El mediodía cordobés tenía la plaza San Martín encendida de consignas, aplausos y carteles. Frente a la Catedral y bajo el sol de agosto, cientos de personas se congregaron este miércoles para reclamar lo mismo: que la Cámara de Diputados rechace el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad (N° 27.793).
Finalmente, la votación arrojó el rechazo al veto presidencial del mandatario nacional, pasadas las 15.50.
Detrás de una bandera negra que se leía de lejos “Discapacidad en emergencia”, referentes de organizaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad iban tomando la palabra. Cada intervención era recibida con aplausos. Las palabras “empatía y democracia”,se repitieron durante la manifestación.
“Es un día histórico en el que se mostró a todo el país que la discapacidad existe”, resumió Carolina Armeloni, de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba. Denunció recortes y demoras de pago que ponen a las instituciones al borde del cierre: “Se bajaron las horas de las docentes de apoyo, de 32 a 24 horas, hay instituciones adeudadas. Los terapeutas están cobrando por debajo de 10 mil pesos la hora”.
El malestar también se dirigió al Gobierno nacional. Federico Galíndez, de la organización Converger, criticó un tuit del vocero presidencial en el que se insinuaba un posible aumento de los aranceles: “Es lamentable el tuit, hiriente en este contexto. Han tenido ocho meses para estar estar pensando qué hacer con los aranceles en la discapacidad, en las compatibilidades, que saquen diciendo que están considerando qué hacer solo con los aranceles... se están olvidando de un montón de cosas. Suena problemático porque suena a una maniobra evasiva para sumar votos en contra de la ley y a favor del veto, nada más”, analizó.
Marcela Rosado, de la Fundación Iram, que atiende a 120 jóvenes, relató con crudeza: “Estamos hace más de 10 años con esta situación y se ha recrudecido al punto de que puede implicar el cierre de la institución”. Y la fonoaudióloga Esther Luhra, de la Fundación Caip, advirtió que los ajustes en aranceles y la demora en pagos conforman “un combo crítico” que golpea directamente a la atención.
Por su parte, Esther Luhra, fonoaudióloga de la Fundacion Caip de Villa Allende, una organización con más de 20 años de trabajo, explicó que los ajustes en los aranceles y falta de autorizaciones en las prácticas, así como la demora en los pagos conforman un combo crítico.
“Pedimos a los diputados que nos permitan la flexibilidad en los aranceles y se nos considere como un colectivo importante para quienes tienen derechos vulnerados”, manifestó.
Entre tantos discursos, hubo dos voces que silenciaron la plaza. Irina Marshall Oliva y Camila Campos, estudiantes de sexto año de la escuela Divina Providencia, hablaron con una claridad conmovedora.
Irina Marshall Oliva y Camila Campos cursan el sexto año en la escuela Divina Providencia y manifestaron que hoy se hacen presente en la plaza para defender sus derechos. “Pedimos que nos den bolilla con nuestros derechos y no es posible que estemos todo el tiempo reclamando y reclamando y no nos hagan caso”, dijo Irina.
“Estamos sufriendo. Las terapias psicólogas y fonoaudiólogas se nos van a cortar. Estamos luchando para que no nos pase eso”, completó Camila Campos.
El acto concluyó en horas de la siesta en Plaza San Martín cuando iniciaba la sesión de Diputados.
