El Ministerio Público Fiscal (MPF) instalará un Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA), para centralizar el ingreso de detenidos en flagrancia en la actual comisaría 13, ubicada en Diagonal Ica al 1000 de barrio Residencial América, de la ciudad de Córdoba.
La decisión sorprendió a los vecinos de Centro América, Residencial América, Talleres Oeste, Ayacucho, y barrios aledaños, quienes creen que la comisaría directamente se cerrará y les preocupa el nuevo destino que tomará.
“Los vecinos no estamos de acuerdo y vamos a continuar con las reuniones para saber qué medidas vamos a adoptar”, dijo a La Voz Nicolás Brizuela, vecino de Ayacucho. Y aseguró que los habitantes del sector sufren continuos hechos de inseguridad y si la comisaría desaparece, entienden, la inseguridad aumentará.
Los vecinos fueron recibidos en la Jefatura policial por el subjefe Marcelo Marín, el director general de Seguridad Capital, comisario General Iván Rey, el secretario de Seguridad Ángel Bevilacqua y el fiscal Raúl Garzón, quienes les informaron que la comisaría continuará funcionando y se reestructurará el trabajo para la instalación del centro de recepción transitoria de detenidos.
Recepción transitoria de presos
Explicaron que en el lugar se radicará el centro de aprehendidos, una instancia de tránsito y no de alojamiento que es una respuesta a ineficiencias e inconvenientes que produce la centralización de los aprehendidos en Tribunales II.
“Este centro transitorio de ninguna manera se constituye como un espacio de alojamiento de detenidos, quienes seguirán siendo trasladados hasta la unidad penitenciaria que corresponda y bajo la supervisión del Servicio Penitenciario”, afirmaron desde el MPF.
Y agregó que las personas oportunamente detenidas “no permanecerán en el lugar por más de 24 horas, y no recibirán visitas de familiares ni allegados”.
Asimismo, esta nueva gestión de los casos permitiría que los móviles policiales se afecten al patrullaje de las calles en forma rápida una vez entregado el procedimiento, reduciendo el tiempo utilizado a este fin, resultando en una eficiente mejora en el sistema actual que concentra todos los procedimientos de la ciudad en Tribunales II.
El funcionamiento implicará una simplificación de la logística: se tramitará el caso, receptándose declaración a los damnificados y testigos de la zona, se hará entrega de los efectos sustraídos si correspondiere, entre otros trámites, “resultando una mejora en el servicio de justicia, ya que los ciudadanos no deberán desplazarse lejos de sus domicilios para los trámites antes señalados”, consigna el informe oficial.
Además, alivianará la tarea al resto de las fiscalías para que no se ocupen de los hechos de flagrancia sino que podrán dedicarse de lleno a investigar las causas más complejas.
En vez de ir hasta Tribunales II, donde está la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (Ufai), la Policía llevará al detenido a la futura nueva unidad judicial que funcionará en la comisaría 13 donde se harán trámites como el control médico, las fotos, el fichaje, entre otros que son de rigor.
Una vez cumplidos estos pasos, los detenidos serán enviados a la UCA o a las cárceles, bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario.
Refuncionalización
Los trámites policiales como exposiciones por extravío, solicitud de certificados varios, entre otros, seguirán funcionando con normalidad en la comisaría. A su vez, la Unidad Judicial dependiente del MPF seguirá receptando las denuncias que ingresen en esa jurisdicción.
Las tareas administrativas internas que no hacen a la atención al público serán centralizadas en otra dependencia, siendo dispuesto ese personal para el fortalecimiento de tareas de patrullaje preventivo en calle. Se informó, además, que el móvil dispuesto de manera permanente en el lugar continuará con sus tareas habituales.
Un antecedente
Un antecedente parecido al de la comisaría 13, también impulsado por el MPF, fue la frustrada construcción de un edificio destinado a un centro de recepción de detenidos, al lado del hospital Materno Neonatal.
Por la protesta de los vecinos de La France, Alto Verde, Las Magnolias, Poeta Lugones y Centenario, la obra de más de mil metros cubiertos que estaba destinada a alojar a 100 detenidos quedó paralizada y hoy tiene otro destino.
La obra se construía sobre calle Cardeñosa al 2900 en barrio La France por la contratista Cova SA y tenía un plazo de 210 días para ser culminada, con un costo total de $ 779.176.148.
En ese entonces, el proyecto surgió a raíz del reordenamiento territorial del trabajo de los fiscales de instrucción, las Unidades Judiciales y el Ministerio Público Fiscal.
Protesta de vecinos
Apenas los vecinos se enteraron de un posible cierre, antes de ser recibidos en Jefatura por las autoridades, realizaron una protesta en defensa de la comisaría que consideran parte de sus vidas, ya que está instalada en el barrio Residencial América desde la década del ‘60. Y son muchas las familias que entonces hicieron aportes económicos para que se instale en el lugar.
En la reunión, las autoridades les confirmaron a los vecinos la presencia de la guardia y del móvil policial, y una mayor presencia policial en las calles. Además, el edificio se reestructurará para convertirlo en centro de detención, pero no desaparecerá como comisaría.
Los habitantes del sector tienen temor de perder la comisaría por la constante inseguridad que viven a diario y piensan que si la sacan quedarían desprotegidos.
“Era una seccional que medianamente nos daba algo de seguridad. No toda porque tenemos un foco de delincuencia. Nos sacan y van a poner un centro de detención transitoria”, expresó un vecino.
Además, denunciaron que en la zona hay venta de drogas, “las denunciamos y siguen estando”, aseguraron.
Y agregaron que los hechos delictivos son crecientes y se gasta mucho en protección. “Nuestras casas están valladas, con alarmas, enrejados y demás medidas para evitar la inseguridad. Y es plata de nuestros bolsillos”, afirmaron.
