Entre 2017 y 2024, al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre en la Argentina como consecuencia de lois femicidios.
Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presentó un nuevo tablero interactivo para consultar estadísticas por jurisdicción y período.
El informe, que consolida información judicial de todo el país, da cuenta de 1.958 víctimas directas de femicidio en los últimos ocho años y 187 víctimas de femicidio vinculado.
Estas últimas son personas asesinadas con el propósito de dañar a la víctima principal o por intentar protegerla. Del total de femicidios vinculados, el 67% fueron varones cis (126 casos) y el 33% mujeres cis (61 casos).
Córdoba: 140 víctimas directas y 110 niñas y niños huérfanos
En Córdoba, entre 2017 y 2024, el Registro judicial contabiliza 140 víctimas directas de femicidio y 12 femicidios vinculados.
A partir de esos crímenes, al menos 110 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años quedaron huérfanos.
Se trata de un dato que pone en evidencia no sólo la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres, sino también el impacto estructural que deja sobre las infancias, muchas veces invisibilizadas en las estadísticas oficiales.
En los últimos años, Córdoba ha registrado casos emblemáticos como el reciente doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, asesinadas en octubre de este año y por el cual está imputado Pablo Laurta, progenitor del hijo de Luna, de seis años.
Cada uno de esos crímenes deja, además del dolor social, niños y niñas que deben ser contenidos y acompañados por el Estado.
Una herramienta para mirar el mapa de la violencia
El tablero interactivo de la Corte Suprema permite consultar los datos actualizados de femicidios y su impacto en las infancias por provincia y por año.
Al ingresar, se puede seleccionar una jurisdicción en el mapa y filtrar por período. También permite combinar ambas variables o visualizar los totales nacionales.
Según informó la Oficina de la Mujer, la herramienta busca facilitar el acceso público a información judicial verificada y contribuir al diseño de políticas de prevención, atención y reparación.
El cuidado de esos niños, un desafío para familiares
Luego de un femicidio, además de la muerte de una mujer, hay una familia y una comunidad que cambiarán su vida para siempre.
Por un lado los niños quedaron sin madre y muchas veces sin padre también (cuando éstos fueron quienes mataron a sus madres), por otro la de quienes tienen que sostener ese cuidado, en lo emocional, en lo económico de por vida.
En un reciente informe de La Voz, se informó que en la mayoría de los casos, son tías o abuelas maternas las que asumen la crianza, cargando con el duelo, la burocracia y el peso emocional de un trauma que atraviesa generaciones y hasta disputas con familiares del padre agresor en torno a lo que les cuentan a los niños.
“La mayoría de los niños quedan al cuidado de la familia materna, por sentido común y por salud emocional. Es muy fuerte que queden con la familia paterna. No todos los abuelos pueden asumir que su hijo es un femicida, y muchas veces eso deriva en negación o en narrativas falsas hacia los chicos”, explicó una fuente judicial de Tribunales de Familia.
Sobre el cuidado, fue claro: “Es muy fuerte que queden bajo el cuidado de la familia paterna… no todos los abuelos van a decir ‘mi hijo es un femicida’, razón por la cual puede haber negación”.
Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación Con Voz, acompañó varios de estos procesos. “Los femicidios no solo dejan a los chicos sin madre, también destruyen la estructura familiar. Los abuelos o tíos deben hacerse cargo en medio del shock y del dolor. No hay tiempo para duelar, porque hay que cocinar, acompañar a la escuela, tramitar papeles. Se impone un rol para el que nadie está preparado”, explicó.
Ahrensburg detalló que, en muchos casos, los cuidadores son adultos mayores. “Personas que estaban jubiladas, con sus propios problemas de salud, que de pronto deben criar otra vez. Eso altera su vida, sus derechos y su economía. Muchos dependen de pensiones mínimas o de trabajos informales para sostener hogares ampliados”, agregó.
