La defensa de la enfermera Brenda Agüero cuestionó los montos “millonarios” de las demandas civiles de las familias, como eje de su argumentación en una nueva jornada del juicio por la muerte de cinco bebés y otros ocho ataques intencionales en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, hechos ocurridos entre marzo y junio de 2022.
Lo hizo el abogado Juan Manuel Riveros, quien planteó dudas sobre las causas de algunos casos y deslizó que las víctimas pudieron haber cambiado sus relatos por interés económico. Esto disparó, a la salida de la sala, una respuesta muy dolida de las madres, quienes aseguraron que buscan la verdad. “Fue de un nivel de bajeza inesperado”, respondió Vanessa Cáceres, una de las madres que perdió un hijo en el hospital.
Es claro que les corresponde el resarcimiento civil en tanto resulten, al final del proceso, víctimas de ataques con consecuencias de lesiones o muertes de sus hijos en un hospital público provincial.
Alegato de Riveros: caso por caso, dudas en las declaraciones
Dirigiéndose al jurado, Riveros planteó: “Díganme si ustedes no van a repensar su declaración por estos montos de dinero”.
El defensor argumentó que, según su análisis de los casos, existe una relación entre el monto reclamado y la similitud del testimonio actual con las primeras declaraciones. Expresó: “Mientras más baja la demanda, más se parece a la declaración original”.
Uno de los puntos centrales cuestionados es el análisis de los valores de potasio en determinaciones post mortem. Se enfatizó que las muestras nunca fueron procesadas en servicios especializados en toxicología forense, ni siquiera chequeadas por otros laboratorios.
Caso 1, U.M.: Riveros expuso que el médico Néstor Vaín señaló en su declaración que “no tuvo una actuación de agentes externos que se la provoca sino que es una situación de origen natural”. “¿Cómo pudo haber tratado de atacarla cuando nunca tocó a la niña?”, dijo y aseveró que “no hay ningún testigo ni prueba de que Brenda la haya tocado”.
Dijo que el monto inicial de la demanda era de $ 17 millones, y actualizada es de $ 52 millones más honorarios del 20% ($ 11 millones).
Caso 2, Francisco Calderón: señaló que la doctora Marta Gómez Flores dijo en su declaración que un niño con marcada acidosis metabólica a las dos horas de nacer presenta condiciones “casi incompatibles con la vida, posiblemente a causa de enfermedades metabólicas congénitas”. Se destacó que este hecho y el 1 son “dos casos completamente distintos”. Monto de la demanda civil: $ 98 millones. Monto de la demanda civil actualizada $ 250 millones + honorarios del 20% ($ 50 millones).
Caso 3, Benjamín Luna: la acusación señala un supuesto suministro de una sustancia no determinada e incompatible con la vida. Sin embargo, Vain y Gómez Flores indicaron que con potasio y glucemia normales no se puede descartar que la muerte haya sido natural. “Se dijo que no se puede establecer la causa de muerte”, dijo Riveros. En este caso, el monto de la demanda civil es $ 98 millones, actualizada a $ 250 millones + honorarios del 20% ($ 50 millones).
Caso 4, F.A.B.: en este caso, Riveros dijo que “hay una demanda de los padres y de los tíos; parece el Quini 6”. Monto de la demanda civil: $ 111 millones, actualizada a $ 450 millones.
Caso 5, L.H.: según el defensor, lo declarado por la madre en la sala de juicio es “completamente contradictorio” con lo que había manifestado en 2022. Además, sostuvo que la afirmación de que Brenda sacó al niño por 20 minutos “nunca existió” porque, según él, no fue mencionado en aquel momento (2022). Monto de la demanda civil: $ 34 millones, actualizada a $ 80 millones.
Caso 6, I. F.: según la acusación original, se habría procedido a inyectar en la región del miembro inferior izquierdo (muslo y glúteo) dosis de potasio u otra sustancia no compatible con la vida. Riveros dice que esto no fue demostrado.
