Un nuevo esquema de restricciones acaba de ser anunciado para Córdoba. Como en cada ocasión anterior, genera conformidades y rechazos, hacia una punta y otra de las expectativas de cada sector.
Como en casi todos los gobiernos, definir el alcance de esas medidas genera también en Córdoba la discusión interna entre quienes sostienen una mirada más sanitarista, con foco en la salud y en las alarmantes curvas de los indicadores epidemiológicos, y quienes tienen una mirada más política o una relación más estrecha con los sectores clave de la economía, que buscan que esas restricciones impacten lo menos posible en dichas actividades.
De ese combo surge, de alguna manera, la lista de restricciones anunciadas para al menos dos semanas.
Un ejemplo de esa combinación de miradas es que, desde la perspectiva sanitaria, el cierre de actividades debería ser más pronunciado, para bajar de modo más decidido la circulación de las personas y, con ellas, del virus. Lo último, y que más costó resolver en Córdoba, fue si incluir o no al sector comercial no esencial entre los inhabilitados. Algunos sectores del Gobierno y la mayoría de los intendentes plantearon sus dudas de si, admitiendo las razones sanitarias, se podía garantizar un cumplimento efectivo sobre un sector tan voluminoso. Varios advirtieron el riesgo de una desobediencia que terminara en una desautorización a la medida.
La nueva apuesta, entonces, es que al menos se cumpla efectivamente lo que se exige y anuncia. El confinamiento anterior pasó –y no puede ocultarse– con controles relajados. Se anuncia que este nuevo será más estricto.
La situación sanitaria está en su punto más delicado. Las camas críticas están al borde de no alcanzar. Mientras, se evalúan ya medidas alternativas de extrema emergencia, para evitar ese instante en que se deba elegir para quién hay una cama de terapia (y de vida) y para quién ya no alcanza.
