Volvió el frío. La temperatura tuvo nuevamente marcas cercanas al bajo cero. Y donde más se sintió el espesor del invierno fue en la calle, que lució más de 400 personas sin un lugar fijo para vivir.
Se trata de una cifra que, por lo general, todos los años muestra un incremento. Sin embargo, 2021 mostró una leve disminución en comparación con los tres años anteriores. En 2018 hubo 426 personas; en 2019, unas 476, y en 2020, el total fue de 715.
Los datos pertenecen al relevamiento anual de personas en situación de calle que realiza el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad de la Defensoría del Pueblo. El documento de más de 70 páginas al que tuvo acceso La Voz analiza de manera pormenorizada el fenómeno. Se trata de un informe que de manera ininterrumpida elabora, desde hace 12 años, el equipo del ombudsman Mario Decara.
Relevamiento anual
El relevamiento se realiza cada año en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Esta edición incluyó segmentos de barrios, también céntricos, como General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba y Cofico. Los datos relevados corresponden a los meses de mayo y de junio pasados.
En relación con el cuadro conceptual desde donde parte el informe, Decara define a las personas en situación de calle como los ciudadanos que no tienen resuelta su estadía en una vivienda.
“Personas en situación de calle, que pernoctan en lugares de la vía pública en el microcentro de la ciudad de Córdoba o en refugios, albergues y hogares gratuitos, tanto del Estado como de la sociedad civil”, caracteriza.
Por ende, se trata de aquellas personas que pasan la mayor cantidad de tiempo viviendo en la vía pública. Allí comen, trabajan y buscan solucionar las distintas situaciones cotidianas.
A su vez, la Municipalidad de Córdoba sostiene el programa Personas en Situación de Calle. Lo hace desde comienzos del año 2019 y depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia del Gobierno de la ciudad. En este sentido, el informe de la Defensoría destaca que nueve de cada 10 personas en situación de calle cuentan con un lugar acondicionado para dormir, para alimentarse y para asearse.
La población que no dispone de una vivienda recibe una asistencia de parte del municipio que le permite acceder a un sitio donde dormir, entre otras soluciones. No obstante, explicita el informe, aproximadamente 40 personas pernoctan en la calle.
Acciones sostenidas
Este medio había contabilizado, en el pasado junio, 270 personas en situación de calle. Y el área Social de la Capital aseguró que a la fecha registran 340 personas alojadas y alcanzadas por las intervenciones municipales.
“Del dato que surge en los alojamientos del Estado surge el interrogante sobre qué sucederá con las personas, hoy contenidas temporalmente en estos espacios, luego de la segunda ola de contagios por Covid y la apertura de nuevas flexibilizaciones o el cambio de estación climática. El riesgo latente es que retornen nuevamente a la vía pública”, planteó la Defensoría.
Sin embargo, el municipio prevé acciones constantes. “Un 50 por ciento de la población actual es gente que nunca tuvimos ‘bajo programa’. Se trata de gente nueva, que duplicó la cantidad. Muchas familias han sido desalojadas a posteriori del aislamiento social, preventivo y obligatorio y hoy están en la calle”, explicó la subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva, Liliana Montero.
Sobre este incremento repentino, la funcionaria señaló que es posible atender a la nueva demanda gracias al trabajo que el intendente de la ciudad, Martín Llaryora, le encomendó a su área: “Mucha gente fue reubicada, revinculada con su familia, o se insertó en algún programa laboral, como los Servidores Urbanos”, explicó.
Por su parte, el informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que hay una disminución de la población en los albergues transitorios. “En 2018 y en 2019, la población en situación de calle hogarizada fue de 212 y de 231, respectivamente. Pero, por la implementación de las medidas sanitarias de prevención, están funcionando al 60 por ciento de sus capacidades. Además, deben afrontar dificultades económicas, de escasez de recursos humanos y de materiales para gestionar sus instituciones en un escenario de nuevas exigencias y desafíos presentados por la pandemia”, destaca.
Salud, el drama predominante
De acuerdo con el relevamiento de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de la población en situación de calle padece, al menos, un problema de salud. En la mayoría de los casos, es algún tipo de enfermedad crónica, que implica la necesidad de un tratamiento sostenido en el tiempo y con diversas especialidades médicas.
Durante las entrevistas, algunos reconocieron situaciones de consumo de sustancias, previas o durante la situación de calle. Quienes están consumiendo dijeron que lo hacen “como una manera de sobrellevar las condiciones en las que viven”.
En cuanto al acceso a las instituciones de salud, aproximadamente un tercio manifestó haber tenido inconvenientes para acceder a los hospitales públicos y para encontrar solución a su problema de salud.
Algunas de las personas entrevistadas expresaron que en el último año les ha resultado aún más difícil acceder a las instituciones sanitarias. Esto responde a diversos motivos. Por un lado, sostiene el informe, las instituciones públicas de salud a las que acuden se han encontrado afectadas a la atención de casos de Covid-19 de manera exclusiva, y otras han restringido su atención en los momentos de aumento de casos y de ocupación de camas críticas.
Otro motivo que reconocieron los entrevistados responde al riesgo que implica acercarse a los establecimientos de salud. Al poseer una enfermedad crónica, se considera un factor de riesgo ante las probabilidades de contagio de coronavirus. Asimismo, el riesgo de contagio los llevaría también a acudir menos a los centros de salud.
Otro dato significativo que presenta la publicación es que uno de cada dos personas en situación de calle mantiene contacto con algún familiar.
Atención prioritaria
En el Palacio 6 de Julio, la atención a la población en situación de calle se convirtió, desde el último cambio de gobierno, en una bandera propia. Liliana Montero lidera el programa de atención a los sin techo junto con el secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Capital, Raúl La Cava.
Fue Montero quien aseguró, consultada por este medio, que se realizó “un incremento de la dotación de recursos humanos para esta área de atención por un plazo de tres meses”. Lo que busca la subsecretaria es generar recursos para una situación que espera superar en el corto plazo, pero que reconoce que es “compleja y dinámica”.
“El objetivo es reubicar a la gente. Para eso se incorporó a nuevos profesionales de la psicología, del trabajo social y del derecho”, explicó.
Ante la pregunta sobre aquellas personas que por distintos motivos se niegan a recibir asistencia por parte del municipio, Montero explicó que en la actualidad hay 21 personas judicializadas. “Durante la primera ola de la pandemia, no se había judicializado a nadie. Luego tuvimos una serie de reuniones con el área de Derechos Humanos del Poder Judicial y se fijaron algunos criterios. Se judicializan los casos en los que hay riesgo para las personas o para terceros”, especificó.
La Defensoría del Pueblo destacó en su informe: “Entre los motivos por los cuales desisten de pernoctar en las calles y no asistir a los albergues, se mencionan el robo de pertenencias; las discrepancias entre ellos; conflictos interpersonales; la imposibilidad de consumir alcohol y drogas; no poder tener a sus mascotas con ellos”.
Vacunación
Sobre la atención a la salud de esta población, Montero destacó que hace 15 días se realizó una campaña de inmunización contra la gripe y otros padecimientos. “No bien se cumpla con el tiempo de ventana, para avanzar en la vacunación contra el coronavirus, se va a comenzar con la campaña. Estipulamos que a partir del lunes comenzará la primera etapa”, comentó la subsecretaria.
