En ocasiones, el lenguaje no alcanza a sintetizar o describir ciertas acciones humanas que anulan cualquier esfuerzo por comprenderlas. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de una mujer acusada de haber entregado a su hija a un hombre para que la violara a cambio de comida.
Los vocales de la Sala B, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, convalidaron el procesamiento dispuesto por el juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, en contra de la madre y el presunto abusador (no se difunden los nombres para evitar que la víctima sea identificada) de una localidad del departamento Río Seco.
Están imputados como coautores de trata de personas con fines de explotación, bajo la modalidad de forzar a una persona a cualquier tipo de unión de hecho, agravado (por mediar abuso de situación de vulnerabilidad y ascendencia –ser su madre- y por amenazas –en el caso del hombre-) y por haberse consumado.
Una historia de horror en el departamento Río Seco
Condicionada por su situación de vulnerabilidad extrema y maltratos, la joven (con discapacidad intelectual) habría sido abusada sexualmente por su padre y por su hermano desde niña, por lo cual residió hasta los 15 años con la madrina de una de sus hermanas.
Los tres años siguientes, hasta los 18 (tiene 19), vivió en residencias de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf). Tras el largo tiempo de desconexión familiar, comenzó a vivir con una hermana, a pocos metros de la casa del padre de la víctima. Para ese tiempo, el abusador ya se encontraba en libertad.
A las profundas vulnerabilidades económicas, afectivas, psicoemocionales y habitacionales, le sobrevinieron las monetarias y de contención que la obligaron a vivir primero con su madre en el campo, para alejarse del padre.
Durante año, la madre, sin embargo, habría encubierto los abusos sexuales que la joven habría sufrido de sus familiares, motivo por el cual, el Juzgado de Deán Funes habría recomendado que la víctima no residiera con su progenitora.
Las hermanas de la chica también habrían estado al tanto de su situación, pero le habrían transmitido que no se involucrarían en el asunto.
La joven relató que cuando estuvo en la casa de su madre, empezó a verse con un muchacho que quiso conocer a su familia. Pero que la madre le transmitió que si el joven iba a su casa tenía que “pagar cosas”, exigencia que provocó una pelea entre ambas, según la investigación a cargo del fiscal N° 1, Enrique Senestrari.
En ese contexto, contó que un hombre, novio de unos 60 años de una de sus hermanas, comenzó a ir todos los días para buscarla especialmente a ella y a llevar comida a la casa. Su madre le insistió con que debía estar con él, a pesar de su negativa ya que la diferencia de edad era muy notoria.
La víctima narró que el hombre la invitó a salir y que tenía intenciones de llevarla a su “casa”, un colectivo.
La madre –siempre de acuerdo al testimonio de la joven- habría redoblado la insistencia para que concurriera a la casa del hombre y que le dijera al joven con el que estaba saliendo que había decido estar con otro.
Finalmente, la joven manifestó que en la “casa” del acusado la habría abusado por primera vez (de muchas), aparentemente a mediados del año pasado. Para reforzar su sometimiento durante varios días a la semana, la habría amenazado con llevarla a la Policía, donde “le pegarían y la maltratarían”, si se escapaba.
Al enterarse, el hijo del acusado y su novia la habrían alentado para denunciarlo. Incluso, la novia del joven la habría acompañado hasta una comisaría de la ciudad de Córdoba antes de ser asistida en el Polo de la Mujer. A raíz de los abusos, quedó embarazada y luego abortó.
Procesamiento y apelación
El juez Sánchez Freytes procesó a ambos en diciembre, medida que fue apelada por las defensas. El defensor de la acusada afirmó que no había pruebas de la existencia de un “entramado económico” vinculado a la supuesta explotación, habiendo cambiado el magistrado la finalidad de explotación por el presunto sometimiento a una unión forzada.
Al respecto, puntualizó que el supuesto “ofrecimiento” que habría realizado su defendida suponía un “contrato” que nunca se pudo probar, ya que esa versión solo fue contada por la víctima.
Por su parte, la defensora del imputado (está con prisión preventiva) argumentó que el supuesto “contrato” entre el hombre y la madre no estaba acreditado, y que tampoco se advertía el motivo económico para la explotación. Consideró además que cualquier “unión de hecho forzada” necesitaba de una convivencia permanente, lo que no se había sado en este caso.
El fallo de Cámara
Los vocales Navarro y Sánchez Torres confirmaron, sin embargo, los procesamientos. “Un sector de la doctrina entiende que el matrimonio o la unión de hecho forzado consiste en un medio para posibilitar y alcanzar el sometimiento a la servidumbre o trabajos forzados, con lo que se produce la cosificación de la persona que es comercializada. En tanto, otros doctrinarios (…) sostienen que la unión de hecho forzada consiste en una causal autónoma de explotación”, analizó Navarro.
Respondiéndole a las defensas, la camarista sostuvo que más allá de lo plasmado en el Código Civil, “las distintas formas de interpretación, sea literal, sistemática, teleológica e histórica, permiten sostener que el concepto de ‘cualquier tipo de uniones de hecho’ en modo alguno exige la convivencia permanente para su configuración” penal.
“La libertad de autodeterminación de la presunta víctima –opinó la vocal- (…) habría sido vulnerada no solamente por el agravamiento de la situación de vulnerabilidad (…), sino que, fundamentalmente, ambos imputados habrían logrado consumar la explotación bajo la modalidad de forzarla a una unión de hecho, a lo que se suma que (…) habría sido sometida a violencia verbal, amenazas y abusos sexuales” por parte del hombre.
Sostuvo que en la causa emergía un “contenido económico”, es decir, un indicio de la existencia de un acuerdo clandestino entre la madre y el supuesto abusador. Ello, señaló Navarro, “no permite descartar” que los alimentos que llevaba el hombre “hubiesen tenido suficiente entidad” para validar ese acuerdo.
“Si a dichas circunstancias (…) se suma la insistencia de (la madre) para que (su hija) accediese a ser pareja (del imputado), resulta razonable colegir que estamos ante indicios unívocos sobre la existencia de un pacto espurio y clandestino con contenido económico”.
“Ambas circunstancias (…) autorizan a colegir que (la madre) tendría una perspectiva o entendimiento en base al cual la vida sentimental de su hija debía supeditarse a los aportes económicos de quien pretenda tenerla con la misma y no a sus sentimientos espontáneos, lo que claramente vulneraría la libertad de autodeterminación de la presunta víctima, en el supuesto de plasmarse en los hechos dicha postura”, razonó.
Su par, Sánchez Torres, concordó con el análisis y votó en igual sentido por los procesamientos.
