La Justicia investiga la muerte de un hombre ocurrida el lunes 24 por la madrugada, en el marco de un confuso episodio sucedido en una estación de servicio ubicada en calle Octavio Pinto esquina Mariano Castex, en la zona noroeste de Córdoba capital.
Se trata de Guillermo Alberto Bustamante, quien según la familia murió asfixiado por los agentes de la Policía. Por el hecho este martes la fiscalía instruyó cinco detenciones contra uniformados de la fuerza. Todo sucedió pasadas las 4 de la mañana cuando se habría desatado una discusión entre la víctima y los responsables del negocio en ese momento por el pago de una carga de combustible.
El caso trae al presente un crimen de George Floyd, ocurrido en 2020 en Mineápolis, que puso el accionar de la Policía de Estados Unidos en los ojos del mundo entero y comenzó el movimiento “Black Lives Matter”, aunque aquel episodio estuvo atravesado por acusaciones de odio racial hacia la Policía.
Por el momento, la Justicia investiga qué fue lo que pasó y este martes el fiscal de la causa ordenó al detención e imputación contra cinco policías.
El lunes, la Policía de Córdoba dio a conocer su versión de lo ocurrido, que difiere del relato de Agustina, la esposa de la víctima.
Según relató el comisario mayor Cristian Barrios, Bustamante estaba en un “estado agresivo e intentó agredir al personal policial que estaba participando del procedimiento”.
El funcionario destacó que el procedimiento fue hecho según marca la normativa y que Bustamante fue escalando en su nivel de agresividad hasta que “se descompensó”.
George Floyd: crimen, condena y manifestaciones históricas
Floyd, de 40 años, falleció después de ser detenido por un “hecho menor”. Videos grabados por transeúntes mostraron a un policía, identificado posteriormente como Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos, mientras la víctima repetía “No puedo respirar”.
La noticia de la muerte de Floyd desató una ola de protestas que se extendió por Mineápolis y la vecina Saint Paul durante tres noches consecutivas. Miles de personas se movilizaron, lo que derivó en “la quema de una estación de Policía, disturbios y saqueos”. La indignación creció después de que el fiscal del condado de Hennepin anunciara que no tenía intención, por el momento, de imputar cargos ni detener a Derek Chauvin.
En un intento por controlar la situación, el gobernador de Minesota, Tim Walz, activó a la Guardia Nacional, desplegando medio centenar de soldados en la ciudad. A pesar de esto, los saqueos e incendios se multiplicaron, y los manifestantes se congregaron alrededor de la estación de Policía del Tercer Precinto, que finalmente fue incendiada. La Alcaldía de Mineápolis pidió a los manifestantes que se retiraran ante el peligro de explosiones.
El grito de “No puedo respirar”, repetido por Floyd durante su agonía, se convirtió en un símbolo de la protesta, poniendo de manifiesto una vez más la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos.
Posteriormente, el caso de George Floyd avanzó judicialmente. Derek Chauvin, el expolicía implicado, fue declarado culpable por un jurado del homicidio de Floyd en Minnesota. Los cargos por los que fue encontrado responsable incluyen asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado u homicidio involuntario, que sumaban una posible pena máxima de cárcel de 70 años. Tras el veredicto, se le revocó la libertad bajo fianza y fue trasladado a prisión a la espera de su sentencia.
Finalmente, la Justicia de Minnesota condenó a Dereck Chauvin a 22 años y medio de prisión por el homicidio de George Floyd. La decisión judicial fue recibida con alivio en gran parte del país, ante el temor de que una absolución pudiera generar peores disturbios. Antes de la sentencia, familiares de Floyd expresaron el dolor por su pérdida y pidieron la pena máxima. La ley de Minnesota establecía una pena mínima de 12 años y medio de cárcel para este delito. El juez Cahill consideró circunstancias agravantes al dictar la sentencia, como el “abuso de su posición de confianza y autoridad”, el trato con “especial crueldad” a Floyd frente a menores y la participación de otros tres uniformados en el crimen.
Además de las acciones judiciales contra los policías, la ciudad de Minneapolis acordó pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd en un acuerdo extrajudicial por un caso de derechos civiles. El abogado de la familia calificó este acuerdo como el más grande de la historia en su tipo, enviando un “mensaje poderoso de que las vidas negras sí importan y la brutalidad policial contra la gente de color debe cesar”.
La muerte de George Floyd, ocurrida el 25 de mayo después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares, y la manera en que se produjo, generaron un debate nacional sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial en Estados Unidos. La autopsia encargada por la familia de Floyd concluyó que su muerte se debió a “asfixia causada por compresión en el cuello y la espalda”. Transcripciones de la detención revelaron que Floyd dijo más de 20 veces que no podía respirar.