En juicio oral, en los tribunales de Río Tercero se dictaron condenas en un caso en que una niña de 10 años, de la localidad de Embalse (Calamuchita), era prostituida por su madre.
La denuncia fue radicada por el director de un hogar para menores en el que aún vive la víctima.
Este jueves, la vocal de la Cámara del Crimen de Río Tercero, Guarania Barbero, dictó sentencia a los acusados en una historia de violencia y abuso contra una menor, que impactó a quienes investigaron el caso, según confiaron a este diario.
Finalmente estas fueron las condenas: C.H.G. fue juzgado a 12 años de prisión; O.R.G. a 12 años de cárcel; L.M.B. a 13 años de prisión; y C.A.A. a 12 años. Todos, acusados como autores de abuso sexual agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal, con promoción a la corrupción agravada por la violencia desplegada. Y para L.M.B y C.A.A se le suma la guarda como agravante.
El caso de una madre y tres abusadores de si hija investigados en Embalse
En el expediente judicial consta que todos los hechos fueron cometidos en Embalse entre los años 2014 y 2016.
No se brindan los datos filiatorios de los condenados para preservar la identidad de la víctima.
En el juicio realizado, se dieron diversas cuestiones distintivas. Por caso, la Cámara informó que la madre de la víctima, de 54 años, fue condenada en un juicio abreviado el 25 de abril pasado a la pena de 16 años de prisión por la participación en los mismos hechos.
Aunque cuando fue citada al debate de este jueves, manifestó -según la Cámara- que “no conocía a ninguno de los imputados, por lo que se dispuso su inmediata detención (en relación a la nueva causa) y se remitieron los hechos a la Fiscalía de Instrucción de turno, ante la posible comisión de falso testimonio”.
Esa misma Fiscalía de Instrucción deberá investigar si la madre no entregaba también a otra hija para cometer similares aberrantes hechos.
Desde esa sede tribunalicia también se recordó que el imputado C.H.G. -quien en aquél debate había acordado un juicio abreviado-, demostró “inconsistencias” en su identificación, por lo que se lo separó de aquel juicio y se le practicó pericia mental de la que surgió que “simulaba”.
Esa circunstancia -apuntaron desde la Cámara- fue valorada por el fiscal requiriendo más pena, por la actitud demostrada luego del hecho.
