Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre la normativa para la evaluación médica de invalidez laboral, utilizó términos extremadamente discriminatorios para referirse a las personas con discapacidad intelectual.
Se trata de un escrito que denomina como “retardados mentales”, “idiotas” e “imbéciles” a estas personas. El propio director de la Andis, Diego Spagnuolo, firmó la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación
Concretamente, en su página 36, el último párrafo lleva el título de “Retardos Mentales” y debajo explican que se trata de “un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”.
En el apartado siguiente, clasifica en grupos a las personas con discapacidad cognitiva. Y define como “idiota” a todo aquel que “no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo”. También califica de “imbécil” a quien no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo”.
Reacciones
Una vez que el documento tomó estado público, las reacciones no se hicieron esperar. Diferentes asociaciones de Córdoba vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad rechazaron con contundencia los términos expuestos. Entendieron su como algo “vergonzoso” y argumentaron que son denominaciones que se utilizaban en la década del ‘40, hace casi 100 años.
Dichos espacios aseguraron sentirse “ofendidos”, al tiempo que señalaron que el escrito de la Andis marca “un gran retroceso” en la perspectiva con la que se ha trabajado muchos años para eliminar términos discriminadores y estigmatizadores.
La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, expresó que la utilización de esos términos para referirse a las personas con discapacidad por parte de organismos del Estado “constituye un acto de violencia institucional”.
“Desde el Gobierno de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en políticas públicas inclusivas. Córdoba cuenta con el fondo para personas con discapacidad y sus organizaciones, que durante 2024 invirtió $ 1.100 millones, financiando 164 proyectos de inclusión”, aseguró.
Desde la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, su titular, María Elisa Martínez, dijo que los términos empleados por la Andis son “sumamente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”.
“Con horror nos enteramos hoy del uso de esta terminología antigua por parte de la Andis y la repudiamos totalmente. En realidad lo que se busca con esto es endurecer los criterios de acceso a las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad. Van a poner más trabas para el acceso a este derecho y puede que muchas personas pierdan ese beneficio”, lamentó la funcionaria.
Por su parte, Daniela Aza, referente e influencer sobre discapacidad y diversidad, dijo: “Se supone que una autoridad como la Agencia Nacional de Discapacidad debería estar a la altura de la representación de las personas con discapacidad y no reproducir estos términos discriminadores. Intentamos promover una imagen positiva, que facilite la participación de estas personas en la sociedad, y esto evidentemente no ayuda”.
“Yo no quiero que nadie trate de imbécil o idiota a mi hijo. Cuando estos dichos salen de la Presidencia sentimos una profunda tristeza. El Gobierno Nacional deja de tratar a las personas con discapacidad como seres humanos. Nos reducen a la nada. Los familiares nos sentimos profundamente lastimados”, sumó Federico Figueroa, titular de la Fundación Darte Argentina, que trabaja en la garantía de derechos de las personas con discapacidad.
Figueroa es padre de Joaquín, un adolescente con parálisis cerebral. Junto a toda su familia trabajó mucho para eliminar una visión estigmatizadora sobre su hijo.
“Fue un error”
Luego de que el escrito de la Andis recibiera un repudio social generalizado, el propio Spagnuolo anunció a través de sus redes sociales que se modificará la resolución entendiendo que esos términos han sido utilizados en la medicina psiquiátrica para “describir grados profundos de déficit intelectual”.
Y dijo que la publicación no tuvo una intención discriminatoria, sino que se trató de un “error derivado del uso de conceptos”. Además, aclaró que la “corrección” no modificará los criterios de evaluación establecidos por la normativa.
