Este lunes 4 de febrero comenzó en la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba el juicio contra el comisario José Ramón Guevara, acusado de incumplir una orden judicial de protección a Giuliana Marianella Adriana Silva, quien fue asesinada por su expareja el 7 de julio de 2019, Rodolfo Tissera, de 40 años en ese entonces.
El proceso judicial busca determinar la responsabilidad del entonces jefe de la Comisaría Décima en la omisión de establecer una consigna policial en la vivienda de la víctima, una medida que había sido ordenada tres días antes de su femicidio y que nunca se concretó.
En los próximos días podría haber veredicto del tribunal.
Un incumplimiento con consecuencias fatales
El 5 de julio de 2019, la Unidad Judicial de Violencia Familiar ordenó la colocación de una consigna policial en la casa de Giuliana Silva, ubicada en barrio Suárez, para protegerla de su expareja, Edgardo Rodolfo Tissera, quien tenía denuncias de violencia de género.
El oficial de servicio de la Comisaría Décima, Hugo Javier Maza, recibió el pedido y quedó registrado en el libro de guardia. Sin embargo, Maza no tomó ninguna medida para cumplir con la orden judicial.
A la mañana siguiente, el comisario José Ramón Guevara asumió su turno y, hasta el 7 de julio a la noche, tampoco verificó el cumplimiento de la consigna ni tomó ninguna acción para garantizar la protección de Silva.
Sin custodia en su domicilio, Giuliana Silva fue atacada por Tissera el 7 de julio a las 22:00. El agresor ingresó a la vivienda y le disparó tres veces con un arma de fuego, causándole la muerte.
El 4 de junio de 2021 Tissera fue condenado por el crimen y declarado culpable de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).
Un juicio clave para la responsabilidad policial
Guevara enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por no haber garantizado el auxilio que el Poder Judicial había ordenado para proteger a la víctima. Se lo acusa de haber contribuido con su inacción a la vulnerabilidad de Silva, en un contexto donde la ley exige diligencia y rapidez en casos de violencia de género.
El caso será seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de femicidios, ya que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado y sus fuerzas de seguridad en la prevención de la violencia machista.
