“Hola, quería denunciar que en la ciudad de Córdoba hay dos clínicas que llevan adelante el alquiler de vientres de mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Palabras más, palabras menos, un llamado a la línea 145, en marzo pasado, generó que la Justicia federal de Córdoba pusiera su mirada sobre la gestación por sustitución, una técnica de reproducción humana asistida (TRHA).
Primero, la Justicia federal acudió a los Tribunales de Familia de Córdoba para consultar si había casos que pudieran tener relación con un presunto abuso de la situación de vulnerabilidad de las gestantes: allí recibieron el reporte de 14 casos.
La investigación que llevan adelante los fiscales federales Enrique Senestrari, Carlos Gonella y Alejandra Mangano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), busca establecer si en esos 14 casos –o en alguno de ellos– hubo delito de trata; específicamente, de captación de mujeres vulnerables para ofrecerlas como personas gestantes.
Intentan determinar si tuvieron autonomía de decisión y si no hubo abuso de su situación vulnerable, ya sea desde lo económico o lo psicológico, o bien desde su contexto de vida.
Fuentes del fuero de Familia de la Justicia provincial reconocieron que, aunque ya se estaban generando dudas respecto de ciertos casos y personajes que se repetían, la investigación generó un cimbronazo puertas adentro. “Indudablemente, es un antes y un después”, remarcaron desde esos pasillos donde, frente a cada planteo de una pareja solicitante, se da o no la autorización judicial. Esto puede ocurrir en la previa, durante el embarazo o una vez que el bebé haya nacido.
Vacío legal en el país
En Argentina no existe una legislación específica que establezca cuáles son los límites de la subrogación por sustitución.
El paso por la Justicia es siempre obligatorio para los padres, ya que deben aclarar en lo legal que el niño nacido no es hijo de quien dio a luz. En la mayoría de los casos, tienen el aporte genético de al menos uno de ellos.
Ante la ausencia de legislación sobre el tema, en la Justicia tuvieron que armar sus propios criterios de evaluación de los casos. En cada fallo, también solicitan al Poder Legislativo la urgente necesidad de que se establezcan criterios claros sobre esta situación, a través de una ley.
En 2015, el proyecto original de modificación del Código Civil y Comercial incluía la gestación por sustitución (GPS), pero finalmente esta quedó afuera. La puja con los sectores más conservadores hizo que se cayera el artículo sobre GPS. Pero la tecnología médica y la sociedad siguieron hacia adelante, sin esperar una legislación: hay un principio jurídico que indica que lo que no está prohibido está permitido. Algunas parejas empezaron a animarse, y cada vez fueron más.
¿En qué se basaron en la Justicia de Córdoba para habilitar o no la gestación? En legislación internacional que reconoce el derecho a formar una familia; en el acceso a las técnicas de reproducción asistida (TRHA), y en lo que establecía el anteproyecto de reforma del Código Civil. Allí se establecía que la gestante debía hacerlo en forma altruista. Sin embargo, como la transacción económica no está prohibida, lo que se intentaba determinar en las audiencias era si la persona gestante, más allá de la retribución económica o no, tenía autonomía en su decisión, conocía a lo que se iba a someter, los alcances de esa decisión (desde lo físico y lo mental), y que esa autonomía no estuviera condicionada por ningún factor externo.
Desde que se inició la causa federal, esta mirada se agudizó en los juzgados de Familia, y no sólo en los tribunales, sino que también fue una alerta para abogados litigantes.
Cómo está la causa hoy
La investigación judicial cuestiona 14 solicitudes de autorización de gestión por sustitución que ingresaron a los Tribunales de Familia en los últimos meses.
Algunas fueron aprobadas, otras no y otras se cayeron recientemente, tras la denuncia. Incluso, uno de los casos fue con el bebé ya nacido y ahí ya no hay “gestación” por habilitar o denegar, sino simplemente establecer a nombre de quién irá el niño: se hace una trazabilidad genética, y si coincide con el perfil genético de al menos uno de los padres, se lo anota como tal.
