La Justicia penal económica de Córdoba imputó esta semana a Christian Flavio D’Alessandro, actual titular del Grupo Fam y aún socio del Grupo Fono Bus, por el presunto delito de vaciamiento de empresa, junto a su esposa Gabriela Serra y al contador Marcelo Daniel Pucheta.
La medida fue dictada por el fiscal Matías Bornancini, a cargo de la Fiscalía Penal Económica N° 1, en el marco de una causa iniciada por la denuncia de los otros dos socios del Grupo Fono Bus: Gianfranco y Fabiola D’Alessandro.
Según se informó, los tres acusados fueron citados para ser notificados de las imputaciones en los términos del artículo 174 inciso 6° del Código Penal, que contempla penas de hasta seis años de prisión.
La fiscalía avanzó en base a una “prolija investigación” y pruebas aportadas por los denunciantes, que acusan al ahora exgerente Christian D’Alessandro de una serie de maniobras que habrían afectado el patrimonio de la empresa y su funcionamiento operativo.
Denuncias cruzadas y disputa societaria
La denuncia, presentada 3 de febrero de 2025, apunta a una conducta sistemática por parte de Christian D’Alessandro que habría perjudicado al grupo empresarial Fono Bus, dedicado al transporte interurbano.
Entre los hechos señalados, se incluyen la negativa a convocar reuniones societarias, extracciones de dinero sin rendición de cuentas, la venta no registrada de vehículos, y la obstaculización del pago a proveedores e insumos esenciales para la flota.
Uno de los hechos más graves consignados por los denunciantes es una extracción de dinero, realizada el 27 de noviembre de 2024, de 32.500 dólares (equivalentes a $ 40.008.750 en ese momento) desde una cuenta del Grupo Fono Bus.
Esa misma jornada, Christian D’Alessandro, junto a su esposa Gabriela Serra, habrían adquirido la totalidad de las acciones de la empresa “El Quebrachal SRL”, base operativa del Grupo Fam, la nueva firma creada por el imputado.
Para los denunciantes, sus hermanos y socios, esa operación evidencia el presunto uso de fondos de Fono Bus en beneficio personal y de un emprendimiento en competencia directa.
Grupo FAM y la reconfiguración del transporte urbano
La denuncia también contextualizó el conflicto en el proceso de rediseño del transporte urbano encarado por el gobierno municipal encabezado por Daniel Passerini, y provincial, bajo la gestión de Martín Llaryora.
Según consta en la presentación judicial, el Grupo Fam realizó estas maniobras para quedarse con los corredores urbanos que en ese entonces eran operados por Tamse y Ersa, ahora forrman parte del Grupo FAM.
Este nuevo prestatario, forma parte del transporte urbano de pasajeros desde marzo de este año.
En ese marco, los denunciantes sostuvieron que D’Alessandro planificó el debilitamiento operativo de Fono Bus, al transferir personal clave a su nueva empresa y retener dos vehículos de la flota, que posteriormente fueron secuestrados por orden del fiscal Bornancini.
También se señaló que, a fines de 2024, D’Alessandro comunicó al gremio Aoita que no abonaría el medio aguinaldo a los empleados, con el objetivo de generar conflictividad interna.
El rol del contador y documentación clave
La imputación también alcanzó a Marcelo Daniel Pucheta, contador vinculado al Grupo Fono Bus, quien dejó la empresa para integrarse al Grupo Fam.
Según consta en la causa, en la oficina que ocupaba Pucheta se encontraron documentos que confirmarían la operación de traspaso de “El Quebrachal SRL” a manos de D’Alessandro y Serra, incluyendo copias de acuerdos de transferencia de cuotas sociales.
La fiscalía consideró que los elementos aportados por los socios denunciantes, junto con los resultados de las medidas preliminares, acreditaron la hipótesis de una administración infiel y el desvío deliberado de fondos para consolidar un emprendimiento paralelo, en abierta competencia con la firma que D’Alessandro cofundó.
Violaciones a la Ley de Sociedades
La denuncia hizo hincapié en la presunta violación sistemática de normas societarias vigentes, como las contempladas en los artículos 157, 272, 273 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.
Dichos artículos prohíben expresamente a gerentes y directores de sociedades participar en actividades en competencia directa, bajo sanción de responsabilidad civil y penal. En este caso, el accionar del imputado se habría dado sin autorización societaria ni información al directorio.
Aunque fue removido con causa de la administración, Christian D’Alessandro continúa siendo socio del Grupo Fono Bus, lo que complejiza aún más el conflicto.
Desde la representación legal de los socios denunciantes se confirmó que analizan ampliar la denuncia inicial, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.
La figura central del proceso es la del vaciamiento empresario, cuya tipificación penal contempla maniobras que afectan deliberadamente la viabilidad económica de una sociedad para beneficiar intereses particulares.
El abogado Pedro Despouy, querellante en la causa, señaló que “no es un conflicto familiar sino estrictamente societario”, remarcó en su momento.
Mientras tanto, la fiscalía avanza con la investigación, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas procesales. La causa podría tener impacto directo en el mapa de operadores del transporte urbano e interurbano de Córdoba.
