Atropellar a alguien y dejarlo abandonado a su suerte es un grave delito y una peor falta moral. La mala noticia es que es mucho más frecuente de lo que se conoce. En lo que va del año, en la ciudad de Córdoba hubo 131 casos de conductores “fugados”, como los cataloga la Dirección de Accidentología Vial de la Policía de Córdoba, que es la que recibe el encargo de investigar cada uno de estos siniestros.
En los últimos cinco años, hubo 584 casos con conductores que atropellaron y huyeron, un número que representa un 4,3% de los 13.570 siniestros viales con lesionados en Córdoba capital. Este año, la relación da bastante por encima: los 131 casos son el 6,3% de los 2.082 siniestros con alguna víctima en el distrito.
“Quien actúa de este modo sólo agrava su situación, porque tenemos todos los casos de los últimos cinco años esclarecidos e identificados a los autores”, remarcó el comisario mayor Augusto Lavalle, director de Delitos Complejos de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía.
Uno de los últimos casos que parecía difícil de resolver era el atropellamiento de un hombre en la avenida Circunvalación, que había cruzado en estado de ebriedad y se había caído solo en el pavimento, y fue arrollado por un vehículo. Los peritajes sobre su cuerpo arrojaron una prueba clave: una pequeña pieza de plástico del guardabarros del auto que lo atropelló. La investigación fue haciendo anillos desde el lugar del suceso, analizando cámaras y tomando testimonios, hasta dar con un hombre que tenía en su casa un auto con un daño en el guardabarros. Como en un rompecabezas, la pieza encajó a la perfección. “En este caso, el hombre nunca se dio cuenta de lo que había ocurrido, para él había atropellado en medio de la lluvia a un perro”, ejemplificó el comisario Martín Santander, de Accidentología Vial.
Una parte del espejo retrovisor que quedó en el lugar del atropellamiento también fue clave para identificar la camioneta y atribuir responsabilidades al empresario Juan Manuel Beltrán, por un siniestro que ocurrió en noviembre del año pasado en el camino Intercountries, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las cámaras son importantes apoyos para la investigación de este tipo de sucesos, pero no es lo único. Lavalle destaca que se hace “trabajo policial investigativo de base”, caminando el territorio, buscando testimonios y chequeando información. No es todo tecnología.
El problema para quien atropella y huye es que es posible que agrave una situación que puede catalogarse como lesiones culposas –u homicidio culposo, si tiene consecuencia fatal– a un abandono de persona y hasta un homicidio simple por dolo eventual, si se dan circunstancias que podrían hacer suponer que debió representarse las posibles consecuencias de su conducta y no hizo nada para evitarlo, algo que se empieza a dar con mucha frecuencia en decisiones judiciales que analizan siniestros fatales con conductores alcoholizados o que manejan a altas velocidades, sin respetar indicaciones de tránsito.
Laura Pedernera, secretaria de Criminología y Seguridad Vial, señala que un caso como este genera una multiplicidad de consecuencias sociales y económicas, que exceden la responsabilidad civil y los daños. “En una evaluación integral, sin considerar que haya alguna pérdida de una vida humana, se generan grandes gastos hospitalarios, la Policía trabaja días enteros para investigar y esclarecer el hecho, se deben hacer costosos peritajes y ocupar tiempo en los tribunales”, graficó la funcionaria.
Lo que parece motivar a quien huye es tratar de salvarse de un resarcimiento civil oneroso. Esto se agrava en contextos de crisis, en los que muchos vehículos dejan de pagar los seguros, entre ellos, el obligatorio por responsabilidad civil contra terceros. Según estimaciones del productor de seguros Daniel Layús, cerca de un 50% del parque automotor actual en Córdoba circula sin cobertura.
“Como no pagás seguro, no tenés cubierta la responsabilidad civil, creés que vas a evadir el problema yéndote. También ocurre cuando manejás un auto que no es tuyo o lo hacés alcoholizado, porque aun con seguro no te va a cubrir. Lo que tiene que saber la gente es que es peor no prestar asistencia a una persona que lo puede necesitar, y que, con más o con menos trabajo investigativo, lo vamos a ubicar”, advirtió el comisario Santander.
Para Pedernera, la investigación de los siniestros, con la atribución de responsabilidades, es la última parte de un sistema de prevención que empieza en los colegios, con la adquisición de valores y compromisos con el respeto por la vida.
De eso se trata. “Más que un problema legal, ¿qué dice de vos dejar a una persona atropellada? Es un problema moral, que incluso hemos visto que daña las relaciones familiares y de amistad”, reflexionó Pedernera.
En apoyo de esta afirmación, Santander contó un caso que llamó la atención a los investigadores: “A una persona lo entregó la madre. Lo llevó al propio lugar del hecho, apenas lo vio llegar a la casa con el auto chocado y con manchas de sangre”, relató.
En algunos casos, hay consecuencias indeseadas, como la pérdida del trabajo. “Para tratar de ubicar a una persona fugada, tenemos que visitarla donde creemos que la podemos encontrar. A veces, en su trabajo. Cuando el empleador se entera de que lo está buscando la Policía, si está en una relación contractual informal, lo corta. Siempre decimos que las consecuencias de una mala decisión a veces son impredecibles”, aportó, a su vez, Santander.
Investigaciones complejas para cada caso
La secuencia de eventos se inicia generalmente con una llamada al 911. La patrulla es la que primero llega al lugar y hace la primera evaluación del siniestro. Si ocurre una muerte, hay un fugado, hay lesiones gravísimas o hay elementos que permiten suponer que el hecho tendrá alguna trascendencia pública (como que se trate de un vehículo muy llamativo o de alta gama o que haya una persona conocida involucrada), el caso pasa a Accidentología Vial. Cerca de un 40% de los siniestros son derivados para su investigación. Se analizan cámaras y se buscan testimonios. Se resguardan los vehículos involucrados, que deben ser peritados y mantenidos en un depósito judicial hasta que se termine la causa. Se trabaja en coordinación con los seguros y con la Justicia, para determinar los resarcimientos económicos, y se aportan los elementos que se solicitan para definir la libertad o no de la persona acusada. Todo este proceso involucra recursos humanos y materiales, además de ocupar a la Policía y a la Justicia.
