El martes a la tarde, Margarita Sánchez (51) murió en el hospital de Urgencias de Córdoba a causa de las lesiones cerebrales severas que sufrió a raíz de un golpe.
Por el hecho, el novio de la mujer, Fabián Alejandro Romero (54), quedó detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa, en un principio, y cambiará a “homicidio” luego de la muerte de la mujer.
A raíz del desenlace, las familias del colegio Ipem 387 Sotero Eugenio Bartolomé, de Agua de Oro, región de Sierras Chicas, en cuya institución Romero dictó clases hasta el año pasado, recordaron que fue apartado de su cargo a raíz de denuncias de estudiantes por acoso contra él y otros cuatro adultos mayores de la institución.
En una carta abierta, lamentan “profundamente” la muerte de Margarita, a la vez que repudian “toda manifestación de violencia por razones de género”.
Asimismo, reivindican la movilización del Centro de Estudiantes desde donde se gestaron las denuncias y “sentadas” de los estudiantes durante días del mes de octubre de 2021 para lograr ser escuchados por las autoridades educativas.
“Exageradas, no hagan circo, traigan pruebas, paren la cacería de brujas, tienen familia, van a arruinarles la vida”, son algunas de las frases que de acuerdo con las familias fueron dichas por la directora del Ipem 387.
“Así les respondió cuando acusaban, entre otros docentes, al femicida que hoy está preso, por manifestar de manera constante actitudes misóginas y de acoso. Revictimizadas una y otra, y otra vez. Sin embargo, las voces no fueron acalladas”, dicen en el comunicado.
También destacan la lucha de las alumnas y los alumnos: “El ejemplo lo dieron las, los y les estudiantes, quienes forzaron la aplicación del marco normativo vigente, logrando que se lo aparte a él, entre otros. Solo por eso, hoy no estaba frente a las aulas”.
“Frente a esta terrible situación exigimos la aplicación de la ley ESI (N° 26.150), y la implementación real de los talleres que hasta el día de la fecha no se realizaron en el colegio. Este año comenzaron las clases como si nada hubiese pasado”, afirman.
En tanto, desde Emergencia en Violencia Córdoba reproducen las palabras de estudiantes que el año pasado denunciaron a Romero y remarcan: “Las pibas no mentíamos cuando dijimos que eran peligrosos”.
Los hechos
El caso lo dieron a conocer los propios estudiantes, quienes realizaron “sentadas” y movilizaciones dentro del colegio para lograr ser escuchados en octubre de 2021.
“Hay profesores que nos miran, nos intimidan, nos acosan, y la Dirección nunca hizo nada”; “No es histeria, locura o problemas de ira, es la realidad que vivimos todos los días”, escribieron los estudiantes en carteles esparcidos en el colegio en ese momento.
Ante esa situación, los familiares apoyaron el reclamo mediante una carta abierta y pidieron a las autoridades educativas que el docente fuera apartado de su cargo.
“Como consecuencia de no encontrar respuesta en las instancias de diálogo, poner en duda sus palabras y coartar la libertad de expresión de los jóvenes, lo cual fue llegando a nuestros hogares en boca de nuestras hijas y nuestros hijos”, explicaron entonces.
Por lo cual Romero ya no estaba dictando clases, al igual que los otros acusados.
Además, las familias expresaron que la reacción de las autoridades del colegio fue “acusarles comparando ese hecho con una caza de brujas”.
A lo que la directora del colegio, Mariana Carranzani, dijo el año pasado a La Voz: “Cuando la estudiante me comentó la situación que estaba pasando con un mayor, inmediatamente comencé a indagar y le dije: ‘Vamos a activar el protocolo’. Y que las chicas dejen sus testimonios por escrito y llamar a los padres”.
A su vez, aclaró que los reclamos que venían haciendo fue desde antes de su gestión y que ella asumió en abril de 2021.
También desde el Ministerio de Educación, el entonces subinspector general de nivel secundario para la región de Sierras Chicas, Giorgio Pomponio, dijo a La Voz que dieron contención tanto a los estudiantes como a los padres y los docentes.
“Por eso, como Ministerio tomamos dos grandes medidas al respecto: en primera instancia, se apartó a los adultos para que no tengan contacto con los estudiantes, hasta que se diluciden los hechos (…). Y dentro del sistema, se verá si hubo vulneración de los derechos o no; y si es necesario, tendrá que participar la Justicia”, remarcó en octubre del año pasado.
