En un intento por salir por arriba del laberinto en el que entró la situación del adolescente que con 15 años ya acumula 18 intervenciones por delitos y faltas con el rechazo de la Justicia Penal Juvenil a otorgar un permiso para una medida “excepcionalísima” que habilite que pueda ser alojado en el Complejo Esperanza, la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, anticipó que enviará a la Legislatura un cambio en el Código de Procedimiento Penal Juvenil” que le dé las herramientas que reclama la Justicia para abordar los casos de adolescentes con múltiples intervenciones que no pueden estar privados de su libertad.
“No es la idea entrar en polémicas, sino resolver la situación. Recojo lo que dice la Justicia: si el problema es que no tienen herramientas, vamos a darles esas herramientas con un proyecto de ley que contemple todas las garantías de un debido proceso y que contemple como una medida excepcionalísima que estos adolescentes, que no son muchos casos pero que existen en la realidad, puedan ser alojados en un dispositivo en el que no tengan la libertad de salir y abandonar el tratamiento”, planteó Montero.
Este viernes eran 118 los niños, niñas y adolescentes (Nnya) no punibles que están en programas de monitoreo en territorio de operadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). De ese número, sólo hay tres casos complejos que ingresaron en la prueba piloto de un dispositivo “intermedio” que está probando Desarrollo Humano para situaciones en las que requiere que el joven permanezca en el lugar del tratamiento.
El nuevo Código de Procedimiento protocolizará todas las intervenciones, en una escala en la que el último recurso sería una medida excepcionalísima que habilite la privación de la libertad temporal. En palabras de Montero, “un dispositivo intermedio con medidas de seguridad para evitar la externación voluntaria del joven”.
El encierro, aun como medida extraordinaria, fue rechazado por la jueza Penal Juvenil Ileana Benedito, quien entre sus argumentos citó un fallo de 2021 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tuvo una ratificación el 29 de octubre de este año cuando al analizar el planteo de defensores oficiales contra el encierro de un adolescente de 15 años los vocales Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollatti remarcó que “a los niños, niñas y adolescentes (Nnya) no punibles por su edad se les aplica un sistema distinto respecto de los punibles, con un enfoque diferenciado, basado en un abordaje multidisciplinario, en el que la libertad es la regla absoluta y no deja margen para el encierro”.
La jueza Benedito lo sintetizó así: “Senaf me dice que lo deje preso, pero no hay lugar en el sistema legal para eso”.
En su resolución, el TSJ incluso marca con un antecedente de gravedad que “la privación de libertad de Nnya no punibles en razón de su edad ha continuado durante los años 2022 y 2023. Ingresaron 38 Nnya no punibles por su edad al Complejo Esperanza, esto es, 19 en el año 2022 y 19 hasta el 22/8 de este año 2023. Si bien ninguno de los mencionados en las presentes actuaciones se encuentra aún alojado allí, otros fueron ingresados y permanecían nueve Nnya no punibles por su edad en el complejo (a la fecha de la sentencia)”.
¿Qué pasaría si aun con este nuevo Código de Procedimiento la Justicia rechazara las medidas excepcionalísimas? Ese interrogante queda abierto.
Montero admitió que en el caso del adolescente de las 18 caídas “fracasaron las medidas, no el sistema”. Y aseguró que no es la única motivación en ese pedido el resguardo de la seguridad de la ciudadanía, sino la del propio adolescente, que tiene conductas de riesgo que son un peligro para sí mismo.
Montero aceptó que la suya “no es la Senaf que querría”, para hacer luego un largo balance de lo que hizo en su casi primer año de gestión.
“El presupuesto de la Senaf se incrementó un 279%: de 1.400 millones presupuestados en el programa central de Senaf, va a tener ejecutados casi 4 mil millones a fin de año y el 96% de los nuevos empleados son profesionales”, entre lo más destacado.
Una ínfima parte del problema de seguridad
En Córdoba ocurren cerca de 400 mil delitos, de los cuales se denuncian poco más de un 50 por ciento, según los últimos datos disponibles del área de Estadísticas de la Policía. La gran mayoría de los delitos son cometidos por personas mayores de edad. Del mismo modo, el grueso de los detenidos son varones jóvenes, pero ya mayores de 18 años.
Este viernes había 123 Nnya alojados en el Complejo Esperanza, que es el único dispositivo habilitado para alojar a adolescentes con causas penales.
Este número es menor al registrado en julio de este año, cuando eran 164 y comenzaban a ser un problema potencial de saturación de capacidad porque el lugar tiene un máximo de 212 plazas.
La instalación de una oficina de la Unidad de la Defensa Pública, con conectividad asegurada, logró que los procesos sean más rápidos y los Nnya no queden alojados por demoras judiciales, sino el tiempo indicado por los jueces.
De los 123 internos, 115 son varones y 8 mujeres. En lo que va del año han pasado por el Complejo Esperanza, al menos durante un día, 411 adolescentes punibles.
Son un número pequeño en el universo de los detenidos por delitos. Pero también incluso son pocos en relación con otros problemas que tienen los Nnya en Córdoba.
Actualmente, hay activas 1.300 medidas excepcionales para Nnya sin cuidados parentales. Las medidas excepcionales son todas las que implican el retiro de su familia de origen por causas que van de abuso a abandono.
De este total, hay 350 en residencias que gestiona la Senaf, como la que tiene como huésped al joven de las 18 intervenciones. Son establecimientos abiertos, en el que conviven Nnya con muy diversas historias personales. “Lo que tienen en común es que son todas trágicas”, resumió Montero.
