El Consejo Superior de la Universidad Nacional Córdoba (UNC) tomó la decisión de iniciar una investigación interna tras el sondeo de opinión que llegó el lunes pasado a más de 11 mil casillas de correo institucionales de funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes de la Casa de Trejo.
Si bien la resolución tiene un solo artículo, el debate que se dio en el Superior el pasado martes, tras el envío masivo de la encuesta electoral, llevó varias horas.
La encuesta que indaga sobre la imagen de los principales dirigentes universitarios de cara a la próxima elección de rector, como también sobre las gestiones del gobernador Juan Schiaretti y del intendente Martín Llaryora, sacudió a la política universitaria.
“Disponer que por la Dirección de Sumarios se proceda a instruir sumaria información tendiente a investigar los hechos de que se trata y determinar la eventual procedencia de sustanciar sumario administrativo”, dice el primero de los tres artículos de la resolución que aprobó el Superior.
La investigación estará a cargo del área de informática de la UNC. La pregunta que deben responder es cómo la consultora Pulso Social, que envió el sondeo, se hizo con la base de datos universitaria.
“La obtención de datos personales de los usuarios de la comunidad universitaria, tales como la propia dirección de correo electrónico y la condición de integrante de los padrones de los diferentes claustros, se habría logrado mediante el acceso a la base de datos de esta Casa”, advierte en sus considerandos la resolución.
Encuesta en la UNC
Las autoridades señalaron sobre el incidente que no hubo filtración de datos y tampoco se trató de un ataque al sitio oficial de la Universidad. “No se habría, a prima facie, tratado de un acceso violando el sistema de seguridad, sino mediante el uso de las credenciales de una persona autorizada”, dice la resolución.
La hipótesis principal consiste en que alguien haya tenido acceso a ese listado. La idea de la utilización de inteligencia artificial para recolectar la base de e-mails está prácticamente descartada. Lo mismo que la versión, casi infantil, de una recopilación artesanal de las casillas de correo, una por una.
Hay un detalle que hay que marcar. El grueso de la base de datos que se obtuvo fue de casillas de docentes y de no docentes. Además, la nómina de estudiantes apuntó precisamente a los dirigentes de ese claustro. Es decir, los e-mails apuntaban a un segmento concreto que será clave en la elección del próximo rector a principios de junio.
La resolución dice que “constituye una irregularidad consistente en haber utilizado datos personales cuyo resguardo está a cargo de la Universidad por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25326 o por haber permitido su uso por parte de terceros no autorizados”.
Interrogantes
La pregunta que se abre entonces es si le corresponde a la Universidad hacer una denuncia en la Justicia federal. Ese interrogante se plantearon algunos consiliarios durante la última sesión del Superior.
La Universidad se puso en contacto con la encuestadora Pulso Social, que dirigen Nicolás Meloni y Federico Der-Meguerditchian. Según le confiaron fuentes universitarias a este medio, la firma no reveló quién era el cliente que encargó la encuesta. Y por otra parte, dijo oficialmente que la hicieron para posicionarse.
El gran interrogante en la comunidad universitaria es quién financió el estudio, que hace unos meses tenía un costo que superaba los 100 mil pesos.
