“Deportados” y sin casamiento. Un matrimonio de Córdoba que había planificado asistir a la boda de uno de los hijos en Chile demandó por más de 2,4 millones de pesos a una aerolínea, luego de que le impidió el ingreso porque el PCR que llevaba estaba “vencido” por tres horas.
El abogado de la familia, Santiago de Serranos, presentó la demanda ante el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro.
Sorpresa en Santiago de Chile
El 20 de febrero de 2021, el matrimonio de profesionales y uno de sus hijos viajaron en auto desde Córdoba hasta Ezeiza para tomar un vuelo a Santiago de Chile. El plan era pasar 15 días en tierras chilenas con motivo del casamiento de uno de los hijos.
Compraron los tickets y previeron el período de “cuarentena” en Santiago. Al momento de realizar el check in presentaron toda la documentación de rigor requerida por la aerolínea y las autoridades sanitarias de Chile, así como también los PCR negativos.
Sin objeciones y tras pagar un plus por una bolsa de golf, embarcaron y aterrizaron en Santiago. Las autoridades sanitarias les objetaron que los tests de PCR –realizados el 17 de febrero– estaban “vencidos por tres horas” (habían arribado el 20 de febrero).
“El requisito para el ingreso estaba claro: son 72 horas con antelación al viaje. Pero nunca, ni en los boletos de embarque, ni en los pasajes, ni la oficial (de la aerolínea) que revisó la papelería presentada en Ezeiza nos informaron debidamente que la autoridad chilena computa el término de las 72 horas de referencia desde la ‘realización del análisis’ –ni siquiera desde su resultado– o a partir de las 0 del día posterior, como lo aplica la autoridad de Estados Unidos o de Argentina”, reclamó la familia.
Al respecto, el matrimonio argumentó que se trató de “una clara desinformación originada en Ezeiza por el personal” de la misma línea aérea, porque permitió el embarque cuando conocía “acabadamente la reglamentación antojadiza, anacrónica y caprichosa aplicada por la autoridad chilena”.
“Más allá de que la exigencia sanitaria de la autoridad chilena sea abstracta y capciosa, indicando que el PCR sea efectuado con ‘72 horas antes del viaje’, nunca determina el cómputo de dicho plazo. Teníamos conocimiento de que en Argentina se toman tres días antes sin analizar la hora de la realización del análisis de hisopado”, indicaron.
“Es más, por la falta de información por parte de la aerolínea, sólo a través de averiguaciones personales y por medio de un conocido que había viajado a EE.UU., nos refirió que en ese destino, para evitar controversias, el cómputo del plazo de vencimiento de un PCR se calculaba por días enteros, a partir de las 0 del día siguiente al de la muestra”, señalaron.
Consideraron que la oficial a cargo de la compañía aérea debió conocer la reglamentación chilena, de modo que, una vez analizada la documentación, les informaran que debían realizarse un nuevo PCR en Ezeiza o, en su defecto, impedir directamente el embarque.
“El daño que esta situación nos provocó no sólo nos afectó en el aspecto material directo, sino también, y muy especialmente, en los aspectos moral y emocional. Nosotros viajábamos a Chile para asistir al casamiento de nuestro hijo mayor y para poder verlo después de un año”, lamentaron.
De vuelta en Córdoba
El matrimonio manifestó que junto con su otro hijo pasaron más de 12 horas en el aeropuerto de Santiago, en el que –según consta en la demanda– fueron “muy maltratados, tanto por las autoridades sanitarias como por la Policía de Investigaciones” y la misma aerolínea.
“Solamente nos dio unas tarjetas para poder tomar un refrigerio después de nueve horas y nunca atendió nuestro pedido de poder acceder a las valijas despachadas donde teníamos medicamentos”, manifestaron, y señalaron que, al retenérseles la documentación, se sintieron “delincuentes”.
El demandante se comunicó con el embajador argentino, Rafael Bielsa, para comentarle la situación. El funcionario concurrió al aeropuerto, donde reclamó un trato humanitario hacia la familia.
El cónsul de Chile en Córdoba, asimismo, se comunicó con la Cancillería chilena en la Argentina, sin poder convencer a las autoridades de aquel país, de acuerdo con lo reseñado en la demanda.
Tras casi 12 horas de espera, fueron embarcados en calidad de “deportados”, de regreso a Buenos Aires.
Demanda por daños
La familia demandó a la aerolínea por 2,4 millones de pesos en concepto de daños emergente (gastos de movilidad, seguros, pasajes y estadía –205.435 pesos–), moral (1,5 millones) y punitivo (700 mil).
Entre otros puntos resaltados en la demanda, el abogado remarcó que el Código Aeronáutico Argentino, en su artículo 130, señala que, “en el transporte internacional, el transportador no deberá embarcar pasajeros sin la verificación previa de que están provistos de los documentos necesarios para desembarcar en el punto de destino”.