Caso 7, G.H.: el abogado afirmó que “este niño no corrió riesgo de muerte”. Señaló que “si este hecho es un delito, no es tentativa de homicidio: son lesiones leves”. Buscó desvincular completamente a Brenda del “pinchazo de la bebé”. Monto de la demanda civil: $ 128 millones, actualizada a $ 280 millones + 20% de honorarios ($ 56 millones).
Caso 9, I.G.: argumentó que la situación reportada por su madre fue de un colapso súbito e inexplicable. Riveros declaró que no se pudo establecer ninguna causa para el deceso. En este caso, el monto de la demanda civil es de $ 33 millones, actualizada a $ 70 millones.
Caso 10, Angeline Giselle Cornelio Rojas: la forma en que presuntamente se administró el potasio no fue precisada durante la instrucción del caso, aunque se mencionaba presumiblemente mediante una inyección no endovenosa. Sin embargo, según el defensor de la enfermera “no se demostró en la acusación”. Monto de la demanda civil: $ 98 millones, actualizada a $ 220 millones + 20% de honorarios ($ 44 millones).
Caso 11, Melody Luz Molina: una autopsia posterior determinó que el fallecimiento se debió a un paro cardíaco a causa de bradicardia extrema, que a su vez fue provocada por hiperpotasemia extrema. La autopsia también reveló síndrome de aspiración meconial, hemorragia adrenal medular, desprendimiento del epitelio respiratorio y congestión visceral generalizada, según detalló.
Caso 8 y 12, de J.L. y M.T.: según la acusación, se les habría administrado insulina de un modo no precisado aún, pero presumiblemente de manera exógena mediante una inyección no endovenosa. El abogado dijo que en el caso de J.L., la madre declaró que no vio “a nadie colocarle nada” y afirmó que “el bebé siempre estuvo con ella”.
En cuanto al caso de M.T., se lo describe como un caso de hipoglucemia. Ella fue consultada específicamente “en qué momento Brenda Agüero inyectó esta jeringa llena”, a lo que respondió “en ningún momento”.
“Un nivel de bajeza inesperado”
En diálogo con La Voz, Vanessa Cáceres expresó su profundo dolor ante los argumentos expuestos por Riveros, integrante de la defensa de Agüero.
Señaló que el alegato fue “de un nivel de bajeza” que no puede creer. Particularmente hiriente para ella resultó el cuestionamiento al dolor de las madres y la sugerencia de que las motivan las demandas económicas. Según Cáceres, el defensor puso en duda su sufrimiento, al decir: “Las madres se sentaban acá a llorar por esto, por la plata”.
“¿Es que nosotros no estamos duelando, acaso? ¿Nosotros no perdimos un hijo?”, cuestionó con la voz quebrada. Para Cáceres, esta afirmación superó todos los límites y constituye una “falta de respeto hacia el dolor”.
Recordó que al inicio del juicio, la defensa había intentado culpar a las propias madres, algo que les costó mucho superar, a pesar de que ya quedó demostrado que no son ellas las responsables.
La madre reconoció que esperaba que se mencionaran las demandas civiles, ya que “todo el mundo sabe que es un juicio penal y económico”. Sin embargo, meterlo “en una bolsa en la que nos sentamos a llorar por la plata” le pareció inaceptable.
Cáceres también compartió su propia experiencia para ilustrar el inmenso dolor que enfrentan las madres. Contó que ella es una de las que no hizo la denuncia ni autorizó la autopsia de su bebé debido al dolor que implicaba. “Yo tenía que salir de esa cesárea cosida, volver a pegarme un baño e ir a enterrar a mi hijo. Y me decían que a lo mejor no se sabía (la causa)”, relató, explicando la falta de energía que tenía en ese momento para una autopsia.
Cáceres lamentó la carencia de “humanidad” que, según ella, hubo desde el primer día del juicio, no sólo por parte de los abogados, sino también de los exfuncionarios. “¿Hasta cuándo nos van a hacer pagar el dolor a nosotros, que venimos soportando todo esto y tenemos que seguir aguantando estas cosas?”, concluyó.
