En las últimas semanas, se conocieron dos casos de maltrato policial en Córdoba a personas LGBTIQ+. Y queda en evidencia que ya no se trata de hechos aislados. Hay un accionar generalizado de muchos agentes que, además de cometer violencia institucional, ejercen violencia de género y discriminación a personas de la diversidad sexual.
Dos mujeres denunciaron haber sido humilladas y maltratadas en un operativo de control de circulación en el Parque Sarmiento de la Capital provincial. Aseguran que las detuvieron y se burlaron de ellas, basándose en su prejuicio sobre las personas LGBTIQ+ y a quienes identificaron como activistas feministas. Además, según su denuncia, les robaron un perfume.
Este tipo de violencias actúa sobre la base de prejuicios, es decir, por lo que el agresor presume de la otra persona, por lo que imagina que esas personas son, puesto que se las asocia con valores negativos.
Otra mujer trans fue detenida en marzo por una contravención de hace 30 años, cuando aún se perseguía a las personas por “usar ropa distinta al género”.
Las faltas no son menores. No respetar la identidad de género de una persona es violar un derecho humano. No es una picardía, no es un error menor de discriminación: es un derecho esencial de todas las personas, que merecemos ser tratadas de acuerdo con nuestra identidad, esté asentada o no en el DNI.
Cuando una persona cambia su identidad de género en el DNI, el número no cambia y el apellido tampoco. En cualquier procedimiento policial, se puede identificar a una persona con el número de DNI, el apellido, la fecha de nacimiento e incluso la huella digital. Lo único que cambia es el prenombre y, en caso de que en el sistema figure otro, se puede –sólo si fuera necesario– preguntar respetuosamente a la persona si se corresponde con un cambio de género.
Si aun así alguien se dirige a esa persona con el nombre que usaba anteriormente, está faltando a la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012 y a un derecho humano básico.
Las capacitaciones en el marco de la llamada ley Micaela (que establece la obligatoriedad de capacitación en materia de género a todas las instituciones del Estado) ya se dieron en la Policía y se siguen realizando. Sin embargo, nada parece ser suficiente en una sociedad que sigue relativizando, negando y discriminando a las personas por su orientación sexual o su identidad de género.
El problema es aún más grave cuando quien reniega de estos derechos tiene el poder de policía, un arma en la mano y la autoridad para llevar a personas privadas de su libertad en un patrullero.
