El 19 de agosto, la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, y la coordinadora del área de seguridad de paciente, Adriana Morales, fueron citadas por el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, en el despacho del funcionario, ubicado en el Complejo Pablo Pizzurno.
La reunión, que terminó poco después de las 3 de la tarde, tuvo como objetivo “unificar un criterio” sobre la muerte de los bebés.
Ese mismo día, a la tardecita, Brenda Agüero fue detenida como principal sospechosa. Habían pasado ocho días desde que el caso se difundió mediáticamente.
Según consta en el expediente judicial, las profesionales habían sido citadas por Cardozo para poder unificar criterios, antes de ser convocadas a declarar por el fiscal Raúl Garzón.
“Nos citaron para analizar cada caso. Hay que descartar algunos y me parece bien, para que no acusen ningún problema de mala praxis”, dijo, en ese encuentro, Asís.
Garzón tuvo acceso a las conversaciones que la exdirectora mantuvo desde el 18 hasta el 29 de agosto. El fiscal pidió al juez de control que autorizara la intervención de la línea telefónica para obtener pruebas en el marco de la investigación judicial.
Garzón fundamentó que estaban reunidos los requisitos exigidos en el artículo 216 del Código Procesal Penal y del 46 de la Constitución Provincial. El trámite fue autorizado por el Juzgado de Control y Faltas número 10 de la ciudad de Córdoba.
Qué dijo la defensa
A través del acceso a las conversaciones telefónicas, el fiscal supo que la estrategia del Ministerio de Salud provincial fue unificar un discurso que explicara las muertes bajo sospecha. De esas charlas se supo que la cartera sanitaria había revisado las historias clínicas de los bebés fallecidos y de los que quedaron con algún tipo de lesión. Que al principio hubo dudas sobre qué fecha tomar como inicio de la saga de muertes bajo estudio. Y que dos casos fueron descartados porque esos fallecimientos podrían haber respondido a otras causas.
“(Cardozo) prefiere que nos juntemos nosotros ahora porque nos va a empezar a llamar el fiscal. Para que todos tengamos más o menos el mismo relato, porque si cada uno va decir una cosa y meten la pata, sonamos”, comentó la exdirectora, según consta en el expediente.
En conversaciones con el resto del equipo directivo del hospital, Asís se mostró confiada de que “todos los procesos han estado bien hechos”. Desde su defensa, que fue consultada por La Voz, también aclararon que las charlas tuvieron como objetivo esclarecer lo que había sucedido, no ocultar ni cambiar la versión de los hechos.
Responsabilidad institucional
Las responsabilidades institucionales son un capítulo aparte de la compleja causa que investiga muertes y secuelas en el hospital Neonatal.
El fiscal de Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, imputó a tres funcionarios y a tres profesionales del hospital por omisión de deberes de funcionario público (no haber denunciado a tiempo). A las agentes y a la directora Asís, extendió la acusación a falsedad ideológica.
Caso Neonatal: el ingeniero que hizo la denuncia que aceleró la investigación
Garzón comenzó a investigar el 4 de julio. Tres días más tarde, allanó el hospital. El expediente ya lleva 25 cuerpos, de los cuales nueve son de prueba. La causa unificó dos denuncias más que fueron radicadas el 6 y 7 de junio en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6.
En esa oportunidad, policías hicieron una “entrega de procedimiento”, un protocolo que se activa cuando los médicos no pueden firmar el certificado de defunción porque tienen dudas sobre los motivos de muerte.
Investigación administrativa
El Ministerio de Salud provincial y la dirección del hospital ya venían investigando las muertes desde antes. En abril se había analizado un lote de vitamina K.
En mayo, a partir de la denuncia de una mamá, recursos humanos del hospital comenzó a solicitar los primeros descargos de los profesionales. Era una madre que había dado a luz en abril. No tenía dudas en ese momento sobre la causa de muerte de su hijo, sino que había denunciado violencia institucional. Que en el preparto alguien le dijo: “Colaborá, porque todo lo que le pase a tu bebé va a ser culpa tuya”.
El 7 de junio, el Ministerio de Salud provincial ordenó una investigación administrativa. Estudió historias clínicas y realizó entrevistas a agentes del hospital. De ahí surge el listado original de los 13 casos (cinco muertes y ocho sobrevivientes).
Interés público
Cuando las muertes en el Neonatal se hicieron públicas, a través de una noticia de radio Mitre, Cardozo explicó a la prensa que había casos bajo estudio desde el 18 de marzo.
El expediente cuenta con textuales de las entrevistas que el ministro brindó a diferentes medios, entre el 10 y el 12 de agosto. Las declaraciones fueron contrastadas con el material obtenido en las intervenciones telefónicas.
Las charlas que Asís mantiene con Cardozo y con profesionales del hospital dan cuenta de que la directora recién se enteró de que era Brenda la principal sospechosa cuando el fiscal ordenó su detención.
Que había dudas respecto de cuántos podían ser los niños afectados por causas externas y a partir de cuándo se comenzaría a contar. Que dos de los 13 quedaron descartados y que cuatro habrían quedado con lesiones. Esas marcas en la piel (pinchazos) fueron el indicio de que algo raro estaba sucediendo.
Se supo que los niños no estuvieron expuestos a gas ni a oxígeno de aire comprimido (cosa que puede ser un error), ya que no tuvieron dificultad respiratoria.
Existió además un intento de reunión con otras profesionales del hospital, para unificar el discurso. Pero ese encuentro no pudo realizarse, ya que Garzón se anticipó a allanar domicilios y a convocar a declaratorias.
El lunes 22 de abril, Asís fue convocada a prestar su declaración judicial. Ya se había comunicado con Cardozo. “Vos quedate tranquila, Lili –finaliza el exministro la conversación–. No hay nada que esconder. Gracias a Dios, no hay nada que esconder”.
