Un grupo de investigadores ligados a la temática ambiental en Córdoba, con desempeño en la UNC, el Conicet, el Inta y en organizaciones ambientalistas, planteó su “preocupación” sobre algunos aspectos del debate abierto sobre los incendios forestales en Córdoba y sus consecuencias.
Puntualmente, refutaron “la interpretación errónea y sesgada de los datos de un informe sobre áreas quemadas en Córdoba entre 2010 y 2022″, publicado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la provincia.
Marcan “falencias y errores” sobre ese informe. Las objeciones centrales que reponen en debate son:
- El método utilizado para estimar superficies quemadas no es preciso, ya que se basa en datos satelitales de resolución moderada a baja, mientras que existen imágenes con resoluciones altas, de acceso gratuito y más adecuadas.
- Los productos satelitales utilizados en el estudio son más adecuados para la detección de incendios activos que para la estimación de superficie quemada.
- El análisis de la vegetación afectada por los incendios carece de rigurosidad metodológica, dado que para los siete años analizados utilizan mapas de vegetación posteriores a los eventos de fuego, con lo cual, en lugar de analizar la vegetación afectada, analizan la vegetación registrada luego de la ocurrencia de fuego.
- En algunos medios se afirmó que el 75% de los incendios ocurrieron en bosques cuyo uso está regulado por la Ley de Bosques, pero esos valores no se sustentan con datos del propio informe y reflejan una incongruencia metodológica.
El documento
El planteo, en un extenso documento firmado (en orden alfabético) por Juan Argañaraz, Dahiana Argibay, Carolina Baldini, Laura Bellis, Laura Cavallero, Lucas Enrico, Federico Kopta, Ana Cingolani, Nicolás Mari y Dardo López, detalla sus argumentos con réplicas a la metodología y las conclusiones del informe de las entidades agropecuarias.
Marcan que la información satelital utilizada estimó superficie quemadas en base a focos de calor. “El procedimiento más utilizado actualmente a nivel mundial es la detección de las ‘cicatrices’ o rastros que deja el fuego, luego de su paso, en la cobertura de la tierra. Al eliminar la cobertura del suelo, las
áreas quemadas pueden identificarse fácilmente mediante imágenes satelitales de alta resolución”, que no se usaron en el informe aludido. Explican que los focos de calor “son una herramienta muy importante para detectar incendios activos”, pero no para balances como el planteado por las entidades del agro.
Además, citan que “no se explica cuál fue el procedimiento que utilizaron los autores para validar la estimación de superficies quemadas, si es que realizaron algún tipo de validación” y advierten que “el procedimiento metodológico es erróneo”, detallando los argumentos técnicos de esa objeción.
Cuestionan, asimismo, que el informe aludido mencione que en el arco noroeste los fuegos no suelen ser de origen antrópico (ocasionados por el hombre). “¿En qué información se basan para afirmarlo?”, se preguntan los biólogos e investigadores en su respuesta. Y sostienen que “la afirmación se contradice con los resultados del mismo informe” en otras páginas.
Apuntan que “la aseveración carece de sustento, ya que los autores no estudiaron las causas ni los orígenes de los eventos de fuego”.
Difusión “responsable”
También cuestionan que “la difusión de resultados científicos debe realizarse de manera responsable y en base a información verificada”, citando que una lectura equivocada del informe llevó a generar información errónea en los medios.
“La difusión de esa información es preocupante en una provincia que ya perdió más del 90% de sus bosques a causa del cambio de uso del suelo impulsado por el avance de la frontera agrícola, la urbanización y el desplazamiento de la ganadería hacia ecosistemas naturales localizados en suelos menos productivos, y más susceptibles a degradarse”, citan luego.
“El fuego altera la estructura y funcionalidad de los escasos remanentes de bosque nativo que aún quedan en la provincia. Los incendios en las sierras alteran la dinámica hidrológica de los cursos de agua de los cuales se abastece de agua potable gran parte de los cordobeses. La pérdida de cobertura vegetal causada por los incendios provoca períodos de exceso (inundaciones) y de escasez de agua, al disminuir la capacidad de infiltración y retención de agua en los suelos de las cuencas”, señalan.
“En este sentido, resulta importante, también, recordar las sequías por las que hemos atravesado en los últimos años y que han afectado el suministro de agua en los hogares de numerosas localidades”, expresa luego el documento.
Y prosigue: “Por lo tanto, resulta imprescindible la conservación del bosque nativo como amortiguador de los efectos de las sequías e inundaciones. Es de destacar además que los bosques, una vez que los árboles logran alcanzar un gran tamaño, generan un sotobosque menos inflamable y la incidencia de fuegos en ellos es menor que otro tipo de comunidades vegetales donde los árboles son de menor tamaño y poseen un sotobosque más inflamable asociado a la presencia de pastos”.
El bosque nativo y el fuego
Tras detallar diversos aspectos del impacto del fuego según la cobertura de suelos, aseguran que “en las áreas cubiertas por bosque, la carga de combustible fino es menor, lo que disminuye la probabilidad y/o velocidad de propagación del fuego, facilitando la tarea de bomberos y brigadistas”.
Asimismo, consideran que “es fundamental avanzar en una política provincial y nacional de manejo del fuego, en la cual la planificación de cortafuegos y la prevención de incendios son la base”.
Admiten que en el caso del manejo de los cortafuegos, “el pastoreo puede representar una herramienta efectiva para disminuir la carga de combustible fino”, pero apuntan que “en la mayoría de los casos falta infraestructura para realizar un buen manejo del ganado, destinado a lograr el consumo de la biomasa herbácea seca, más propensa a quemarse, y al mismo tiempo evitar el sobrepastoreo, con el objetivo de no perjudicar a la regeneración de las especies arbóreas que componen el bosque”.
El documento completo puede consultarse en este link.
El grupo de investigadores, docentes y ambientalistas expone finalmente que “es fundamental que la Ley de Bosques reciba el financiamiento en tiempo y forma, para poder implementar efectivamente políticas de manejo y conservación de bosques, entre los cuales se contempla la gestión de incendios forestales”.
