Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, empresas bajo investigación por la producción y distribución de lotes de fentanilo contaminado que se asocian a la muerte de 96 pacientes, declaró durante seis horas ante el juez federal Ernesto Kreplak.
En una indagatoria cargada de acusaciones, García Furfaro negó toda responsabilidad, afirmó que lo quieren hacer pasar por un “narco” y sostuvo que los microorganismos en el fentanilo fueron “puestos” por otra persona, en el marco de lo que describió como una “mano negra” y una “conspiración”.
El empresario, quien se declaró en quiebra, apuntó directamente a Andrés Quinteros, un exconcejal del peronismo bonaerense y exapoderado de sus laboratorios, como el responsable de la contaminación. Según García Furfaro, Quinteros, a quien describió como su hombre de máxima confianza con nexos kirchneristas antes de un enfrentamiento, habría “puesto los bichos” —las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— en el fentanilo. “Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso. No tengo dudas de que está Andrés Quinteros atrás”, aseguró, señalando que Quinteros estaba “obsesionado con el fentanilo”.
García Furfaro relató diversos incidentes para respaldar sus acusaciones contra Quinteros. Mencionó un intento de Quinteros de robar 30 ampollas de morfina en octubre, lo que derivó en una denuncia por amenazas en su contra. También afirmó que Quinteros le envió “un papel trucho” para una habilitación en HLB Pharma en 2023, lo que provocó un allanamiento en su empresa. Tres exempleados de Ramallo —Florencia Rivarola, Nancy Osorio y un hombre identificado solo como Ángel— habrían advertido a García Furfaro sobre las intenciones de Quinteros de “hacerle una maldad” y “verlo preso”, hablando incluso de “medicamento contaminado”. Además, un supuesto “paraguayo de inteligencia” le habría dicho que Quinteros preparaba un “atentado con el fentanilo”.
A pesar de las afirmaciones de García Furfaro sobre la calidad de sus directores técnicos y maquinaria, la justicia acumula evidencias que vincularían al fentanilo elaborado en Laboratorios Ramallo con más fallecimientos de pacientes, especialmente el lote 31.202.
La indagatoria también reveló la situación de Horacio Antonio Tallarico y Rodolfo Antonio Labrusciano, quienes figuraban como presidente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo, respectivamente. Tallarico, un jubilado “casi indigente”, declaró ante el juez que solo hacía “trámites” y “gauchadas” para García Furfaro, y que le había “prestado su nombre” sin tener participación económica o laboral en la elaboración de medicamentos. Por su parte, Labrusciano, un mecánico, explicó que firmó papeles por amistad con García Furfaro y que hace siete años que no trabaja en el laboratorio, sino en un taller.
García Furfaro también culpó a la Anmat por no haber alertado antes sobre la infección del fentanilo y las muertes en el Hospital Italiano de La Plata, sugiriendo que las autoridades lo castigaban a él y no a la competencia por desvíos de calidad similares. Sostuvo que le “armaron una operación mediática” para afectarlo en el negocio de venta de medicamentos al Estado.
Para finalizar su declaración, el empresario expresó estar “fundido” y preocupado por cómo esta situación afectará a su familia y sus otros negocios, insistiendo en que es imposible una “negligencia con un bicho que no puede estar ahí”. Declaró que está dispuesto a asumir responsabilidad si se demuestra, pero quiere que se conozca la verdad. El caso continúa bajo investigación, con diez detenciones ordenadas por el juez.
