La exprimera dama Fabiola Yañez solicitará una pena de 12 años de cárcel para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género que lo investiga. Este requerimiento se produce luego de que el fiscal federal Ramiro González diera por concluida la etapa de investigación y comenzara los pasos formales para solicitar la elevación a juicio de la causa.
La petición de los abogados de Yañez se basa en la “sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas”, elementos que, según su criterio, justificarían la mencionada cantidad de años de condena.
Avances de la causa y próximos pasos judiciales
El fiscal González, tras dar por finalizada la investigación, dio traslado a Yañez para que emita su opinión formal, en línea con lo que establece el Código Procesal. Una vez oficializado el pronunciamiento de la denunciante, el fiscal evaluará la respuesta y, con base en ella, realizará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini.
Posteriormente, será el turno de la defensa del expresidente, quien podrá responder por escrito y, según lo previsible, apelará la decisión. Finalmente, será el juez Ercolini quien definirá si el caso efectivamente llega a juicio oral.
Procesamiento confirmado y acusaciones robustas
En abril pasado, la Cámara Federal porteña ya había confirmado el procesamiento de Alberto Fernández por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, así como por “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra Fabiola Yañez. La relación entre ambos se extendió desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, firmantes del fallo de la Cámara, sostuvieron que durante esos años existió un vínculo marcado por la “desigualdad de poder” y una “violencia habitual y constante”, que incluyó episodios de tipo psicológico y físicos recurrentes. El fallo también señala que los hechos se produjeron en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad.
La Cámara remarcó que existen “fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”. Además, se destacó que la situación de vulnerabilidad de Yañez era conocida por el imputado desde el inicio de la relación, lo que demuestra que la damnificada estaba en una “situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja”.
En febrero de este año, el juez Ercolini ya había dispuesto el procesamiento de Fernández, junto con un embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de su expareja o contactarla por cualquier vía.
La defensa del expresidente niega las acusaciones
Por su parte, Alberto Fernández presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Su defensa argumentó que la resolución judicial carece de pruebas directas, se basa en interpretaciones subjetivas y que los presuntos chats en los que Yañez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original. “La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, sostuvo su defensa.
