La crisis del sector de la discapacidad no es nueva, más bien es histórica en un país donde poco se ha avanzado en relación con la protección de la dignidad de cada una de las personas y sus derechos.
La adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) marcó el comienzo de un cambio de paradigma en el que se puso sobre la mesa la necesidad de asegurar la autonomía individual, la no discriminación, la inclusión plena en la sociedad, la igualdad de oportunidades, entre otros principios.
Sin embargo, sólo algunos países concretaron avances importantes en esas disposiciones, y en otros, como la Argentina, persiste un sistema agónico que no logra resolver las necesidades básicas de una gran parte de su población estimada en cinco millones de personas.
Con el objetivo de diseñar, coordinar y ejecutar políticas en materia de discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vio la luz en la presidencia de Mauricio Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia en 2017.
Fernando Galarraga, predecesor de Diego Spagnuolo al frente de la agencia, contó que en ese entonces hubo mucha resistencia porque se unieron cuatro organismos: la Comisión Nacional de Pensiones, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación y el programa federal Incluir Salud.
Licenciado en Comunicación Audiovisual, docente y conferencista en materia de derechos humanos y discapacidad, Galarraga fue titular de Andis desde fines del 2020 hasta el final del gobierno de Alberto Fernández.
En diálogo con La Voz, analizó el delicado estado del sector, las bajas de las pensiones no contributivas y la investigación por presuntas coimas. Además contó el proceso de construcción de la agencia, el alcance de su gestión y lo que había quedado pendiente.
–Lo conociste a Spagnuolo. ¿Cómo fue la transición de cambio de gobierno en la agencia?
–En diciembre de 2023, me llamó dos minutos para informarme que tomaría mi lugar. Fue el único vínculo que tuvimos. Luego lo puse en contacto con varios funcionarios de segunda línea para que se les brindara toda la información de los procesos en marcha.
–¿Qué era la Andis antes del gobierno de Javier Milei?
–A nuestra gestión le tocó la etapa de darle una identidad, que cobrara relevancia dentro del organigrama del Estado. Arrancamos con una pandemia, en la cual tomamos la decisión de prorrogar el vencimiento de los certificados únicos de discapacidad pues el sistema de salud estaba abocado completamente al Covid. Además, atendimos las demandas más urgentes. En sí, la Andis es muy joven. En la gestión de Macri no había funcionado la unificación de los organismos y nosotros pusimos en marcha un gran trabajo de articulación interna y con otros ministerios, además de entablar diálogo con los gobiernos provinciales y municipales.
–¿Había una concepción de la discapacidad a nivel estatal?
–No existía una perspectiva dentro del Estado. Fue nuestra tarea iniciar ese camino de transversalización, que los ministerios incorporaran esta mirada para derribar barreras y construir herramientas de inclusión que impactasen en la vida cotidiana de las personas con discapacidad (PCD) en el ámbito de la administración pública. Además, previamente no se dialogaba con el sector y se tomaban decisiones sin consultar a las asociaciones. Eso cambió y se ampliaron los canales de diálogo y participación.
–¿Y cómo analizás lo que está pasando ahora?
–En cualquier parte del mundo, un Estado tiene un rol clave para disminuir o aumentar la desigualdad que viven las PCD. Ahora, además de que no está cumpliendo con su obligación de garantizar la igualdad de derechos, les está generando mucho daño. Con un discurso intencionado, han teñido de sospecha cualquier cosa vinculada a la discapacidad con el objetivo de apropiarse del dinero de las pensiones. Y la auditoría ha sido salvaje y cruel, y me pregunto qué nos pasa como sociedad que lo permitimos.
–¿Cómo surgió el otorgamiento de pensiones a las PCD?
–Las pensiones surgieron en el peronismo para personas con incapacidad laboral. No significaba un número muy importante. Luego el kirchnerismo extiende esta herramienta a las PCD que no pueden realizar un trabajo o acceder a él. Hay un cambio de mirada más a lo social, se pasa de la supuesta improductividad a la falta de oportunidad. En sí la discapacidad es un concepto que vincula dos aspectos: un déficit físico o intelectual que se define cuando interactúa con un entorno. Y es allí donde se produce una barrera actitudinal.
–¿Por qué creés que el Gobierno cuestiona el gasto que representan las pensiones?
–Lo cuestiona porque no lo piensa como una inversión social, sino como un derroche de plata en el que ve a las PCD como seres descartables.
–En este contexto, ¿qué autocrítica hacen ustedes para llegar a este escenario?
–En primer lugar, nos faltó tiempo. Arrancamos desde muy abajo, incluso al momento de armar la plataforma de gobierno en las elecciones de 2019 la discapacidad no era una agenda relevante. Luego, por insistencia de distintos compañeros, fue incluida. Sin embargo, la tuvimos que remar mucho. Ya en el gobierno, durante varios meses trabajamos en la elaboración de una ley de vanguardia, inclusiva y que promoviera la participación plena de las PCD en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, como se metía en todas las áreas, debíamos contar con el compromiso de todos los ministros. Nos faltaron dos firmas. Ahora escucho a legisladores del mismo espacio político que defienden la emergencia en discapacidad, pero me hubiera gustado que la hubieran comprendido mucho antes.
–¿En qué les faltó dar un paso determinante?
-Nos faltó capacidad política para ponernos a trabajar en soluciones superadoras más allá de acompañar la inflación, como son resolver las fuentes de financiamiento del sistema, las regulaciones y la revisión de algunas prestaciones para poner la mirada más en la persona. La situación de la discapacidad siempre es crítica, por eso nosotros planteábamos una progresividad. La diferencia grande con este gobierno es que nosotros conocíamos la problemática y estábamos trabajando para resolverla con pasos concretos en normativas y en trabajo en territorio. Pero también es cierto que al final de la gestión se notó la dificultad que teníamos como espacio político.
–El Senado frenó el veto de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué perspectiva ves a futuro?
–Celebro que a nivel político se haya entendido la gravedad del tema y que se haya acompañado con contundencia, pero lamento que haya sido con la angustia de tantas personas. Fue un logro por la enorme presión social, pero particularmente del sector, que se hizo visible y que incidió en la opinión pública. Hasta hace unos meses, la discapacidad no se la pensaba como un colectivo y ahora emerge con fuerza. Por otro lado, espero que la Justicia esclarezca la denuncia por presuntas coimas porque sería trágico que se hubiera estigmatizado al sector y al mismo tiempo se quedaran con esa plata.
–¿Lo que sucedió es una oportunidad para un cambio?
–Yo creo que sí. Por un lado, de más involucramiento y de entender que la vida de un colectivo social, sea este u otro, está estrechamente ligada a un gobierno. Y, por el otro lado, de hablar de lo que hace a la inclusión real. El entorno discapacita e impide progresar. Debemos seguir debatiendo la deuda en la educación y en el trabajo, principalmente.
