravedad del avance del desmonte y reiteraron su pedido para que estas acciones sean consideradas delitos penales.
Del total de hectáreas afectadas en los primeros seis meses del año, 22.315 corresponden a la provincia de Santiago del Estero y 8.685 a la provincia de Chaco. Ambas jurisdicciones ya habían sido señaladas en informes anteriores como zonas críticas por la pérdida acelerada de bosque nativo.
“Es evidente que hay complicidad de los gobiernos provinciales. En Santiago del Estero se autorizan desmontes para ganadería donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite, mientras que en Chaco no se controla lo suficiente para hacer cumplir el fallo de la Justicia que suspendió los desmontes”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización también cuestionó la falta de eficacia de las sanciones económicas como herramienta de disuasión frente a los desmontes ilegales.
“Las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas”, indicó Giardini.
A pesar de los compromisos asumidos a nivel internacional, Argentina continúa registrando niveles alarmantes de deforestación, sobre todo en el norte del país.
En 2021, durante la Cumbre Climática de Glasgow, el país firmó el compromiso de alcanzar la deforestación cero para el año 2030. Sin embargo, desde entonces no se registraron mejoras sustanciales en los controles ni en la preservación de los bosques nativos.
Según Greenpeace, los desmontes generan impactos profundos y multidimensionales, tanto ambientales como sociales. “La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, penalizando esa destrucción”, agregó Giardini.
Cómo es la situación de Córdoba
Sobre la situación en Córdoba, el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace señaló a La Voz que en la provincia queda entre un 3% y un 5% del bosque nativo original que hubo hace un siglo.
Informes de investigadores marcan que en buen estado de conservación no supera el 3%.
Alertó sobre el avance de la ganadería en el norte cordobés, el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas y la falta de respuesta suficiente ante los incendios, cada vez más frecuentes.
“En el norte de la provincia de Córdoba se ha producido un avance de la ganadería sobre el bosque nativo”, explicó Giardini, quien también apuntó contra municipios que aprueban emprendimientos inmobiliarios en zonas donde la Ley de Bosques lo impide.
“Se ha visto la aprobación de barrios cerrados que han implicado desmontes, en algunos casos inclusive donde la ley no lo permite”, señaló, principalmente para la región de Sierras Chicas.
El referente ambientalista remarcó además que los incendios forestales son tal vez el principal problema hoy en Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis climática contribuye a agravar ese fenómeno.
En ese marco, pidió fortalecer el sistema de prevención y respuesta rápida ante focos de fuego para cuidar el poco bosque nativo que queda.
“A los pocos montes que le quedan a Córdoba sería muy importante que los cuiden y protejan”, expresó Giardini.
Córdoba tuvo su mayor tasa de desmonte en las dos décadas anteriores.
Campaña por una Ley
La organización ambientalista lanzó además una campaña para exigir la sanción de una ley que penalice la destrucción de bosques y los incendios forestales.
A través de la plataforma votaporlosbosques.org, Greenpeace convocó a la ciudadanía a sumar su apoyo. Hasta el momento, más de 267.000 personas participaron.
La propuesta busca convertir el desmonte ilegal en un delito penal, con penas que reflejen la magnitud del daño ambiental y que no puedan ser eludidas mediante recursos administrativos o económicos.
