En 2018, Gabriel Fernández cumplía una pena en prisión por atacar a su pareja y fue en ese mismo año que pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández, por autopercibirse mujer. Debido a su nueva identidad de género, se decidió su traslado al pabellón femenino en la cárcel de Bouwer. Una vez allí, ejerció violencia de género contra otras presas y dejó embarazada a una de ellas.
Fernández había ingresado a la cárcel en 2016 y un año después recibió una condena a tres años de prisión por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Fue trasladada al Establecimiento Penitenciario N°3 para Mujeres de Córdoba a fines de 2018, por su cambio de identidad de género.
Unos meses después, en abri de 2019, fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a otra mujer compañera en el pabellón. Tiempo después salió en libertad condicional y fue entonces que una nueva pareja de Fernández (de género femenino) la denunció, pero con su nombre masculino y ella también la acusó. Por esas acusaciones volvió a la cárcel en 2023, ya que tomó contacto con la víctima violando la perimetral.
El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres. La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
El fallo
En su resolución la Justicia hizo un repaso del historial de Fernández y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
El documento describe que Fernández fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer” y que después, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”.
El texto agregó que una vez en libertad “surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.
Por otro lado, los jueces reconocieron que se encuentran ante un “supuesto contrario al previsto”, es decir, “la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.
Según el Servicio Penitenciario, Fernández presentó “dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debido a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.
También indicaron que aprovechó su “género binario como amenaza” contra sus pares “lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector”.
A su vez, el 14 de marzo pasado Fernández compareció, pero no declaró y denunció violencia institucional.
Sobre el último hecho explican que Fernández habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. El hecho habría ocurrido mientras se encontraban en anexo Sala A (autoexcluidas) del Establecimiento Penitenciario N° 3.
Luego de esta situación y por acumulación de sanciones disciplinarias, Fernández fue trasladada dos veces más. En agosto pasó al pabellón N° 6 y por último, el pasado 10 de octubre se autorizó al Servicio Penitenciario a moverla a otro establecimiento de mujeres para proteger a la mujer abusada.
Repercusión
El fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, se expresó al respecto de este caso a tráves de su cuenta oficial de “X”, donde remarcó que la ley 26.743 de identidad de género presenta “laxitud” en sus exigencias cuando sí son necesarios para otras legislaciones distintos estudios, pericias psicológicas, entre otras medidas.
También señaló que hasta el momento no existe posibilidad de alojar casos como el de Fernández en el espacio carcelario destinado a mujeres.
En esa línea citó el caso de la primera penitenciaría del Reino Unido para reclusos transgénero, la cual se inauguró en 2019 en HMP Downview después de que una prisionera transgénero agrediera sexualmente a dos mujeres mientras se encontraba en prisión preventiva.
Según detalló, W. que nació varón y ahora se identifica como mujer, fue descrita por un juez inglés como un ´depredador´ que representaba un peligro para las mujeres y los niños.
“Debe primar, sin lugar a dudas, el aseguramiento del bienestar de las internas y no a las personas con autopercepción femenina sobreviniente. Ubicar a la imputada en el pabellón de varones por coincidir su realidad biológica con los allí alojados, probablemente llevaría a una situación igualmente complicada, solo que en este caso ella podría ocupar la calidad de víctima”, sostuvo el fiscal.
Y agregó: “Deberá requerir al Servicio Penitenciario su alojamiento en un lugar totalmente diferenciado del resto de la población carcelaria, hasta tanto cuenten con las definitivas instalaciones para ello”.
