Es una de las voces más reconocidas en el país en el abordaje de la ley en relación al trato con los animales. Graciela Fayt es directora del Instituto de Derecho Animal, dentro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. La hija del exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt es también proteccionista. Y suma advertencias sobre las pautas culturales y legales en el vínculo con los animales en Argentina.
Plantea, por ejemplo, que los perros y gatos son vistos por muchos como “descartables” por la superpoblación que existe. Denuncia falta de políticas públicas en Córdoba y cuestiona que los colegios veterinarios tengan incidencia en la cantidad de castraciones gratuitas que puede hacer el Estado. Y opina que tras las actuales campañas por una “tenencia responsable” y en contra del “abandono”, se esconden los promotores del “negocio del chipeado”.
–¿Hay que agravar las penas ante los casos de crueldad animal?
–No pasa tanto por las penas. En Córdoba no se han tomado las acciones que deben tomarse. Hay un modelo de crueldad. Córdoba siempre se ha caracterizado por la falta de políticas públicas adecuadas para perros y gatos. Y atrás de la omisión siempre hay un sector que se beneficia. Cuando el Estado trabaja bien, crea un modelo de respeto al animal. Y empiezan a cambiar conductas. Eso se está haciendo en ciento y pico de comunidades con resultados concretos, como en Almirante Brown, donde llevan castrados casi 300 mil animales. En Córdoba, sólo habría casos aislados de crueldad si hubiera un servicio público de atención primaria veterinaria (gratuito), si se castrara la cantidad de animales que hace falta para regular la población. La gente que no puede pagar una castración ahoga a los animales o los tira. No quiere decir que no pase en otro lado, pero tenemos videos grabados de Córdoba, chicos que juegan a la pelota con un cachorro o nenas que matan un gato. En seis o siete años, una hembra puede producir más de cinco mil cachorros, la reproducción es exponencial. Hay crueldad porque existe la idea de animales descartables.
–¿En qué se traduce esta falta de política que denuncia?
–Si se ven muchísimos perros en la calle, en tantos pueblos y ciudades, significa que el servicio no existe o es insuficiente. No hay servicio público veterinario ni una política pública para controlar la población. Sólo a cuentagotas. Y hay que ver por qué no existe. Yo creo que tiene que ver con la corporación veterinaria. Todo esto se traduce en cantidades de animales en las calles, animales enfermos y también proteccionistas que tienen más de los animales que deberían tener. Se traduce en accidentes de tránsito, en peleas de los perros (machos no castrados salen porque olfatean una hembra y pueden morder); en riesgos de epidemias porque las deposiciones de los animales en la calles tienen parásitos. Además, se afecta el ambiente. Y los chicos de los sectores vulnerables que conviven con los animales pueden tener parásitos que producen desde ceguera hasta déficit cognitivo. ¿Hay derecho?
–¿Por qué apunta contra los colegios veterinarios?
– Los colegios veterinarios son organismos privados de derecho público que cubren las necesidades de sus asociados. Lo público lo tiene que regir el Estado, pero esta corporación ha logrado manejar el tema animal. Hay documentos del Colegio Veterinario que dicen que “el servicio público es un competidor desleal”, y lo peor es que ellos mismos lo manejan directa o indirectamente. Han logrado hasta una resolución nacional del Senasa sobre la trazabilidad de la ketamina (anestesia esencial para las castraciones) y los formularios para pedirla y poder comprarla los entregan ellos. Hay una resolución del Colegio Veterinario de Córdoba, la 5.646 de noviembre de 2009, que muchos toman como guía y es un compendio de todo lo que conduce a la desprotección de la comunidad; es discriminatoria y atenta contra la salud pública. Cuando esa corporación habla de ‘abandono’ de lo que está hablando en realidad es de proponer el ‘chipeado’, que terminaría siendo un impuesto al perro. Se está promoviendo un gigantesco negocio en el que el Estado debe comprar los chips y las máquinas lectoras, entregarlos a los colegios veterinarios gratuitamente y crear una ley que obligue a la gente a ponerle un chip a cada animal que tenga y registrarse como dueño. Esto, donde se trató de implementar, sólo produjo más abandono.
–Se habla mucho de “tenencia responsable”.
–Eso es una burla y un descaro. Son palabras adoradas por la corporación veterinaria. Cómo se puede obligar a la gente a tener los animales sanos si no hay servicio veterinario gratuito. ¿El que no puede pagar un veterinario es un irresponsable? En la escalada de falsedades algunos municipios tienen un centro, pero ningún medio de transporte traslada a una persona con un animal. Otros usan estudiantes para castrar. ¿Por qué no experimentan en consultorios privados? El servicio público tendría que ser profesional, accesible, no tener trabas. Están violando el derecho a la salud y al ambiente sano, además de la Constitución y la ley de municipios.
Los cambios en la ley que ahora debate el Congreso
Más de 150 funcionarios, de diferentes ciudades, participaron días atrás en Río Cuarto de jornadas de debate sobre el problema de la superpoblación de perros y gatos.
“Fue muy positivo porque muchos pensaban en el chipeado, en multas y en refugios, y pudieron darse cuenta de que esas políticas públicas no son correctas para el control de la fauna urbana, y que en realidad perjudican a los animales”, apuntó Natalia Borla, una de las organizadoras, conductora del programa Sentimiento Animal.
Para las ONG en Red ligadas a asociaciones proteccionistas, la clave no pasa por agravar penas ni por “el negocio de chipear” perros, sino por “políticas de Estado de cuidado de la salud pública y animal”, con enfoque preventivo.
Sugieren que los municipios más cerca de la solución son “los que han reducido la superpoblación con un servicio público de castraciones masivas, constantes, gratuitas, abarcativas y sistemáticas”.
Mientras, en la Cámara de Diputados nacional se aprobó días atrás un dictamen de ley que agrava penas por maltrato animal. El proyecto será tratado en agosto y, de resultar aprobado, pasará al Senado, para obtener la media sanción definitiva y ser ley.
La ley vigente no se modificó en los últimos 35 años y el proyecto prevé imponer penas más severas, de hasta seis años de prisión para casos de asesinato o mutilación.
Del debate en el Congreso participaron organizaciones de protección a los animales. El dictamen incorpora nuevas figuras como el encierro, el abandono y el desamparo de animales, así como la prohibición de usarlos para eventos públicos.
