En un esfuerzo por combatir la desinformación en el entorno digital, España ha dado un paso significativo al extender el derecho de rectificación a las plataformas en línea y a los creadores de contenido, especialmente a aquellos influencers con un gran número de seguidores. Esta medida, que forma parte de un plan de acción gubernamental más amplio, busca reforzar la transparencia en los medios de comunicación e internet.
La nueva ley, que se espera sea aprobada por el Parlamento a finales de 2025, obligará a los influencers con más de 100.000 seguidores en una sola plataforma, o 200.000 en varias, a rectificar información falsa o inexacta, al igual que cualquier otro medio de comunicación, publica The Conversation.
Cambios clave de la nueva ley:
- Ampliación de sujetos obligados: Incluye a la prensa digital, plataformas en línea e influencers relevantes.
- Plazos extendidos: El plazo para solicitar la rectificación se amplía de siete a diez días.
- Accesibilidad: Las plataformas deberán tener mecanismos visibles para facilitar el envío de rectificaciones.
- Inclusión: Se incluye a las personas con discapacidad como titulares del derecho y se amplía el círculo familiar que puede ejercer el derecho en nombre del afectado.
El derecho de rectificación, amparado en los artículos 20 y 18 de la Constitución Española, busca proteger la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz, así como la defensa del honor y la propia imagen. Permite a cualquier persona rectificar información falsa o inexacta que pueda causar perjuicio a su reputación.
La ley establece que la rectificación debe publicarse de forma gratuita, íntegra y con una relevancia similar a la información original, sin comentarios ni apostillas por parte del medio. Aunque existen límites, como la imposibilidad de rectificar opiniones, la nueva norma permite incluir valoraciones si son imprescindibles para entender el contexto.
Para asegurar la eficacia de este derecho en el entorno digital, la nueva ley obliga a medios y plataformas a publicar la rectificación junto con la información original, enlazada a esta, y a añadir un aviso que especifique que se está ejerciendo el derecho. El objetivo es que la rectificación alcance a la misma audiencia que tuvo la información inicial.
Esta modernización del derecho de rectificación busca adaptar la legislación al siglo XXI, protegiendo a los ciudadanos de contenidos falsos o inexactos difundidos en internet. Al mismo tiempo, fomenta una mayor responsabilidad de los medios de comunicación, al configurar la rectificación como un instrumento de participación ciudadana que refuerza su credibilidad.
