La técnica de gestación por sustitución está paralizada en Córdoba. La investigación de la Justicia federal de 14 casos ante sospechas de explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad marcó un punto de inflexión en la práctica y podría significar un antes y un después para la regulación de la misma, ante un vacío legal que existe en Argentina.
En ese contexto, el doctor Gustavo Estofan, referente en reproducción asistida y director del Centro Integral de Ginecología, Obstetricia y Reproducción (Cigor) –que no forma parte de la causa– entiende que la autorización judicial es la clave para avanzar en un procedimiento de este tipo y lamenta que en este contexto, algunas parejas que no tienen otra alternativa, se vean perjudicadas.
–¿Cuál es el protocolo que llevan adelante en la clínica ante una consulta de gestación por sustitución?
–Lo primero que pedimos es que sí o sí tiene que tener un aval previo de la Justicia. Lo saben nuestras empleadas administrativas que receptan ese primer contacto. Si no van a cumplir ese requisito, no se puede realizar acá. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones anómalas como hemos visto y nosotros para eso no estamos de acuerdo. Una vez que tienen la autorización judicial estudiamos a la gestante, quien es referida por la pareja y le hacemos diferentes tipos de estudios para evitar alguna patología. Además solicitamos un apto psicológico de que esa mujer puede llevar adelante ese embarazo. Que conozca todas las implicancias e incluso haya vivido la experiencia previa de tener un niño. Incluso pedimos una entrevista con una profesional de nuestra institución. En algunos casos ocurrieron retracciones antes de ser transferidas.
–¿Cómo determinaron ese protocolo? ¿En qué radica esa exhaustividad?
–Siempre en la clínica nos manejamos en consenso de cómo debemos proceder. Es una locura que transfieras material genético a una tercera persona sin autorización judicial. El sentido común te lleva a eso. Pocos días atrás organicé un congreso de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer) en Córdoba y uno de los temas que propuse en el programa fue gestación por sustitución. Hay que hablar del tema. ¿Por qué no lo vas a hablar?. Si vos haces bien las cosas, ¿por qué lo vas a ocultar cuando hay mucha gente que lo necesita?. Lo que sí incorporamos es que ante una nueva solicitud, el médico tratante realice una exposición del caso ante la junta directiva para conocer todas las variables posibles.
–¿Cómo te impactó la denuncia de presunta trata de personas en esas otras dos clínicas?
–La sensación fue mala. La técnica es buena pero lamentablemente la regulación tendría que haber salido en la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, y todas estas situaciones no las tendríamos que estar viviendo para nada, pero no sucedió. Ahora pasa por las cuestiones éticas y morales de cada institución.
–¿Cómo es la situación actual de la técnica?
–Está parada, obviamente por la situación que se está investigando. Tenemos personas que vienen y preguntan y le contestamos lo mismo. Necesitan el fallo judicial. Entiendo que esto demora nuevos dictámenes. Como aún la Justicia no tiene claro lo que ha pasado se cuida en no dar autorizaciones hasta que no haya una resolución de esto.
–lncluso quizás los mismos abogados patrocinantes de estos casos han estado en una clínica o en otra. En ese sentido, ¿sospechan de todo aquel que ha sido nombrado en la causa?
–Sí, sí, es que los conocemos. En principio había como un bufete de abogados especializados en esto y que dentro de todo eran lo que más rápido actuaban para realizar las presentaciones. Pero después son los mismo que uno observa en este tipo de situaciones. En el mundo existen y acá en Argentina empezaron a aparecer algunas agencias. Cuando nosotros empezamos eran generalmente familiares, amigas o conocidas. En ningún momento se hacían combos de situaciones así como las denunciadas.
–¿Cuántas gestaciones por sustitución se realizan al año?
–Realizamos la primera en Córdoba en 2019 y con la pandemia no había mucha gente que iniciara tratamientos. En sí el número fluctúa, algún año tuvimos cinco, otro ocho. Tenemos un plantel médico importante, eso genera que sean referentes y les lleguen solicitudes de ese modo.
–¿Y qué costo tiene?
–Más o menos todo el procedimiento –fertilización in vitro y transferencia– puede estar alrededor de los $ 2 millones. Los montos varían en cada institución cuando se trata de una consulta particular.
–¿Qué cuidados tendría que tener la ley para que los “mal intencionados” no le encuentren la trampa?
–Un juez tiene todas las armas para llegar a ver eso. Es importante estudiar bien a la gestante, su origen, cómo apareció en la consulta, todas esas cosas. Me parece que hubo una flaqueza de esas cuestiones. Abocarse a que esa situación de supuesto aprovechamiento no esté pasando antes de una resolución.
–Finalmente, ¿cómo creés que se va a configurar la práctica de ahora en adelante?
–Ojalá en algún momento se destrabe la situación y que haya una ley que reglamente esta práctica como sucede en casi todas las otras. La técnica ayuda mucho para un grupo de pacientes que acuden a la consulta con una carga emocional muy importante y que llegaron acá porque agotaron todas las otras instancias anteriores.
