En un acto celebrado este jueves en la Legislatura de Córdoba, se presentó formalmente el proyecto de ley que propone la prohibición de la actividad de los cuidacoches, también conocidos como “naranjitas” o “trapitos”, en todo el territorio provincial.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda y contó con la participación de más de 200 vecinos, quienes dieron testimonio, tanto de manera escrita como oral, sobre situaciones de violencia que habrían sufrido por parte de personas que ejercen esa actividad.
La convocatoria estuvo a cargo de la Fundación Mejor Futuro, presidida por el propio Hernández Maqueda, quien remarcó la necesidad de eliminar la distinción entre cuidacoches sean legales o ilegales, al considerarla “el principal foco de violencia”.
En sus palabras, afirmó: “La seguridad debe estar a cargo de la Policía y el estacionamiento medido sólo por aplicaciones controladas por funcionarios y no por particulares”.
Durante el evento también expusieron autoridades provinciales y municipales en respaldo del proyecto, entre ellos el secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo; los concejales de la ciudad de Córdoba Jessica Rovetto Llapur y Luciano Agüero Díaz; y las legisladoras provinciales Ariela Szpanin, Patricia Botta y Alejandra Ferrero.
Propuesta
El proyecto propone una reforma integral del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326). En su artículo primero, propone la modificación del artículo 60, estableciendo sanciones de hasta 18 días de trabajo comunitario, multas de hasta 36 Unidades de Multa o arresto de hasta 9 días para quienes, sin ser funcionarios designados, exigieran retribuciones económicas por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública.
La iniciativa también prevé la adecuación normativa de municipios y comunas que hayan firmado convenios con terceros o regulado de algún modo este servicio, así como la confección de un listado de personas que se desempeñen como cuidacoches, con o sin autorización.
La Autoridad de Aplicación según el proyecto presentado sería el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que deberá generar estadísticas, ofrecer capacitaciones no aranceladas, acompañar la reinserción laboral de los afectados y gestionar canales seguros para realizar denuncias.
Además, el proyecto insta a los municipios a promover el estacionamiento libre y no arancelado, y, en caso de regularlo, a optar únicamente por sistemas digitales o la intermediación de funcionarios públicos. También establece que toda área con estacionamiento tarifado deberá estar debidamente publicitada, y todo cobro fuera de esas zonas será considerado nulo.
El legislador recordó que una versión previa del proyecto había sido rechazada por el oficialismo en agosto de 2024, bajo acusaciones de ser “racista y clasista”. Al respecto, sostuvo que “ahora que el propio intendente Passerini reconoció el problema, ya no tienen excusa para aprobar la reforma. Sacarlos sólo del Parque Sarmiento no es suficiente ni justo. Debe haber reglas claras e iguales para todos, en todo el territorio y más allá de la buena o mala voluntad del Poder Ejecutivo de turno”.
Entre los fundamentos presentados, se detallaron múltiples hechos delictivos vinculados a naranjitas, ocurridos entre agosto y diciembre del año pasado, que incluyeron agresiones, daños a vehículos, portación de armas, enfrentamientos en la vía pública y amenazas a automovilistas. También en los fundamentos presentados por Hernández Maqueda se citaron declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien en su momento reconoció la problemática y afirmó que estos actores “alteran la paz social”.
El proyecto también contempló ejemplos de otras jurisdicciones que avanzaron en regulaciones similares, como Villa María, que en abril de 2024 sancionó una ordenanza con multas específicas; o Pinamar y Mar del Plata, que lograron erradicar esta actividad informal mediante denuncias anónimas y sistemas formales de estacionamiento. Además, se mencionó un proyecto de ley presentado a nivel nacional por el diputado Alejandro Bongiovanni, que propone penas de prisión para quienes ejerzan esta actividad sin autorización.
En cuanto a las modificaciones respecto del proyecto rechazado en 2024, esta nueva versión incluye un plazo de seis meses para la entrada en vigencia del artículo reformado, la incorporación de un listado oficial de personas afectadas, y la implementación de medidas de apoyo laboral.
Hernández Maqueda en sus fundamentos expresó que “la presente iniciativa promueve un cambio de paradigma total”, al sostener una prohibición general del servicio de cuidacoches y ofrecer, al mismo tiempo, alternativas para la reinserción laboral de los afectados y herramientas de control para los gobiernos locales.