Las presuntas víctimas son 13 mujeres de la ciudad de Córdoba que viven una realidad económica muy difícil.
Durante estas semanas, las fiscalías están tomando declaración testimonial a las parejas solicitantes. Hasta el momento, la Justicia presume que también fueron víctimas.
Los imputados por ahora son nueve: el director médico de Fecundart, José Pérez Alzaa; la secretaría y cuñada del profesional, Paula Liendo; la psicóloga Luciana Anabel Szrank y los abogados Edgar Garibaldi y Romina Vittar; el director médico de Nascentis, César Sánchez Sarmiento; el abogado Nicolás Gigena; la psicóloga María Soledad Expósito y Miguel Ángel Noverto.
La hipótesis de la fiscalía es que los acusados habrían mentido de que había un motivo altruista o que las parejas solicitantes y las mujeres subrogantes tenían una relación de amistad.
“Acá no estamos cuestionando el método de la gestación por sustitución, sino el paso previo: si hubo aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres gestantes”, aclaró Enrique Senestrari a La Voz.
“Uno de los casos es de una mujer muy joven que tiene tres hijos; el último de ellos de un año. Ella no tiene trabajo y su pareja es empleado en una cochera. El equipo técnico disciplinario constató que la presunta víctima tiene una inmadurez y falta de comprensión de la situación”, sostuvo una fuente judicial que prefirió no ser identificada.
Con el avance de la sospecha por trata, algunas voces de los tribunales de Familia reconocieron que, tras la pandemia, comenzaron a advertir un crecimiento de las presentaciones. Advirtieron, sobre todo, una falta de acompañamiento y responsabilidad tras la autorización.
Van 25 en Córdoba
La práctica de que una mujer lleve adelante un embarazo para otra persona o pareja tiene en Córdoba un universo de 25 casos, los cuales requieren de un aval judicial.
En Argentina no hay un registro oficial que informe cuántos bebés nacieron a través de la subrogación.
La mayoría, a nivel nacional, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires (Caba), el único distrito donde las subrogaciones no se judicializaron durante siete años.
En 2017, la Justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar en el marco de un amparo colectivo y se ordenó al Registro Civil que inscriba “provisoriamente” a los nacidos por TRHA a través de la gestación por sustitución. Ese cambio en la registración hizo que aumentaran exponencialmente las inscripciones. Finalmente, meses atrás un tribunal superior revocó la cautelar y en la actualidad hay más de 160 casos bajo la lupa que deberán ser judicializados en Caba.
La situación se “descontroló” en estos siete años en esa ciudad, lugar al que llegaron parejas del exterior y de provincias para poder hacer GPS sin ningún tipo de control judicial.
Algunas fuentes consultadas incluso advirtieron que de no regularse de alguna manera esta situación, Argentina podría ser permeable para una especie de “turismo de fertilidad”: personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, buen sistema de salud y falta de regulación.
Cuando Ucrania, que era conocida por ser el lugar elegido para este tipo de prácticas, entró en guerra, otras regiones comenzaron a ser observados como posibles destinos “accesibles”.
“Alegalidad”
“La falta de ley, ante el innegable potencial económico de las biotecnologías, termina favoreciendo e imponiendo las lógicas del mercado, siempre poco afectas a asegurar y proteger los derechos humanos”, indicó Natalia de la Torre, abogada, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en temas de filiación.
“La mejor respuesta que puede dar el Estado, frente a los lógicos temores de explotación o aprovechamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es regular y controlar”, agregó.
Para la especialista, esta legislación es necesaria porque a partir de la GPS se abren muchas posibilidades y situaciones aún más complejas. “Desde 2013 se han presentado más de 20 proyectos de ley para regular la gestación por sustitución”, recuerda De la Torre.
Hasta ahora, en Latinoamérica la GPS está regulada por leyes en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y en dos estados de México. En Brasil hay una regulación, pero de disposiciones del Consejo Federal de Medicina. En Uruguay, la GPS está limitada para quienes tengan un vínculo de parentesco entre la gestante y los/as progenitores intencionales.
