La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este lunes que la circulación de vehículos en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en la región del Amba disminuyó un 66 por ciento respecto al fin de semana pasado, y advirtió a quienes se fueron el fin de semana largo de turismo que no se les permitirá el paso por los controles cuando regresen, recibirán una infracción y serán sometidos a una causa judicial.
“La circulación vehicular disminuyó en toda la traza del Área Metropolitana de Buenos Aires el 66 por ciento si comparamos el sábado 22 con el sábado 15. Por eso consideramos que hubo un acatamiento altísimo y estamos muy satisfechos, porque la mayor parte de la ciudadanía tomó conciencia de la importancia de cumplir con las medidas del nuevo decreto”, dijo la funcionaria nacional en declaraciones a Télam.
De esta manera, la titular de la cartera de Seguridad realizó un balance sobre los resultados de los operativos de control realizados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, y resaltó “el trabajo coordinado de las tres áreas en materia de seguridad: la Nación con las fuerzas federales, la ciudad y la provincia con sus policías”.
Frederic también se refirió a la fuerte disminución de movimiento turístico por el fin de semana largo y advirtió que quienes salieron hacia lugares turísticos como la Costa Atlántica, no podrán regresar hasta el 31 de mayo, cuando vence el actual decreto, y serán sometidos a “una causa penal, a una imputación”.
“Estaremos alertas mañana martes y el miércoles, porque el turismo está prohibido y si hubo gente que se fue no va a poder volver y eso lo vamos a evitar”, dijo la ministra, quien agregó que “de todas formas bajó muchísimo la circulación”.
“Los controles van a ser estrictos y los pocos se fueron de turismo, algunos a la costa pero muchos a distintos sectores del Gran Buenos Aires o del interior de la provincia, deberán esperar hasta cuando se venza el actual decreto para regresar a sus casas”, enfatizó la ministra.
Por su parte, el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks explicó que, según los registros, la cantidad de gente que viajó de turismo a la costa fue “mínimo” y agregó que consideró que “el movimiento de vehículos en los peajes del Sistema Vial Integral del Atlántico, que componen las rutas que van hacia Mar del Plata, por ejemplo, registró el día sábado apenas el 10 por ciento de movimiento en relación al fin de semana pasado”.
En ese sentido también se refirió el secretario de Seguridad Eduardo Villalba, quien aseguró que las personas que circulen sin su autorización “podrán recibir sanciones”.
“Cada juzgado actúa de acuerdo a cada circunstancia y si hay una retención del vehículo puede permanecer retenido y bajo custodia de la autoridad pertinente. Luego, además, serán sometidas a causas judiciales y podrán recibir las sanciones que establece el código penal para los delitos que forman parte del decreto”, explicó Villalba.
Según un relevamiento realizado por las distintas fuerzas de seguridad federales, el pasado sábado en la Autopista Buenos Aires-La Plata se registró una caída en la circulación de vehículos del 66 por ciento respecto al sábado anterior, y en las rutas que van hacia la Costa, del 75 por ciento.
Críticas de constitucionalistas
El constitucionalista Daniel Sabsay dijo a Infobae que se trata de “una sanción ex post, discrecional”.
“Es un castigo arbitrario, que viola groseramente el principio de legalidad y el de tipicidad. Está creando una contravención a través de una resolución administrativa que por el momento ni siquiera ha sido publicada”.
Sabsay afirmó que esta decisión “nos acerca a la posición de un monarca que crea per se un delito o una contravención y luego desconociendo las más mínimas garantías sanciona”.
El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “la decisión constituye una restricción al derecho de circular y al derecho de usar la propiedad. Las limitaciones a los derechos están constitucionalmente aceptadas en la medida que sean hechas por ley y que sean razonables (es decir, que no alteren irrazonablemente el derecho limitado)”.
“En este caso no hay ley (sabemos que es un decreto), y se debe juzgar la razonabilidad de la medida. Es aquí cuando entra a tallar la subjetividad de los jueces”, explicó.
“En lo particular creo que hay una inconstitucionalidad en la medida, no solo por la falta de ley sino porque hay una irrazonable restricción a los derechos mencionados, ya que es arbitrario impedir que un sujeto pueda volver a su casa”, afirmó.
A su turno, Diego Armesto opinó que “el gobierno se excede en las atribuciones constitucionales” ya que “uno de los derechos protegidos por el texto fundamental es el libre tránsito”.
