La escena que destapó todo fue mínima y brutal a la vez: una empleada de limpieza, en los Tribunales de Río Segundo, vio, a mediados de 2023, a un funcionario judicial que se encontraba agachado, debajo de la bacha del baño de mujeres.
No era un baño público: era un espacio privado del personal. Poco después, al revisar, encuentra una media pegada con un orificio: un artilugio para ocultar una microcámara.
El hallazgo activó una investigación que alcanzó también a los Tribunales de Jesús María y que hoy tiene al exasesor letrado itinerante Ginés Martín Jodar, que alternaba dos días en una sede y tres en la otra del interior cordobés. Está detenido desde diciembre de 2023 y con la causa a las puertas de una definición: si elevarla a juicio o no.
Las afectadas son todas las personas (empleadas judiciales y magistradas) que usaron el baño de mujeres de ambas sedes. Algunas hicieron una demanda por violencia de género ante los juzgados de esas jurisdicciones.
En el caso de Río Segundo, la jueza se excusó y tomó la causa el juez de Alta Gracia, Claudio Lasso, quien analizó el ilícito y consideró autor responsable a Jodar por violencia psicológica y sexual, en modalidad laboral y digital/telemática.
Las imágenes secuestradas de sus dispositivos datan desde mediados de 2021 y hasta fines de 2023.
Por ello, otorgó a las demandantes una licencia de 30 días por violencia de género.
El juzgado de Jesús María determinó lo mismo un tiempo después para las afectadas de esa jurisdicción, con algunas diferencias en lo técnico.
Además, unas 30 de las afectadas instaron acción penal y la causa recayó en la Fiscalía de Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik, quien primero imputó a Jodar por violación de domicilio (entendiendo al baño como un ámbito íntimo), y luego por tenencia y producción de material de pornografía infantil (ya que el baño también había sido usado ocasionalmente por niños y adolescentes).
En este tramo del expediente, hubo un punto de inflexión: el cambio de calificación legal.
En julio de 2025, la Fiscalía de Instrucción amplió y modificó la calificación: incorporó abuso sexual simple (en concurso ideal con violación de domicilio) y lesiones leves reiteradas y lesiones graves (en concurso real), agravadas en algunos casos (por las lesiones psicológicas causadas en algunas víctimas).
La querella de la asesora Ana Pagliano, quien representa a 30 de las víctimas, viene sosteniendo que los hechos deben encuadrarse como abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, con un anclaje doctrinario y jurisprudencial: el precedente “Carignano” del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que fijó que no se requiere contacto físico entre autor y víctima para configurar abuso sexual.
“Las conductas atribuidas al acusado tipifican abuso sexual gravemente ultrajante reiterado. Esa es la calificación que vamos a sostener en juicio. El criterio se apoya en pautas hermenéuticas del TSJ en el precedente ‘Carignano’: el abuso sexual debe interpretarse a la luz de las nuevas tecnologías y no requiere contacto físico ni inmediación para configurar el ‘uso del cuerpo ajeno con connotación sexual’. Aquí el bien jurídico vulnerado es la integridad sexual”, explicó Pagliano.
En pocos meses, Jodar cumplirá dos años en prisión preventiva y se espera que haya una resolución de la fiscalía sobre la investigación penal preparatoria, es decir, si se eleva o no a juicio. El imputado declaró y asumió los hechos para las personas mayores, aunque negó que haya filmado a niños y a adolescentes.
Más allá de la carátula, lo cierto es que el cúmulo de evidencia fue enorme: tras el allanamiento de oficinas y dispositivos, se secuestraron tijeras, medias, pegamentos, una computadora y un celular. Se contabilizaron miles de archivos con imágenes íntimas de usuarias del baño, algunas de ellas, aunque no se ven rostros, son niñas, niños y adolescentes que circunstancialmente usaban ese espacio.
En varias filmaciones, no hay rostros, pero sí planos de partes íntimas y actos de higiene. De allí surge otro dilema: quiénes son víctimas a los efectos penales.
Fuentes cercanas a la causa determinaron que hay al menos 18 hechos incorporados por abuso y lesiones; alrededor de 30 personas instaron acción penal en distintos tramos; y no todas aceptaron ver las imágenes y reconocerse por el impacto emocional que ello implica. Es una causa sensible y compleja en el seno del Poder Judicial.
El reclamo por las licencias
La trama institucional es otra capa de esta historia. En el fuero de violencia de género, el Juzgado de Alta Gracia reconoció la violencia en el ámbito laboral y por ello otorgó las licencias como medida de protección a las víctimas.
Sin embargo, a dos años y medio, las víctimas siguen esperando: la Procuración de la Provincia, a cargo de Mariano Andruet y la Dirección General de Asuntos Judiciales, a cargo de Fernando Adrián Maldonado, apelaron y el tema hoy tramita en la Sala Civil del TSJ –en el caso de Alta Gracia, con recurso directo concedido con efecto suspensivo; en Jesús María, a resolución de Cámara de Familia con proyección al alto tribunal–.
“Es terrible que no hayamos podido acceder a una licencia, cuando quedó demostrada la violencia sexual y psicológica en el ámbito laboral”, dijo María –nombre ficticio–, una de las empleadas afectadas, en diálogo con La Voz.
María accedió a ver las imágenes (no es obligatorio) para ayudar al reconocimiento. “Estuve tres horas viendo imágenes, reconocí a compañeras. Creo que me arrepiento de haberlo hecho. Fue muy difícil. Algunas otras compañeras que lo hicieron salieron muy afectadas”, reconoció.
Y agregó: “En lo personal, lo que más me generó indignación fue el manejo institucional, en el Poder Judicial: para afuera; tienen un discurso de protección de mujeres; y adentro, no desplegaron ni una herramienta para las víctimas. Al contrario, obstaculizan una licencia desde hace dos años. Solo pedimos un trato acorde con lo que sufrimos”.
Otra de las víctimas que accedió a dialogar con La Voz dijo: “Todo este proceso que nos tocó vivir fue muy shockeante, no solo por ser víctimas de una brutal invasión a nuestra intimidad como mujeres, sino también por el hecho de provenir justamente de un funcionario judicial, de un asesor letrado que, se supone, está para servir a los ciudadanos”.
Las querellas, que son en total tres en la causa, valoraron como positiva la investigación, pero insisten en la deuda con respecto a las licencias de las víctimas.
Dania Villanueva, abogada de dos de las víctimas, dijo: “Esperamos una definición en breve. En paralelo, insistimos en las licencias de 30 días ya reconocidas por el Juzgado: son una herramienta de cuidado, no un privilegio. Es inadmisible que, a dos años y medio, las trabajadoras sigan esperando por decisiones apeladas por la Procuración”.