Qué cambia
La investigación por presunta trata de estos 14 casos podría no sólo ser un antes y un después para las clínicas especializadas y para los tribunales de Familia.
Gabriel Tavip, juez de Familia de la ciudad de Córdoba, intervino en el primer caso de GPS en esta provincia y luego en otros dos en los que las gestantes eran familiares o personas muy cercanas a las parejas que pretendían la paternidad. Esos casos no están incluidos dentro de los 14 analizados, pero Tavip sí reconoció que la causa federal marca un alerta a futuro.
Consultado sobre lo que cambia esta investigación, sostuvo que aunque la mirada aguda sobre la gestante siempre estuvo, ahora se profundiza. Y aclaró: “Cuando el equipo interdisciplinario (Catemu) detectó vulnerabilidades de la gestante u otras situaciones que no eran aptas para el proceso, se elaboraron los informes correspondientes y se rechazaron esos casos. No se nos pasaron cosas. No es nuestro rol ver si hay delito, pero creo que puede agudizarse la mirada e incluir un control sobre los informes médicos”.
También coincidió otra fuente judicial: hasta el momento, se confiaba en los informes médicos presentados por las clínicas, que daban cuenta del buen estado de salud de la gestante para llevar a cabo el proceso. Dada esta situación, ahora ya analizan pedir informes médicos para verificar si coincide con los presentados por las partes.
Estas situaciones, enmarcadas en un contexto de alegalidad, son analizadas en reuniones entre distintos magistrados del fuero de Familia.
Por otro lado, este caso llevado a la Justicia también interpeló al ejercicio profesional de abogados y abogadas. Como en toda causa, son quienes tienen que ejercer el primer filtro y tener una mirada sobre a quiénes van a representar y si la gestante está –al menos a priori– en condiciones y con autonomía de voluntad para hacerlo.
Sabrina Kenis, abogada de Familia y docente de la Universidad Católica de Córdoba, indicó: “Según surge de la información periodística, el rol de abogados en esta trama habría sido esencial, lo que es inaceptable, ya que la conducta estaría reñida con la ética profesional, toda vez que nuestro accionar no puede desconocer o estar al margen de los nuevos paradigmas protectorios de las víctimas”.
“No podemos justificar intervenciones profesionales que no se ajusten o respeten un sistema protectorio hacia aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tal como lo indica la Constitución Nacional en su artículo 75″, añadió Kenis.
Para la abogada, hay un robusto abanico de instrumentos internacionales que obligan a la Argentina, cuyo sujeto de protección son los más vulnerables. “No podemos seguir haciéndonos los sorprendidos y mirar para otro lado frente a estas conductas violatorias de mandatos normativos y éticos”, concluyó.
Una discusión urgente y no viciada
La necesidad de legislación parece urgente, aunque también merece un cuidado aparte de que no esté “viciada” por los intereses económicos de quienes lucran con estas intervenciones.
Algunas fuentes cercanas a la causa judicial advirtieron, por ejemplo, que uno de los asesores del actual proyecto que presentó el diputado Juan Brügge en el Congreso es Darío Vezzaro, abogado defensor de uno de los imputados.
Por su parte, en el fuero de Familia, causaron preocupación las declaraciones de uno de los imputados, Nicolás Gigena, en una nota a La Voz en julio de 2023 en la que aseguraba que acudir al control judicial una vez que se realizó la implantación del embrión “funciona como una presión en el tribunal: se debe dictar sentencia antes de que el niño nazca”.
La falta de regulación en la gestación por sustitución en Argentina creó un escenario donde la vulnerabilidad de las gestantes está en el centro del debate.
Mientras se profundiza la investigación sobre posibles casos de trata, las clínicas, tribunales y profesionales del derecho enfrentan una mayor exigencia de control. La necesidad de una legislación clara que proteja los derechos humanos de las partes involucradas es cada vez más evidente, en un contexto donde las biotecnologías avanzan sin esperar normas que definan límites éticos y legales.
