La polémica por los “vacunados VIP” sigue dando sus coletazos en distintas provincias. El lunes pasado, el Comité de Ética y Derechos Humanos Covid-19 del Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acción que promueva el privilegio de algunas personas sobre otras. Y solicitó a las jurisdicciones que cumplieran con los lineamientos establecidos por la cartera sanitaria nacional, que establece una campaña de vacunación escalonada, que comienza por los agentes de salud y termina en el personal estratégico.
Los expertos pidieron que las provincias clarificaran los criterios que están tomando a la hora de priorizar grupos por vacunar, en caso de que adopten lineamientos diferentes a los recomendados por Nación. También, que detallen cuántas personas integran cada grupo priorizado, cuántas dosis tiene y en qué tiempo se piensa abarcar a cada una de ellas.
“La emergencia de la pandemia no justifica una ética de la excepción. Toda acción debe regirse por los principios éticos de la salud pública y los derechos humanos”, establece el comunicado del comité. El documento destaca que, ante la escasez de vacunas, se debe priorizar a los adultos mayores, “ya que si se los vacuna primero se puede reducir la mortalidad para el mayor número de personas vulnerables”. Y al personal de salud en contacto directo con los infectados.
El abogado y experto en bioética Ignacio Maglio –que integra el comité– amplió los criterios de sus pares, en diálogo con La Voz.
–¿Cómo priorizar grupos cuando las dosis son escasas?
–El Ministerio de Salud de la Nación estableció seis grupos, en orden decreciente, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Después cada provincia evalúa y decide qué criterios aplica.
–El grupo de personal de salud es muy amplio. En Córdoba son más de 66 mil agentes. ¿Cuál debería ser el criterio si no tenemos las dosis suficientes?
–Esta es una opinión personal, ya que el comité no se ha expedido sobre eso. Creo que primero se debería comenzar con los que hacen un trabajo presencial. Y, de ellos, priorizar a los que estén en un lugar donde el riesgo de adquisición de la infección sea más alto, como una terapia intensiva, emergencia, ambulancia o laboratorio. Eso está claro en los lineamientos de Nación. Después seguiría con los que realizan tareas presenciales con pacientes que no tienen Covid-19 o que no se desempeñan en cuidados intensivos. Y, en tercer lugar, vendrían los que no trabajan en atención directa con pacientes, como pueden ser técnicos o administrativos.
–¿Y los profesionales de salud que están licenciados?
–Por estas horas, el Ministerio de Salud de la Nación está evaluando priorizar aquellos agentes que están de licencia, ya sea por enfermedad crónica o por edad avanzada. Se lo está considerando porque, en caso de una segunda ola, eso podría dar respiro a los profesionales que hoy están en ejercicio, muy castigados, trabajando casi sin vacaciones.
–¿Cómo avanzamos después?
–La segunda prioridad son los mayores de 70 y los que están en geriátricos. A mi juicio, creo que habría que incluir en este grupo a los pacientes internados en instituciones psiquiátricas con estadías prolongadas, es decir, personas con enfermedades mentales graves. Varios estudios demostraron que tienen una triple carga de vulnerabilidad. Esto es una opinión personal.
–¿Y a quién vacunamos primero? ¿Al que se inscribió antes?
–Creo que no sería ético adoptar ese criterio. El orden de la lista de espera puede tener un fundamento ético cuando todos los candidatos empatan en las condiciones y en las chances. Ahí tenés dos opciones: tirás la moneda o llamás al primero que llega. Pero cuando hay situaciones de desventajas manifiestas, como puede ser un mayor de 70 con una comorbilidad, hay que hacer un score y darle más puntos al que tenga un grado de vulnerabilidad asociado a esa enfermedad.
–El grupo de personal estratégico es el que genera mayor confusión.
–Sí y creo que hay que redefinir quiénes entran en este grupo. En eso está trabajando el Ministerio de Salud de la Nación. Para evitar que haya una definición tan amplia y tan ambigua que eso pueda promover un ejercicio discrecional y abusivo del uso de las vacunas.
