El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que a nivel nacional el 75,7 por ciento del personal que trabaja en casas particulares no está registrado y por lo tanto no percibe aportes jubilatorios, aportes a una obra social, ni ART.
El dato, que pertenece al segundo trimestre de 2022, confirma una realidad ya conocida para el sector: un altísimo nivel de informalidad laboral que se ha visto afectada también de distintas formas por la pandemia.
En Córdoba el porcentaje es levemente menor: el número es del 67,7 por ciento, siendo la quinta jurisdicción de mayor nivel de formalidad luego de Neuquén (51,3%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52,2%), Tierra del Fuego (54,5%) y Entre Ríos (59,8%), según analizaron desde el Ieral de Fundación Mediterránea.
Santiago del Estero y Jujuy, en cambio, son las que tienen índices más elevados de informalidad: 94,3% y 91,6% respectivamente.
El sector está conformado en un 98 por ciento por mujeres que sufren las consecuencias a futuro de no tener un trabajo registrado. Un informe de la organización Ecofeminista analizó los datos del primer trimestre (que arroja cifras similares) en clave de género, y explicó: “El interés por analizar distintas características de las trabajadoras del servicio doméstico radica principalmente en la magnitud que dicha ocupación presenta, en su estrecho vínculo con la división sexual del trabajo y con la feminización de este sector”.
Políticas ineficaces
La Voz consultó a representantes de los dos gremios del sector en la provincia. Tanto el Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) como la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) coincidieron en que las políticas de Estado para lograr una mayor registración han fracasado.
“El Plan Registradas que salió el año pasado no tuvo el impacto esperado. Falta fomento, inspección y también un cambio cultural. Si te alejás de los grandes centros urbanos la informalidad es mayor”, indicó Valeria Andretich, abogada del Sinpecaf.
En ese sentido, recordó que previo a la pandemia hubo un pico de informalidad del 98 por ciento, y que luego cayó al 60 por ciento, pero porque en la pandemia cayó el empleo también. “Lo que se necesitan son políticas inclusivas, de fiscalización y concientización”, remarcó.
Por su parte, Fernanda Sánchez, de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) analizó el impacto de la pandemia sobre estas trabajadoras. “Hubo mucho despido y recambio, también reducción de horarios. Por otro lado, la pandemia demostró que es un sector esencial, se revalorizó el trabajo, todo el mundo se empezó a desesperar por tener su casa limpia, por cambiar de categoría para que puedan cuidar a niños o personas adultas. Hubo una revalorización del trabajo”, aseguró.
En cuanto a la reconfiguración y reducción de horarios, Sánchez recordó que con el cambio de tareas de la pandemia, cuando creció el home office, mucha gente prescindió de los servicios de cuidado de niños y otros familiares, en parte por poder trabajar desde casa y porque ya no lo pueden sostener económicamente.
Hoy, un sueldo completo de una trabajadora de una casa particular es entre un 20 y un 30 por ciento menor que el de un empleado de comercio. Por ello, para contratar a una persona tiempo completo tiene que haber al menos dos sueldos en el hogar para poder sostenerlo. Según el análisis de Upacp, por un lado se recompuso el salario, pero por otro aumentó la informalidad y el recorte de horas.
“Si acaban de dar un aumento, los empleadores no preguntan por la escala salarial, sino por cómo calcular la indemnización. Tratamos de generar conciencia sobre la formalidad. La mayoría de las empleadas son jefas de familia, crian a sus hijos, están ocupadas en llevar un plato de comida a la casa, y a veces en lo que menos piensan es en estar registradas para la jubilación”, dijo por su lado Ana Altamirano, secretaria general de Sinpecaf.
Por ello, recordó que tienen diferentes mesas de consultas e intentan controlar recibos de sueldo, volantes de pagos electrónicos e informar que hay muchos programas de ayuda que no son incompatibles con la registración como muchas creen.
El ánimo postpandemia
En cuanto a la pandemia y a la crisis económica actual, Altamirano dijo que el estado de ánimo es similar al de la mayoría de las personas. “Con 60 mil pesos mensuales es difícil sostener un hogar y eso genera que trabajen horas de más y sientan un malestar generalizado. En general somos trabajadoras de otros trabajadores, así que si no se equilibra para arriba es difícil sostenerlo”.
Por su parte, Sánchez notó que en Upacp volvieron las consultas por parte de las empleadas por la obra social, las demandas por situaciones de angustia, de agotamiento, por depresión. “Esto repercute también en las relaciones con el empleador. Hay poca tolerancia de ambas partes. Ahora las trabajadoras no están dispuestas a trabajar de más por el mismo valor, se han empoderado”, dijo.
Sánchez indicó que muchas veces hay abuso de alguna de las partes, pero sobre todo del empleador. “Esta es una actividad muy solitaria y de mucha confianza y confidencialidad”, explicó.
Al ser consultada sobre el término “empleada doméstica”, Sánchez fue categórica: “Fue muy discutido a nivel Mercosur y se acordó que es un término correcto porque ‘doméstico’ hace referencia al tipo de trabajo y “empleada” a que es una trabajadora, no es “la que limpia la oficina”, o la que “ayuda en casa”, es una trabajadora más con todos sus derechos”.
