La explotación sexual de una persona tiene lugar cuando alguien utiliza su poder o se aprovecha de la confianza o de la situación de vulnerabilidad de otro con fines sexuales.
Constituye una metodología de trata de personas. Siendo una de las formas más extremas de violencia de género, este delito permite la obtención de un beneficio económico a través de la prostitución ajena por parte de terceros, lo cual se considera proxenetismo.
Este tipo de explotación incluye diferentes actividades que atentan contra la libertad sexual de una persona, como la promoción y la comercialización de la prostitución, la pornografía o la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Las principales víctimas son mujeres y niñas, y también personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+, comunidades de pueblos originarios, entre otros.
Desde la aplicación de la Ley N°26.364 en 2008, Argentina ha dictado 410 sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual.
Sin embargo, este avance se ve opacado por la alarmante expansión de nuevas modalidades de explotación, especialmente en el entorno digital, que, según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), han experimentado un “incremento exponencial”.
Estas cifras, que incluyen 35 condenas en el último año, fueron divulgadas por la Protex, a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, que se conmemora cada 23 de septiembre.
El panorama actual de la trata de personas se ha complejizado con la aparición de modalidades que desafían las estructuras tradicionales del delito, muchas de ellas potenciadas por el entorno digital.
Para la comisario inspectora Yanina Siner, a cargo del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, el delito ha ido mutando en los últimos años y lo que sobresale en la actualidad es el negocio de contenido erótico en línea.
“En la actualidad, en lo que respecta a nuestra tarea en allanamientos en sitios denunciados por presunta explotación, no observamos sometimiento a menores de edad. En el caso de mayores de edad, la Justicia continua una investigación para determinar si existe un delito o no”, explicó Siner a este diario.
La sanción de la ley provincial que prohibió los prostíbulos en 2012 ayudó a disuadir esta metodología. Sin embargo, la explotación sexual persiste y es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerar a las personas como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad.
Siner, en compañía del comisario César Díaz, de la División Trata de Personas, diferenció la prostitución ejercida de manera libre y voluntaria, la cual no está penalizada por el Código Penal, de aquellos casos en los cuales se encuentran con mujeres en situación de vulnerabilidad insertas en contexto de violencia.
En Argentina, la Ley 26.364 (modificada en 2012) estableció un marco integral de prevención, sanción y asistencia. “Desde el Polo Integral de la Mujer, se asiste a mujeres, se las acompaña e identifica si están siendo explotadas”, agregaron.
Además, creó la Línea 145 como canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para denunciar situaciones de trata en todo el país.
Los números
El relevamiento de la oficina nacional especializada indicó que, en el caso específico de la explotación sexual, desde 2008 se individualizaron 814 personas condenadas por este delito.
Más del 80% son de nacionalidad argentina y, en relación al género, el perfil predominante entre los condenados es el masculino.
En ese mismo período, se identificaron 1.715 víctimas de trata con fines de explotación sexual. La gran mayoría son mujeres y cerca al 9% corresponde a niños, a niñas y a adolescentes (NNyA) al momento de los hechos.
Nuevas formas de captación y explotación
En el análisis de la Protex sobre nuevas formas de captación y proxenitismo, aparece la explotación sexual facilitada por plataformas virtuales. Otras modalidades son el reclutamiento de “correos humanos” (transporte de drogas) y la explotación reproductiva mediante subrogación de vientre con fines comerciales.
Alejandra Mángano, cotitular de Protex, alertó sobre el crecimiento de la trata sexual en entornos digitales en diálogo con Fiscales.gob.ar. Las víctimas, principalmente adolescentes y mujeres jóvenes vulnerables, terminan “sometidas a estrategias de control de la sexualidad”, protagonizando sesiones de streaming sexuales o produciendo pornografía para plataformas en línea.
La fiscal remarcó que “estas nuevas modalidades han generado un nuevo mercado de personas, específicamente vinculado con el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de mujeres”. A diferencia del prostíbulo tradicional, aquí “las relaciones sexuales y la comercialización del sexo se produce a través de internet”.
Mángano detalló que, a pesar de la falsa idea de autonomía con la que muchas víctimas ingresan al circuito “pensando que van a estar solas en sus casas, que nadie las va a controlar, que van a ser libres de producir el material cuando quieren”, la realidad es un “sistema de control”.
Este control no solo es un monitoreo constante en sus hogares, sino que también puede darse en “lugares específicos como hoteles o departamentos de alquiler temporario”, donde se ejerce un “control físico” por parte de “monitores” que supervisan las horas frente a la cámara, la interacción con los usuarios/clientes y el cumplimiento de las exigencias.
Además, existen los “controles coercitivos”, como las amenazas de distribuir imágenes de contenido explícito de las víctimas en otros contextos. “Estas amenazas muchas veces son cumplidas, lo que genera un perjuicio y una sensación de frustración e inseguridad de esas mujeres respecto del impacto que puede tener en sus trabajos, en sus vidas y en sus familias”, añadió la fiscal.
La modalidad de explotación también escala progresivamente: “Lo que primero empieza siendo la generación de material offline, luego pasa a ser generación de material online o en streaming, y puede culminar en la obligación de generar encuentros presenciales con los clientes prostituyentes”, afirmó Mángano.
“Una vez que el material íntimo ingresa a internet, se vuelve absolutamente incontrolable para esa persona”, concluyó la fiscal.
